El Gobierno negocia contra reloj con los gobernadores
Los cuestionamientos de las provincias son la baja de Ingresos Brutos, los juicios cruzados y el reparto de recursos públicos
Con el objetivo de poder firmar el acuerdo fiscal mañana, el gobierno de Mauricio Macri avanza contra reloj en reuniones con gobernadores y ministros de Economía provinciales para negociar tres trabas que aún subsisten: la rebaja del impuesto a los ingresos brutos, el reparto de recursos entre la Nación y las provincias, y los juicios cruzados entre todas ellas.
“La preocupación de los gobernadores es que el acuerdo les provoque una reducción de sus recursos y su coparticipación. Les estamos explicando que no habrá ningún recorte para ellas”, dijo a la nacion un alto funcionario oficial.
En Balcarce 50 no estaban seguros de llegar a firmar mañana el acuerdo. “Estamos negociando, escuchando y dialogando con todos”, dijo escuetamente un hombre cercano a los negociadores, los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne.
La Casa Rosada era ayer un desfile de ministros de Economía provinciales. Frigerio y Dujovne recibieron en el despacho del primero al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y también a los ministros de Hacienda de Chaco, Misiones, Santa Fe, Formosa y Río Negro, entre otros.
A todos, Dujovne y Frigerio los reciben en conjunto para mostrar una imagen de equipo. Los dos explicaron por la mañana ante Macri y todo el gabinete las negociaciones. El proyecto de ley de reforma tributaria tiene fuerte acuerdo de la mayoría de los gobernadores, luego de las modificaciones que aceptó la Casa Rosada la semana última: eliminó la suba de impuestos internos al vino y será más gradual en el sector de la electrónica. En cambio, el consenso fiscal tiene más objeciones por parte de las provincias.
“Se está negociando, pero hay un optimismo importante, aunque con cautela, porque es un proyecto de muchos temas que se entrecruzan”, dijo a la nacion un alto funcionario. “Las provincias están haciendo sus números”, agregó. Las discusiones que más resistencia generan son:
*La exigencia del Gobierno de que las provincias reduzcan los impues- tos a ingresos brutos y sellos para bajar la presión tributaria en 2% del PBI en cinco años, o sea, $ 200.000 millones. Los gobernadores creen que perderán recaudación.
*El desistimiento de los juicios cruzados entre la Nación y las provincias. Son 56 juicios por un total de 340.000 millones. Existen reclamos de la Nación a las provincias y viceversa. También entre provincias. Muchos gobernadores plantean que saldrían perdiendo.
*El consenso fiscal por el cual se eliminará el Fondo del Conurbano Bonaerense: todo el impuesto a las ganancias se coparticipará a las provincias y todo el impuesto al cheque financiará a la Anses. Las provincias creen que perderán.
“En Ingresos Brutos, hay que definir cómo se rebaja, el porcentaje y la forma”, dijo un funcionario. No sería uniforme para todas las provincias, sino segmentado. La masa en discusión por juicios cruzados es de $ 340.000 millones. Pero la provincia de Buenos Aires tiene una demanda a la Nación ante la Corte Suprema por $ 400.000 millones. Sólo desistiría de ella si le garantizara $ 65.000 millones en 2019, algo que el Gobierno da por confirmado.
Para llegar a ello, la Casa Rosada les propuso a los gobernadores coparticipar $ 230.000 millones del impuesto a las ganancias, que ahora se distribuye entre el Fondo del Conurbano, la Anses, provincias con necesidades básicas insatisfechas y aportes del Tesoro. A cambio, las provincias perderían $ 33.000 millones del impuesto al cheque y todo lo recaudado de ese gravamen, $ 194.000 millones, iría a la Anses.
El Gobierno asegura que las provincias quedarían sin pérdidas ni ganancias. La única que ganaría sería Buenos Aires. “Estamos compartiendo los números y dando tranquilidad de que ninguno pierde recursos”, dijo un ministro.
La Casa Rosada asegura que los gobernadores están de acuerdo con el cambio de mecanismo de cálculo de los aumentos de las jubilaciones por inflación. Ello ahorraría a la Nación unos $ 60.000 o 70.000 millones, y no 100.000 millones.