Senado: el oficialismo y el PJ avanzan en la reforma del Ministerio Público
El macrismo buscará obtener dictamen hoy, en acuerdo con el peronismo; fiscales y jueces alertan por la división de poderes
El oficialismo, en alianza con el sector del PJ que lidera Miguel Pichetto, buscará darle dictamen hoy en la Comisión de Justicia del Senado al proyecto que modifica la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de llevar la iniciativa al recinto de la Cámara alta la semana próxima.
El debate promete polémica, ya que la iniciativa se ha convertido en eje de fuertes críticas de fiscales y magistrados de Comodoro Py, que cuestionan el inocultable avance del Poder Ejecutivo sobre el Ministerio Público, un órgano extrapoder, según la Constitución nacional, que consagra el proyecto.
La iniciativa fue presentada el viernes último y lleva la firma del macrista Federico Pinedo, junto a la de los peronistas Pichetto y Rodolfo Urtubey, y del radical Ángel Rozas.
El apuro por avanzar con los cambios en el Ministerio Público Fiscal se explica en el proceso de cambio político que abrió la renuncia, que se hará efectiva el próximo 31 de diciembre, de Alejandra Gils Carbó como procuradora general de la Nación, cargo que ejerce desde 2012.
La idea del oficialismo, compartida por el sector antikirchnerista del PJ de la Cámara alta, es avanzar con los cambios en la Procuración antes de que se inicie el proceso de designación del reemplazante de Gils Carbó y de que se ponga en marcha, posiblemente el año próximo, el nuevo Código Procesal Penal, que otorga más poder a los fiscales en la conducción de causas judiciales.
El proyecto establece severos cambios en el Ministerio Público Fiscal, que van desde la limitación temporal de la duración del mandato del conductor del organismo –en la actualidad tiene estabilidad hasta los 75 años– hasta el sistema de elección y de remoción del procurador.
Entre esos extremos hay una serie de medidas, muchas de ellas mediante cláusulas transitorias, que tienen la inocultable impronta de arrasar con el perfil que a la Procuración General le dio Gils Carbó en sus cinco años al frente del organismo. Mediante este mecanismo se dejarían sin efecto todas las designaciones en las fiscalías especiales que realizó la procuradora.
El proyecto fue cuestionado por la Asociación de Fiscales y Fun- cionarios del Ministerio Público Fiscal (Affun), que se pronunció en defensa de la autonomía funcional y la autarquía financiera de la Procuración, establecida por el artículo 120 de la Constitución.
“El proyecto de reforma de la ley orgánica pretende establecer un método endeble de elección y remoción del procurador general de la Nación que afectará su actuación”, alertó la asociación en un comunicado que lleva la firma de su mesa directiva.
La reforma también mereció la queja del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La propuesta contiene normas inconstitucionales y otras que constituyen un peligro para la división de poderes y amenazan con debilitar la figura del próximo procurador”, sostuvo la entidad, en otro comunicado.
Estos planteos anticipan un áspero debate en la reunión de este mediodía, ya que chocarán de frente con el apuro que Cambiemos y el sector del PJ que lidera Pichetto le quieren imprimir a la iniciativa.
Entre los cambios más significativos figura la limitación a cinco años, extendibles por otros dos más, del mandato del procurador. Además se modifican los procedimientos para su designación y remoción.
Según la iniciativa, ya no será necesario conseguir los dos tercios de los presentes del Senado para nombrar al procurador, sino que alcanzará con la mayoría absoluta del cuerpo, es decir 37 votos positivos.
La misma mayoría en la Cámara alta se establece para la remoción del procurador general, un mecanismo mucho menos exigente que el vigente, que consagra el sistema de juicio político, es decir, con la participación de ambas cámaras legislativas con el voto de los dos tercios, para desplazarlo del cargo.