Una investigación de 11 meses llena de debates, etapas y algunos riesgos

El ICIJ convocó en diciembre pasado a periodistas de la nacion a sumarse al proyecto

El primer aviso llegó hace casi once meses. El 16 de diciembre de 2016, la directora adjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), Marina Walker, nos convocó a una comunicación por un sistema similar a Skype, pero más seguro, para anunciarnos que comenzaba a tomar forma “un nuevo proyecto”.

Durante esa conversación, que incluyó a un puñado de colegas más de América latina, nos convocó a un proyecto global, nos dijo que se centraba en Appleby –uno de los tres estudios jurídicos más grandes del mundo para el armado de estructuras societarias offshore–, un segundo proveedor sustancial de este tipo de sociedades, Asiaciti Trust y material de 19 jurisdicciones secretas. Por tanto, los primeros indicios daban que sería más grande que Panamá Papers.

Mendocina, pero radicada desde hace años en Estados Unidos, Walker nos adelantó también que los primeros y muy preliminares análisis mostraban que el material parecía centrarse más en Estados Unidos y en Europa que en América latina, y que no aparecía mucho –casi nada– sobre la Argentina. Pero que consideraba que valía la pena que nos sumáramos igual. Entre otros motivos, porque por primera vez se nos abría una ventana para entender cómo operan jurisdicciones como las islas Caimán, las Seychelles, las Bermudas o Malta.

Al igual que en los anteriores proyectos, Walker también nos dio un plazo para evaluar si nos sumábamos bajo las condiciones que fijaría el ICIJ. Si participábamos, dijo, comenzaríamos a acceder al material, a través de una plataforma encriptada a partir de enero, y debíamos evaluar un posible encuentro grupal en marzo. Con mucha suerte, estimó, acaso podríamos comenzar a publicar en junio o, más probablemente, en octubre de 2017.

Al igual que en las anteriores investigaciones, ciertas pautas del ICIJ se cumplieron sin resquicio alguno en lo que ahora se conoce como Paradise Papers. La primera: la confidencialidad. Y para eso resultó clave que las decenas de colegas que comenzaron a sumarse acataran las pautas de seguridad para compartir la información en una red cerrada similar a Facebook, pero con varios escudos sucesivos de protección.

El siguiente paso fue reunirnos. Al igual que para Panamá Papers, el punto de encuentro fue, a fines de marzo, la sede en Munich del diario Süddeutsche Zeitung, receptor original de la filtración. Y, al igual que en aquella investigación, el cónclave permitió comprender mejor el material, cómo buscar mejor en los documentos y acordar el protocolo de trabajo que, entre otros puntos, permitió consensuar cuánto tiempo antes llamaríamos a cada sujeto investigado para que hiciera su descargo o brindara sus explicaciones y cuándo comenzaríamos a publicar.

¿Por qué tanto debate? Entre otros motivos, porque el material es inmenso, aún mayor que Panamá Papers: unos 13,4 millones de documentos que van de1950 a 2016, en lo que equivale a 1,4 terabytes de información. Y porque comenzamos unos pocos periodistas, pero para Munich ya éramos 130 y para fines del mes pasado llegamos a los 382 profesionales, de 96 medios de comunicación en 67 países.

Para complicar aún más el análisis, el material de Paradise Papers no estaba completo, procesado y subido a esa plataforma encriptada para una búsqueda integral desde el día uno. No. Los millones de documentos se subieron a una base de datos encriptada a medida que se procesaban, por lo que ciertos nombres aparecieron cuando ya llevábamos meses de revisión y, peor aún, ya los habíamos buscado antes. La última tanda de documentos estuvo disponible recién a finales de agosto. Y debimos reiterar nuestras pesquisas, una vez más.

Al marcharnos de Alemania ya se había pautado que el material vería la luz el domingo 29 de octubre o, a más tardar, el siguiente, 5 de noviembre, fecha hasta la cual todo quedaría “embargado”.

¿Qué significa un “embargo” periodístico? Que el material puede ser analizado y prepararse para su publicación, pero que bajo ninguna circunstancia puede publicarse hasta la fecha acordada, ya que se podría entorpecer o frustrar la investigación global, bajo pena de quedar excluido de futuras investigaciones del ICIJ. A esto se suma que su publicación anticipada podría poner en riesgo a colegas en múltiples zonas del planeta. El asesinato en Malta de la colega Daphne Caruana Galizia, madre de un miembro del ICIJ, a mediados del mes pasado, resultó un trágico recordatorio sobre cuán real es ese peligro.

Antes y después de aquel encuentro en Munich, en tanto, el equipo argentino se dedicó a hurgar en los millones de documentos disponibles. Algunos no abarcan más que una carilla, en la que apenas se consigna un nombre en una planilla, en un certificado o en un mail. Otros son un manantial de información. Y esto significa cientos de hits positivos ante la búsqueda de un nombre, que hubo que abrir, ver y entender, uno por uno, manualmente, para descartar la presencia de “falsos positivos”, es decir, homónimos, que los hay y muchos. Y, al igual que con los Panamá Papers, tomará un largo tiempo reconstruir algunas tramas societarias… si es que lo logramos.

El equipo argentino de Paradise Papers abarca a siete profesionales, provenientes de distintos medios: Maia Jastreblansky, Emilia Delfino, Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli, Iván Ruiz, Ricardo Brom y Hugo Alconada Mon. Todos convocados por el ICIJ. Será el propio consorcio el que determinará qué otros colegas argentinos podrán sumarse a este proyecto.