Ofensiva para combatir las prácticas monopólicas
Avanza un proyecto que incorpora la figura del arrepentido en la ley de defensa de la competencia
Una versión de la figura del arrepentido, aplicable desde el año pasado a las causas de corrupción, podría empezar a usarse para que las empresas denuncien casos de cartelización y otras prácticas monopólicas. Así lo determina un dictamen de comisión para modificar la ley de defensa de la competencia, que logró ayer el oficialismo en la Cámara de Diputados.
El llamado “régimen de clemencia”, que prevé la reducción o exen- ción de multas a las empresas que aporten datos para detectar violaciones de la ley, es el dato saliente de la reforma que impulsa el Poder Ejecutivo y que se va a tratar la semana que viene en el recinto de la Cámara baja. La figura ya se aplica en Estados Unidos y en Europa como herramienta central para descubrir casos de cartelización.
Presentado por Mario Negri y Elisa Carrió, el proyecto tiene como eje la creación de un tribunal de defensa de la competencia, con integrantes designados con acuerdo del Senado. “Nuestro gobierno piensa que esto es políticamente central, porque tenemos que darles transparencia a los mercados”, introdujo el oficialista Fernando Sánchez, en el plenario de las comisiones de Defensa del Consumidor, de Comercio, de Legislación Penal y de Presupuesto.
Con cambios de último momento, el oficialismo se aseguró el respaldo del Bloque Justicialista. Aunque presentó un dictamen de minoría, el Frente Renovador daría su apoyo, con lo que Cambiemos tendría la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa y girarla al Senado. En contra se manifestaron el Frente para la Victoria ( FPV) y el Frente de Izquierda ( FIT), que pusieron en duda la voluntad del Gobierno para combatir las prácticas monopólicas.
La objeción planteada por los massistas Liliana Schwindt y Marco Lavagna reside en que no se incluyó una “ley de góndolas”, como se conoce en el sector la regulación de prácticas abusivas en los supermercados. Esteban Greco, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, argumentó ante la prensa que el objetivo del proyecto es aplicar una regulación general, y no dirigirla hacia un solo sector.
Otra modificación importante del proyecto es que se ajusta el monto máximo de las multas, hoy fijado en $ 150 millones. La iniciativa propone llevar esa cifra a $ 3000 millones y establecer una actualización automática por inflación. Además, el proyecto dispone que el control de las fusiones y adquisiciones será ex- ante: deberá requerirse autorización del Gobierno antes de que se concreten.