Las ramificaciones de un negocio que financió el Estado
Comenzó con los derechos de transmisión del fútbol, pero se expandió hacia otras áreas
En agosto de 2009, cuando se creó, Fútbol para Todos no tenía ni presupuesto ni personal ni cámaras para transmitir los partidos que le había comprado a la AFA por la suma de $ 600 millones anuales, casi tres veces lo que le pagaba Televisión Satelital Codificada ( TSC) hasta ese momento ($ 268 millones).
Casi ocho años después, y hasta que la AFA y el Gobierno decidieron anular el contrato, que regía hasta 2019, Fútbol Para Todos insumió más de $ 10.000 millones.
El principal egreso fueron los derechos de TV, por los que la Jefatura de Gabinete debía pagar mes a mes. Pero hubo otras cajas satélites relacionadas con el fútbol estatizado: la producción de los partidos, la contratación de unidades móviles e incluso los honorarios de algunos periodistas renombrados formaron parte de los gastos en los que incurrió el programa desde su nacimiento y hasta su muerte.
En muchos de esos casos, como el de La Corte, la primera empresa que ingresó al programa, los contratos no llegaron por licitación. Gabriel Mariotto, el primer coordinador del programa, lo confirmó en el Congreso, ante una pregunta del entonces senador radical Gerardo Morales: “Sí, lo hicimos por contratación directa”. La práctica, amparada en la urgencia y la premura para sacar adelante las transmisiones, se transformaría en una costumbre.
La Corte, de hecho, no era una empresa desconocida para el Gobierno. Había llegado de la mano de Miguel Núñez, el vocero de Néstor Kirchner. Sus negocios florecerían: entre 2008 y 2009 su facturación crecería un 217%. Y sus ganancias, un 1035% interanual.
Semejante superávit se explica, en parte, por los $ 13,9 millones que cobró La Corte por su trabajo en Fútbol para Todos. Al 30 de junio de 2015, la productora de los partidos le había facturado al Gobierno casi $ 400 millones. Luego del gasto en derechos televisivos, la producción de los partidos era el segundo ítem que más dinero consumía.
Conforme pasaban los meses, las facturas de servicio de quienes trabajaban en el programa se apilaban en los escritorios de los funcionarios responsables.
Fútbol para Todos tardó en tener su propia oficina en las avenidas Julio Argentino Roca y Belgrano. Para eso, y como un vehículo que sirviera para cobijar a periodistas contratados, nació Farolito International Entertainment, una empresa cuyos dueños en los papeles eran Víctor Tobi ( yerno de Alejandro Romay) y Luis Cella. La habían creado en 2002.
A través de esa empresa cobraron sus sueldos los principales referentes periodísticos del programa, como Marcelo Araujo y Julio Ricardo. Con el tiempo, también lo harían otros, como Marcelo Benedetto o Miguel “Tití” Fernández. Entre 2009 y 2013, Farolito recibió por sus servicios $ 81 millones.
Al contrario de la producción y el trabajo periodístico, centralizados en estas dos empresas, la provisión de unidades móviles para los partidos estuvo más repartida. Así, en los contratos con Fútbol para Todos figuran varias compañías: Recordvisión, Video Cuatro, VTS y Wayson son algunas de ellas.
Un detalle particular emerge de los gastos del programa: hay más de $ 277 millones pagados a una empresa con sede en Holanda: TyC Sports International BV. Era la dueña de los derechos de TV de la Copa América de 2011 y del Mundial de Brasil 2014. Porque Fútbol para Todos, además de comprar los partidos de primera y segunda división, también funcionó como caja para financiar los partidos del seleccionado nacional.