El Gobierno propone la creación de una corte penal regional
Será para abordar los crímenes transnacionales
El Gobierno presentó ayer una propuesta para crear una corte penal focalizada en crímenes transnacionales y con jurisdicción en toda América latina y el Caribe.
El macrismo dio a conocer ayer el anteproyecto del estatuto de la Corte Penal Latinoamericana ( Copla) en un acto en la Facultad de Derecho de la UBA, donde se describieron los puntos principales de la iniciativa, que comenzará a ser discutida con el resto de los países de la región. Según supo la nacion, ya hubo contactos a nivel ministerial con otros Estados.
Según la propuesta, la Copla tendrá como objetivo “la persecución y el juzgamiento de las cúpulas, jefes u organizadores criminales” que cometan delitos transnacionales que se encuentren tipificados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Si prospera la iniciativa, la corte será complementaria a los sistemas penales de cada país adherente y actuará sobre personas o grupos delictivos en aquellos casos en los que “los sistemas de justicia nacionales no quieran o no puedan juzgarlos”, según el estatuto.
En ese sentido, la Copla tendrá la potestad de dictar penas económicas, confiscatorias o privativas de la libertad. En este último caso, la pena deberá sumarse a aquellas decisiones judiciales preexistentes en el país donde se dé cumplimiento a la medida.
Además, según el proyecto, la pena deberá ser cumplida por el condenado en un país que no sea el de su origen.
Como la iniciativa aún está en una etapa muy preliminar – a pesar de haber estado en elaboración por más de dos años–, aún se desconocen detalles claves como quiénes serán los magistrados que integren la corte. Según el estatuto, cada país deberá elegir a un juez.
Inicialmente estaba prevista en el acto de ayer la participación de los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, pero no asistieron. El acto estuvo a cargo del diputado electo Fernando Iglesias ( Cambiemos), de funcionarios de esos ministerios y de Cancillería. El proyecto cuenta con el apoyo del ex diputado Ricardo Gil Lavedra y del constitucionalista Daniel Sabsay, entre otros.