Defensa de la Competencia le da la razón a Farmacity en su pelea con cámaras del sector y éstas apuntan a Quintana

La comisión imputó a las asociaciones por discriminación a la empresa en un acuerdo con PAMI; las entidades acusan al vicejefe de Gabinete, que negó su intervención; el caso se resolvería en 2018

Farmacity ganó el primer round, pero la pelea promete ser larga. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ( CNDC) acaba de darle la razón, “a primera vista”, en su pulseada contra las principales cámaras farmacéuticas del país. La empresa las había acusado ante ese organismo, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Comercio, por supuestas maniobras concertadas y discriminatorias para excluirla del acuerdo de las farmacias con el PAMI, la obra social de los jubilados, para la venta de medicamentos con descuento a sus afiliados.

Tras reactivar un expediente que estuvo congelado casi cinco años, la CNDC consideró que las pruebas presentadas por Farmacity eran suficientes, cerró la instrucción de sumario y decidió imputar a la Confederación Farmacéutica Argentina ( COFA), a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias ( Facaf) y a la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina ( AFMySRA), dando por acreditadas las conductas denunciadas.

Se trata de un caso de alta sensibilidad política. La denuncia de Farmacity contra las cámaras sectoriales data de 2012 y fue hecha por Mario Quintana, por entonces presidente de la cadena y actual vicejefe de Gabinete, que aún conserva el 3% de las acciones. En 2016, la compañía hizo una presentación adicional por agravamiento del daño. Es por eso que, luego de la notificación a las partes, el 9 de este mes, empezó el contrapunto discursivo para desligar o involucrar al ahora funcionario nacional en un posible conflicto de intereses.

“Resulta acreditada prima facie la existencia de concertación o acuerdo entre COFA, Facaf y AFMySRA, en su carácter de representantes de la mayoría de las farmacias del país ante el PAMI, a los efectos de excluir a Farmacity de la dispensa de medicamentos a los afiliados al PAMI. El acuerdo tiene dos elementos o prácticas complementarias de propósito exclusorio: elevar el monto de bonificaciones que deben efectuar las farmacias de Farmacity a efectos de promover su salida o disuadir su entrada e impedir directamente el ingreso de nuevos locales de Farmacity al sistema PAMI”, dice la CNDC en el expediente, al que accedió la nacion.

“Se hizo una acusación a las cámaras farmacéuticas, que pueden presentar prueba, que habrá que analizar; luego vendrán los alegatos y la resolución del caso. Esto no es el cierre, pero es importante porque se encontraron elementos suficientes para una imputación”, explicaron altas fuentes del organismo que conduce Esteban Greco. “Sobre el precio de venta del medicamento, el afiliado al PAMI paga un porcentaje menor; de esa cobertura luego se ve cuánto le corresponde poner a cada uno de los que participan en todo el proceso. El convenio de PAMI es con las asociaciones sectoriales y en el expendio de remedios son ellas las que definen cuánto se le descuenta a cada farmacia. En el caso de Farmacity, los descuentos son muy superiores al resto [ del 23 al 26,5% versus el 13,5 al 17,35% de los competidores]. Además, la empresa pidió incluir en el acuerdo con PAMI a varios de sus locales y no se lo admitieron”, agregaron.

Por esa diferencia en las comisiones, Farmacity denunció una pérdida económica, a julio de 2016, de $ 166,7 millones, que, según fuentes de la empresa, ascendería a octubre pasado, a valores nominales, a $ 377 millones, que se elevarían a $ 701,7 millones teniendo en cuenta la inflación. “Lo importante es que se prueba que hubo una conducta intimidatoria, un esquema armado para sacarnos del mercado”, celebraron en Farmacity. “Y está probado con información y testimonios que la Comisión recabó de todas las partes, algo que le da más objetividad al proceso de investigación”, interpretaron.

Varios frentes abiertos

En COFA, en cambio, fueron muy críticos con este avance. “Todo lo que iba en un sentido ahora está yendo en el otro; es un caso de tráfico de influencias. No hay otra causa que la influencia de Quintana en el Gobierno. Estaba todo parado y con el cambio de gobierno, en 2016, la empresa volvió a la carga diciendo que se le había agravado la situación, cuando nada cambió, todo estaba igual que antes. Si nos fallan en contra, iremos a la Justicia”, dijo una alta fuente de esa cámara. “Los aportes de las farmacias son según la densidad poblacional y la facturación; las que están alejadas y facturan poco tienen un aporte menor y las que están en centros urbanos y facturan más, uno mayor. Si mañana aparece una empresa que factura lo mismo que Farmacity le pasará lo mismo, no hay discriminación”, dijeron.

En la CNDC, en tanto, niegan cualquier sospecha. “El tema defensa de la competencia estaba muy relegado en el gobierno anterior y había expedientes atrasados. Si acá uno saca quién está y quién dejó de estar, es un caso de libro de texto en el que se siguieron todos los estándares técnicos. No hay conflicto de intereses porque Quintana no intervino para nada”, argumentaron. Ante la consulta de la nacion, en la Jefatura de Gabinete ratificaron la no participación de Quintana en el caso.

Según fuentes oficiales, otro hecho confirmará la objetividad del proceso: la Secretaría de Comercio, por recomendación de la CNDC, rechazaría la medida cautelar pedida por Farmacity hasta tanto el organismo se pronuncie sobre la cuestión de fondo, para tener las mismas condiciones que las otras farmacias en el acuerdo con el PAMI.

La causa se sigue con atención porque no es el único frente abierto por la cadena de farmacias, que cuenta con 300 sucursales y factura $ 5077 millones ( 2016). También se presentó en la CNDC contra las principales cámaras de laboratorios ( Cilfa, Caeme y Cooperala) por cambios en las condiciones de venta y financiación de medicamentos, y actualmente pelea en la Justicia contra las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, en las que tiene restringido el ingreso, y Mendoza, donde no le autorizan la compra de farmacias locales.

Ahora, el organismo otorgó 15 días a las cámaras farmacéuticas para que hagan su descargo y presenten pruebas. Luego, abrirá un período de análisis del caso, que no tiene plazos concretos de finalización, para luego sí emitir el fallo definitivo. Por esa razón, fuentes de la CNDC estimaron que no habrá resolución hasta 2018. Si quedara firme la imputación, el organismo podría recomendar la aplicación de multas a los denunciados y de otras acciones para mejorar el funcionamiento del mercado.