Una oportunidad para ser responsables
El gobierno federal y las provincias han logrado un acuerdo cuyos principales puntos se vislumbran como claves para el futuro de las relaciones económicas y fiscales en el país.
Las partes se encontraron ante una gran oportunidad para acordar un paraguas legal, que pudo abarcar las cuatro grandes reformas necesarias para que desde el Estado, en sus distintos niveles, se comience a encaminar a nuestro país en el sendero del desarrollo:
1. Un acuerdo de responsabilidad fiscal para garantizar que la visibilidad de la información fiscal sea una política de Estado.
2. Un acuerdo sobre el reparto de recursos públicos que garantice la sostenibilidad eficiente y equitativa del desequilibrio fiscal vertical en el país. Si bien aún se está lejos de consensuar un nuevo acuerdo de coparticipación, se han dado pasos hacia una mayor simplificación.
3. Una reforma tributaria nacional que disminuya el peso de los impuestos, principalmente el de los más distorsivos ( impuesto al cheque) y que, a la vez, aumente el grado de progresividad.
4. Un cambio en el esquema tributario subnacional. En las provincias, buscando remover gradualmente las distorsiones más importantes del impuesto a los ingresos brutos, mientras se consensúa su sustitución por un impuesto más neutral. A nivel municipal, reconociendo la necesidad de focalizar el financiamiento de los servicios públicos a través de tasas bien cuantificadas.
El contexto provisto por la reforma tributaria indicaba que era necesaria una estrategia de espacio fiscal integrado, que ordene fiscalmente todo el espacio geográfico del país, tanto en materia de gasto público como su financiamiento.
Para alcanzar el acuerdo, cada participante realizó concesiones respecto de la política fiscal, restringiéndose también sus grados de libertad, de cara a los próximos años. La cuantificación de lo que puede haber resignado cada jugador podrá hacerse una vez que se conozcan los detalles específicos del acuerdo, o incluso cuando comience a resultar operativo.
La estrategia elegida debiera tener como objetivo primordial una baja gradual del peso del gasto público consolidado en la economía, que posibilitará sostener una reducción del déficit y de la presión tributaria. Claro que estos últimos objetivos también podrían lograrse recurriendo a un mayor endeudamiento. Pero esto quitaría consistencia y credibilidad.