LA NACION

Altos jefes de la Gendarmerí­a, en la mira como secuaces del ex juez Reynoso

Unos evitaron ser condenados en un reciente juicio gracias a lo que un fiscal definió como una “desastrosa instrucció­n” hecha adrede por el ex magistrado de Orán; otros colaboraba­n en el armado de causas

- Germán de los Santos

El castillo de naipes comenzó a derrumbars­e en torno a la red de complicida­des del ex juez federal Raúl Reynoso, que está siendo juzgado junto a seis abogados y empleados del juzgado de Orán, Salta, como líder de una asociación ilícita que cobraba millonario­s sobornos y dádivas a cambio de beneficiar a narcos en problemas con la ley.

Las cartas que empezaron a caer apuntan a oficiales jefes de la Gendarmerí­a en Salta, sospechoso­s de formar parte del supuesto engranaje de corrupción y connivenci­a con el narcotráfi­co que habría montado Reynoso hace una década en el juzgado que tenía jurisdicci­ón en 700 kilómetros de la frontera “caliente” entre la Argentina y Bolivia.

Semanas atrás fue condenado a 18 años de prisión el gendarme Emanuel Guillermo Mondaca, que el 19 de junio de 2011 cayó con otros integrante­s de su fuerza – beneficiad­os por Reynoso– con una tonelada de cocaína en Aguaray, Salta.

La droga tenía como destino la provincia de Buenos Aires, pero en el reciente juicio el fiscal no logró condenas para el resto de los involucrad­os por “la desastrosa instrucció­n” que de manera intenciona­da – según él– llevó adelante Reynoso.

Se investiga, además, la posible adulteraci­ón de la droga que era incinerada tras los secuestros en los operativos. Un testigo oriundo de Yrigoyen, localidad ubicada a unos 15 kilómetros de Orán, denunció esas maniobras en el Juzgado Federal N º 1 de Salta, a cargo de Julio Bavio. En su investigac­ión detectó que nunca se hacían los narcotests – como prevé el protocolo– para confirmar el grado de pureza de la cocaína que se debía incinerar.

A este caso se suma otra investigac­ión que avanza en la justicia federal y que tiene en la mira a los comandante­s Ricardo Daniel Castillo y Fabio Waldo Benegas, al suboficial Sergio Nicolás Guaymas y a Reynoso, de los que se sospecha que formaban parte de una “alianza” que actuaba de manera aceitada para el cobro de sobornos.

Estos jefes de la Gendarmerí­a están siendo investigad­os por la Procuració­n de Narcocrimi­nalidad ( Procunar) como parte de un eslabón importante de la organizaci­ón criminal atribuida al ex juez. Habrían participad­o en el armado de causas contra narcos – muchas veces, con pruebas endebles– para que, en una segunda etapa, la judicial, fueran beneficiad­os con fallos a favor a cambio de dinero.

La hipótesis que manejan el fiscal Carlos Amad y el titular de Procunar, Diego Iglesias, es que efectivos de la Gendarmerí­a eran parte del engranaje corrupto que funcionaba de manera “aceitada” en el juzgado federal de Orán, donde se tejían los “arreglos” con los abogados de los acusados de narcotráfi­co.

Los fiscales pretenden investigar el patrimonio de estos jefes de la Gendarmerí­a para verificar si creció de manera desmedida a partir de su actividad en la zona fronteriza.

El abogado David Leiva, que fue el primero que denunció a Reynoso, ya había advertido de la supuesta complicida­d de integrante­s de la Gendarmerí­a con la trama de sobornos montada en el juzgado de Orán. “Uno de los testaferro­s que estaban en esto es Ricardo Daniel Castillo, un comandante principal vinculado a las actuacione­s judiciales de los procedimie­ntos que realiza la Gendarmerí­a”, dijo en el juicio que comenzó el 4 de septiembre pasado en Salta.

Castillo estuvo destinado hace una década en esa zona. Trabajó desde 2008 hasta fines de 2012 en la jefatura de la Unidad Especial de Investigac­iones y Procedimie­ntos Judiciales ( Uesprojud) y luego pasó a ocupar la jefatura del Escuadrón 54 de la Gendarmerí­a en Orán.

En una computador­a de esa dependenci­a se secuestró, el 23 de mayo pasado, un mail que el 16 de septiembre de 2009 le había enviado a Castillo el comandante principal Benegas. “Te adjunto el posible texto de la denuncia que enviaremos por mail para comenzar el trabajo. Evalualo con Reynoso”, decía aquel mensaje, que fue escrito a las 15.14 de ese día y tenía el sugestivo título de “Futuro trabajo”.

En ese mensaje queda cristaliza­do que ambos comandante­s de la Gendarmerí­a armaron una denuncia falsa para comenzar una investigac­ión, en la que se incluía el pedido de una decena de intervenci­ones telefónica­s contra la banda de uno de los narcos más pesados del norte, Claudio Andrada, alias “Gallo”.

La denuncia anónima era falsa, pero contenía datos certeros sobre Andrada, considerad­o un “pez gordo” del narcotráfi­co. Fue presentada el 1 º de octubre de 2009 al juzgado que en ese momento conducía Reynoso. Y el juez ordenó al centro de operacione­s antidrogas de la Gendarmerí­a y luego al suboficial Sergio Nicolás Guaymas investigar a esa banda no sólo en Salta, sino en Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe y Buenos Aires.

El 16 de julio de 2011 la Gendarmerí­a detuvo en Catamarca un camión y secuestró cinco gramos de cocaína. Un mes después, Reynoso dictó la falta de mérito para Carlos Dante Acuña, conductor del vehículo, por la escasa cantidad de droga que había sido incautada.

Pero nueve meses después, el 10 de mayo de 2012, Acuña fue detenido por la Gendarmerí­a con 841 kilos de cocaína. Esta vez, en un control vehicular en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles. El juzgado federal de Mercedes abrió por eso la causa N º 49940/ 12.

Al enterarse, Reynoso ordenó la detención del “Gallo” Andrada, que figuraba en el anónimo “trucho”, y de otros miembros de la banda. Y le pidió al juzgado federal de Mercedes que se excusara de investigar a ese grupo. Como desde esa dependenci­a le pidieron explicacio­nes de por qué se debía enviar el caso a Orán, Reynoso decidió procesar a Acuña por aquel secuestro de los cinco gramos de cocaína en Catamarca.

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El yate secuestrad­o al empresario prófugo, valuado en US$ 50.000

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