El pacto fiscal de 1993 acecha a los mandatarios
Si el acuerdo no se prorroga, como quiere el Gobierno, tendrían que eliminar Ingresos Brutos
Casi un cuarto de siglo después, el pacto fiscal vuelve a acechar como un fantasma a los gobernadores.
La vigencia del acuerdo firmado en 1993 por Carlos Menem y los jefes de 16 provincias –el resto adhirió después– fue suspendido varias veces. La última, en 2015.
Pero si, como pretende el Gobierno, esa suspensión no se prorrogara antes de fin de año, el pacto volvería a regir, con una consecuencia directa y letal para las provincias: todas deberían acordar un esquema para eliminar el impuesto a los ingresos brutos y el impuesto a los sellos, cuya recaudación equivale a más del 80 por ciento para varios distritos.
“La Argentina tiene un pacto vigente que va a regir desde el 1º de enero de 2018, a menos que se suspenda su vigencia nuevamente”, deslizó esta semana Nicolás Dujovne en una entrevista emitida por LN+. Enseguida, el ministro de Hacienda añadió que el pacto de 1993 “tiene que ser reemplazado” y admitió que si se lo dejara vigente tal como fue concebido hace 24 años los gobernadores no tardarían en recurrir a la Justicia. Es que el acuerdo prevé la “derogación inmediata” de Ingresos Brutos y del impuesto a los sellos. Cumplir con esa disposición de repente llevaría a la quiebra a la mayoría de las provincias.
Por eso, el Gobierno apuesta a un nuevo pacto que elimine Ingresos Brutos, pero de manera gradual. Ocurre que, más allá de la buena voluntad que la Casa Rosada les manifestó por separado en las últimas semanas, los gobernadores no tienen claro cómo sería la nueva versión del acuerdo fiscal ni cómo compensarían la pérdida de ingresos por la eliminación de Ingresos Brutos. Es una de las preguntas que los caciques provinciales esperan poder responder hoy después de la reunión con Mauricio Macri.
Los gobernadores confían en otra cláusula del pacto de 1993 que para el Gobierno sería imposible de cumplir: la que obliga a la Nación a reducir el IVA del 21 al 18%.
El poder del “fantasma del pacto” se explica también por su convivencia con una batería de temas cruciales para las provincias que dependen de una negociación nada fácil con la Casa Rosada.
La agenda incluye la reforma tributaria, el revalúo fiscal, el impuesto al cheque y cuestiones derivadas del presupuesto, como el reparto de ATN. La lista incluye la ley de responsabilidad fiscal, que limita la capacidad de endeudamiento de las provincias, pero no prevé corset alguno cuando la que se endeuda es la Nación. Esa diferencia enfurece a los gobernadores y no van a dejarla pasar en la negociación con Macri.