Más límites a las libertades anticipadas en la provincia
iniciativa. Un proyecto oficial prevé denegarlas en los casos graves
Con la escena dominada por el asesinato de Abril Bogado, baleada el domingo a la madrugada en La Plata por un ladrón que debía estar en la cárcel cumpliendo una condena, pero gozaba de una excarcelación anticipada, el gobierno bonaerense resolvió avanzar de urgencia en la reforma de la ley de ejecución penal provincial para limitar al máximo la facultad de los jueces de conceder libertades asistidas.
El senador bonaerense Juan Pablo Allan (Cambiemos) presentó ayer en la Legislatura provincial un proyecto que prevé imponer más condiciones que impedirán la excarcelación de delincuentes que hayan cometido crímenes aberrantes. Lo hizo horas antes de que José Edgardo Echegaray se negara a declarar ante la fiscal de La Plata Betina Lacki, acusado del homicidio de Abril, la chica de 12 años a la que le dio un tiro en la frente cuando intentaba abrir por la fuerza el Renault Sandero en el que había llegado, con su familia, a la casa que habitaban, en Ringuelet.
El texto fue en conjunto entre Allan; el ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, y el secretario del área, Adrián Grassi, con la venia de la gobernadora María Eugenia Vidal y del presidente Mauricio Macri. La idea central es acelerar el tratamiento de la reforma a partir del caso de Echegaray, a quien el juez de Ejecución Penal Nº 2 de La Plata excarceló el 6 de julio de 2015, cuando aún le restaban cumplir tres años de sentencia por tentativa de homicidio en ocasión de robo.
Según la propuesta del oficialismo, los jueces de Ejecución Penal no podrán otorgar la libertad asistida a los condenados por delitos que impliquen la muerte, incluso en grado de tentativa. También se establece un límite temporal a la posibilidad de dar el beneficio: medio año antes del cumplimiento de la condena, cuando hoy se puede otorgar seis meses antes de que se cumplan los dos tercios de la sentencia.
Se equipararía así la norma bonaerense con la ley de ejecución penal nacional, reformada en julio pasado tras el femicidio de Micaela García, asesinada en Gualeguay por Sebastián Wagner, un convicto por violación al que el juez entrerriano Carlos Rossi le otorgó la libertad anticipada a pesar de los informes penitenciarios desfavorables. Igual que Villafañe con “Pepito” Echegaray.
Según confiaron a la nacion fuentes del gobierno bonaerense, hay acuerdo político para sancionar la ley, aunque como sólo quedan dos sesiones en la Legislatura, la sanción definitiva podría ser en marzo, a menos que se convoquen a sesiones extraordinarias. “Existe un amplio consenso en las distintas fuerzas políticas para reducir la discrecionalidad y la ideología de los jueces en sus sentencias”, señaló el senador Allan a este diario.
Según el nuevo proyecto, no podrán otorgarse salidas transitorias a aquellos condenados por los siguientes delitos:
Homicidio simple y homicidios agravados. Delitos previstos en los artículos 165 y 166 del Código Penal (homicidio en ocasión de robo y robo agravado por el uso de arma de fuego).
Lesiones gravísimas por alevosía o por violencia de género.
Aborto sin consentimiento, seguido de la muerte de la mujer.
Abandono de personas seguido de la muerte de la víctima.
Delitos contra la integridad sexual.
Privación ilegal de la libertad coactiva, si se causare intencionalmente la muerte. Secuestro extorsivo seguido de muerte. Tortura seguida de muerte. Delitos previstos en los art. 145 bis y ter del Código (trata de personas).
La portación ilegal de armas de fuego de uso civil o de guerra.
Creación de peligro para transportes acuáticos o aéreos que ocasione la muerte de una persona. Y el descarrilamiento de trenes con resultado de muerte.
Piratería seguida de muerte.
El envenenamiento de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales que provoque la muerte.
Casos en que sea aplicable el art. 41 quinquies del CP (terrorismo). Financiamiento del terrorismo.
Delitos previstos en los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace (producción, comercialización y tráfico de drogas, y su organización y financiamiento).
Delitos previstos en los artículos 865, 866 y 867 del Código Aduanero (contrabando agravado cometido por funcionario, con uso de violencia y de drogas).
El proyecto de Allan establece que la libertad asistida no se concederá cuando estos delitos incluidos sean “en grado de tentativa”. Tampoco “a quien registrara antecedentes penales por delitos dolosos contra las personas o con el uso de armas”.
Los condenados por estos delitos no podrán obtener los beneficios de la libertad asistida, prisión discontinua o semidetención, trabajos para la comunidad, semilibertad y salidas a prueba. El “único beneficio que podrán obtener en los últimos seis meses de su condena previos al agotamiento de la pena temporal es el de salidas transitorias, a razón de un día por cada año de prisión o reclusión cumplida en los cuales haya efectivamente trabajado o estudiado”. Para esto, el condenado deberá aprobar las evaluaciones a las que será sometido.