¿ Cacería de opositores o persecución de delincuentes?

Nada es más falso que las quejas kirchneristas, destinadas a armar otro cuento de victimización, cuando hablan de la existencia de “presos políticos”

El bloque de diputados del Frente para la Victoria declaró oficialmente que no asistió a la sesión que debatió y votó el desafuero del hoy suspendido diputado Julio De Vido, porque ese reclamo judicial, validado por la Cámara Federal de Apelaciones, era parte de una persecución política orquestada por el Gobierno. Según la bancada kirchnerista, Mauricio Macri manipula a la Justicia con el fin de cazar opositores, violando la Constitución, las leyes y las más elementales reglas de convivencia democrática.

Esas absurdas descripciones apocalípticas tienen un desfase de varios años. Fue precisamente entre 2011 y 2015 cuando arreciaron cacerías y persecuciones gubernamentales contra periodistas, opositores, fiscales y jueces independientes. La innegable capacidad de ciertos sectores para armar relatos y tergiversar la realidad se sustenta precisamente en lograr que la sociedad olvide la verdad de lo ocurrido.

Nada es más falso que las quejas kirchneristas, evidentemente destinadas a armar otro cuento de victimización. Fue esa fracción política la que usó y abusó de la suma del poder público durante más de 12 años.

Si fuese cierta esa supuesta persecución, teatralmente bautizada como “cacería”, habría otros opositores afectados, pero los hechos demuestran que no se trata de un dilema entre oficialismo y oposición, sino entre decencia y delito, y que sólo los jerarcas y cómplices del régimen kirchnerista están seriamente involucrados. Las sobradas pruebas que acumula la Justicia en las numerosas causas que se les han abierto están empezando a generar las primeras consecuencias para quienes creyeron que gozaban de impunidad absoluta y perenne. Falta mucho por avanzar aún, como la megacorrupción desatada por Odebrecht, sólo por dar un ejemplo.

Los casos más notables, como los de De Vido, Amado Boudou, Milagro Sala o José López, entre muchos otros, no son políticos, sino imputaciones de delitos cometidos desde el poder, para beneficio propio. No estamos frente a presos políticos, sino ante políticos presos, como señaló uno de nuestros columnistas.

El kirchnerismo no está siendo ni debe ser nunca tratado por el Poder Judicial con mayor rigor que el que se aplica a personas comunes o al gobierno actual. Si lo fuera, estaría vengándose, en lugar de aplicar debidamente la ley.

Pero tampoco la Justicia debió haber hecho la vista gorda durante tanto tiempo ante el cúmulo de delitos cometidos en los años kirchneristas, o demorado de manera inexplicable el avance de investigaciones ni aparentado que se avanzaba, cuando lo que se hacía era ganar tiempo para que todo siguiera igual.

Esa tardanza ha derivado en la destrucción de pruebas vitales para las investigaciones. No haber avanzado ha impedido, además, recuperar dinero y bienes robados al Estado. Prácticamente nada del inmenso botín conformado por la constante exacción a las arcas públicas, alimentadas por los impuestos de todos los argentinos y sustraído durante más de una década, ha podido ser recuperado. Mientras, los plazos de prescripción siguen transcurriendo, favoreciendo a los delincuentes.

Es responsabilidad de los magistrados tomar urgentes medidas de prueba y de custodia; de otra forma, incurrirían en prevaricato.

Lejos de haber una persecución, aún es poco lo que se avanza, y ha resultado casi nula la aplicación de la ley del arrepentido – en parte, a raíz de sus defectos conceptuales–.

Ningún delincuente siente real temor ante una justicia penal que se mueve con sospechosa lentitud y con la torpeza de un sonámbulo, pese a los ejemplos de sobra que podría emular, tanto de magistrados brasileños como italianos, sólo por citar dos ejemplos.

Casi no existen entre nosotros las tratativas para negociar una pena, por ese mismo sentimiento de impunidad predominante: son muy pocos los que deciden pactar o convenir cuando la experiencia recogida hasta el momento les demuestra que no les hará falta porque, finalmente, no los alcanzará castigo alguno.

Lo que está ocurriendo es que el poco movimiento registrado en el último tiempo en la Justicia, frente a la total inmovilidad de la década pasada, es leído como que las cosas empiezan a adquirir un gran impulso. Apenas un leve avance si lo comparamos con los cientos de ex funcionarios que todavía deben explicar qué hicieron y dejaron de hacer, y cómo es que viven en la superabundancia a pesar de haber desarrollado el grueso de sus vidas como empleados del Estado.

El Poder Judicial argentino, especialmente en el fuero federal penal de la Capital Federal, tiene una inmensa deuda con la sociedad y debe demostrar que cuenta con la voluntad, la capacidad y la aptitud para perseguir, no a tales o cuales políticos cuando pierden el poder, sino a todos los que han saqueado las arcas públicas robando a los ciudadanos no sólo su dinero, sino también su futuro.

La estricta aplicación de las normas vigentes no puede ni debe ser entendida como una cacería o una persecución política: es lo que debemos exigir y lograr para tener un país que, de una vez por todas, se asuma maduro, democrático y apegado a la ley.