Expertos critican el rol de la cárcel como freno al avance de la delincuencia
En opinión de los especialistas, las prisiones en América latina consolidaron el poder de las bandas y no desalentaron a los criminales
El gasto en prevención, la utilidad de las cárceles y la percepción de la inseguridad fueron algunos de los ejes temáticos de las primeras jornadas sobre criminología y seguridad ciudadana en América latina. Académicos de la región y de los Estados Unidos debatieron sobre las políticas públicas que deberían implementarse para reducir el delito, y la mayoría coincidió en que el mejor abordaje desde el Estado es un esquema preventivo, en lugar del, para los especialistas, actual modelo reactivo y punitivo.
“Llenar las cárceles de personas no es útil para la reducción del crimen. Aunque disuaden a los delincuentes individuales, fortalecen las redes criminales colectivas, ya que las « pandillas » usan promesas de protección o castigo dentro de la prisión para influir y organizar la actividad delictiva en la calle”, expresó Benjamin Lessing, especialista en conflictos criminales de la Universidad de Chicago.
Para Lessing, quien ha estudiado en profundidad estos grupos delictivos y los carteles de droga en la región, “las políticas de encarcelamiento masivo tienden a fortalecer las organizaciones pandilleras que, una vez que las tasas de encarcelamiento suben, comienzan a manifestarse violentamente en las calles y a amenazar directamente al Estado”.
También coincidió en este aspecto uno de los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) en la Argentina, Rodrigo Serrano, quien recomendó que hay que considerar alternativas al encarcelamiento, como los tribunales de tratamiento de drogas para infractores no violentos.
“La clave para mejorar la calidad de la seguridad es un gasto público más preventivo, en lugar de reactivo y punitivo”, dijo Serrano.
En el BID generaron un programa para tratar de ayudar a los gobiernos a gastar mejor en políticas públicas de seguridad. “La región hace un esfuerzo fiscal importante, invirtiendo un 2,2% de su PBI en seguridad, pero en gasto per cápita, sólo alcanza la mitad de lo que gastan los países más desarrollados, a pesar de que tenemos un problema mucho más grande de seguridad como región”, continuó Serrano.
Durante las jornadas, que se llevaron a cabo en la sede porteña de la Universidad Nacional de Tres de Febrero ( Untref) en conjunto con el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia ( Celiv), se ubicó en el centro de la discusión el desempeño gubernamental en políticas públicas de seguridad, los efectos de la violencia, el temor al delito en la región y la relación de drogas y violencia en América latina, entre otros temas.
Inversión policial
La principal inversión que hacen los países latinoamericanos es en costo de funcionamiento de las policías, casi un 60% del presupuesto destinado a la seguridad, en promedio. “Aunque en los últimos siete años la inversión en seguridad ha aumentado en la región un 30%, hay una correlación muy débil con una mejoría en los indicadores de victimización y de homicidios”, sostuvo Serrano.
La policía es la cara visible del Estado, sin embargo todos los especialistas coinciden en que menos del 40% de la población latinoamericana cree y confía en las fuerzas de seguridad, comparado con un 60% registrado en Europa y un 70% en los Estados Unidos.
“Claramente no se trata sólo de poner más plata, sino de ver en qué se están gastando los recursos existentes; es más sencillo prevenir un delito que poner en marcha el sistema de justicia criminal. Está demostrado en la región que el 5% del territorio concentra el 50% de los delitos, lo cual hace obvio que el gasto tendría que estar focalizado en ese porcentaje de personas con riesgo de cometer delitos”, sugirió Serrano.
Por su parte, la representante del Instituto Igarapé, Katherine Aguirre, explicó cómo ese centro de estudios usa nuevas tecnologías y big data para generar visualizaciones y mapeos de varios temas relacionados con la seguridad. “Tenemos herramientas de vanguardia como el monitor de homicidios, que es la base de datos más completa de homicidios del mundo, un mapa que muestra cuáles son los flujos del comercio legal de armas entre los países, llamado Mapping Arms Data y un informe muy complejo de ciudades frágiles”, expuso Aguirre. De esta manera tratan de llegar al público y a los medios para generar una concientización y un acceso a la información, que en muchos casos es precaria.
Mientras buscan datos estadísticos concretos del Estado en Igarapé, otros académicos, como Gabriel Kessler, intentan medir la tasa de temor al delito en la región. Una tarea que, según el especialista del Conicet, depende mucho de la manera en la que se hacen las preguntas durante la encuesta. Sin embargo, los resultados en América latina dan un alto y coincidente nivel de temor a la violencia y de victimización.
“En la Argentina la victimización es elevada, pero tenemos una tasa de homicidios relativamente baja; mientras que en países de América Central, como Honduras o El Salvador, las tasas de victimización son más bajas y las de homicidios, más altas”, aseguró.
Algo que Kessler explicó como un fenómeno urbano, ya que estos bajos niveles de victimización se dan en lugares con menos vida de ciudad y por lo tanto nocturna, con menos posibilidades de arrebato, o encuentros violentos entre personas.
Casos exitosos
Algunos académicos hicieron referencia, además, a programas que han funcionado en el pasado para reducir el crimen. Entre ellos figura Cure Violence, una intervención que propone reducir la violencia juvenil relacionada con pandillerismo y armas de fuego. Fue muy exitosa durante la década de los 90 en la ciudad norteamericana de Chicago, y actualmente fue replicada en países latinoamericanos, incluyendo México y Colombia. En este caso se trata la violencia como una enfermedad que se transmite por comportamientos sociales, y la propuesta busca anticipar e interrumpir la violencia a través del cambio de las normas sociales.
Por otro lado, el programa BAM, también en la ciudad de Chicago, propone una tutoría intensiva para adolescentes en riesgo de delinquir usando terapias cognitivas. El resultado es una reducción del 44% en arrestos por delitos violentos.