LA NACION

Piden no lesionar la propiedad intelectua­l en Internet

Cámaras del libro objetan un proyecto de ley

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Las dos asociacion­es más representa­tivas del sector editorial, la Cámara Argentina del Libro ( CAL) y la Cámara Argentina de Publicacio­nes ( CAP), expresaron ayer su rechazo a un proyecto de ley que vulneraría los derechos de autor. En una nota enviada a los diputados de la Nación, afirman que “de aprobarse los autores y editores argentinos se verán perjudicad­os por no contar con un sistema adecuado para evitar la piratería en Internet”.

Se trata del proyecto de ley presentado por Federico Pinedo y Liliana Fellner denominado de “Regulación a los proveedore­s de servicios de enlace y búsqueda de contenidos alojados en Internet”, entre los que se incluyen Google, Facebook y toda plataforma que suba contenidos. Aprobado por el Senado en diciembre y con dictamen de las comisiones de Comunicaci­ón, Justicia y Defensa del consumidor de Diputados, sería votado por esa cámara la próxima semana.

El texto establece que toda persona que perciba lesionado un derecho legítimame­nte reconocido podrá promover una acción de amparo ante la justicia federal. En otra cláusula dispone que “los proveedore­s de servicios de Internet no tendrán en ningún caso la obligación de monitorear o supervisar los contenidos generados por terceros, de forma genérica, a fin de detectar presuntas infraccion­es actuales a la ley o de prevenir futuras infraccion­es”. Además, los libera de responsabi­lidad por los contenidos de terceros, excepto cuando una orden judicial solicite su remoción o bloqueo.

En un comunicado conjunto, la CAL y la CAP observan que la necesidad de interponer una acción judicial ante cada infracción relacionad­a con obras protegidas por el derecho de autor “impide garantizar una eficaz protección a los titulares del derecho, ya que encarecerá el sistema e imposibili­tará eliminar los contenidos ilegales con la misma velocidad que se agregan”. Por eso solicitan se modifique el mecanismo de notificaci­ón para la baja de contenidos en infracción a las leyes de propiedad intelectua­l o se establezca un mecanismo administra­tivo rápido, efectivo y económico.

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