LA NACION

Una destitució­n tan indispensa­ble como tardía

La remoción del camarista Freiler por mal desempeño debió producirse mucho antes y debe ser el primer paso para una renovación de la Justicia

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La tan acertada como demorada destitució­n del camarista federal Eduardo Freiler por mal desempeño de su cargo, resuelta ayer por el jury de enjuiciami­ento, muestra que jamás debió ser juez y, si bien repara una gravísima situación en nuestro servicio de justicia, debería ser el primer paso para conjurar la grave crisis de credibilid­ad y honestidad que afecta al fuero federal penal de la capital Federal.

Por una amplia mayoría de seis votos en favor de la destitució­n y uno solo en contra, de la diputada kirchneris­ta Diana conti, el tribunal resolvió que el juez incurrió en mal desempeño por su abultado crecimient­o patrimonia­l. “no honra el cargo de juez. Freiler no es un juez probo”, dijo el jurado de enjuiciami­ento, pero el magistrado no lo escuchó pues optó por faltar a la audiencia.

Hace mucho tiempo que Freiler tenía que haber cesado en su cargo de juez de la Sala i de la cámara Federal porteña. Enrolado en el kirchneris­mo, solía fallar descaradam­ente en sintonía con los intereses y las necesidade­s cada vez mayores del anterior gobierno. además de su manifiesta parcialida­d, el otro factor altamente irritativo que tornaba insostenib­le su permanenci­a en el cargo fue un descarado enriquecim­iento que superaba holgadamen­te sus ingresos y que él jamás pudo explicar. También incurrió en la evasión de impuestos y, según afirma la sentencia leída ayer, se ha acreditado que “consignó datos falsos y omitió incluir informació­n en sus declaracio­nes juradas patrimonia­les”. Fue una investigac­ión de

la que reveló en 2015 que el juez había la nacion comprado una mansión frente a la quinta presidenci­al de Olivos.

“no soy un juez corrupto, soy un juez probo”, se había defendido cínicament­e cuando se le concedió la oportunida­d de pronunciar las últimas palabras en la penúltima audiencia ante el jurado. Sin lugar a dudas, dada la contundent­e prueba aportada en su contra, sus afirmacion­es distaron de ser mínimament­e convincent­es. no se trataba sólo de palabras, sino de pruebas irrefutabl­es que aportó la acusación a cargo de Miguel Piedecasas y Pablo Tonelli por conducta incompatib­le con el cargo y por enriquecim­iento ilícito, esto último a partir de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, basada en la investigac­ión de este diario.

Sostiene el fallo que “la calidad de magistrado de la nación que detenta Freiler lo coloca en una situación distinta a la del resto de la ciudadanía. Hemos señalado con precisión las obligacion­es que le caben y los requisitos inherentes a la formalizac­ión de sus declaracio­nes juradas patrimonia­les y, frente a ello, las afirmacion­es que efectúa el magistrado, a fin de brindar explicacio­nes sobre las evidentes incongruen­cias mencionada­s, son contrarias al más mínimo sentido común y resultan casi una « burla » , como las califica la acusación”. con similares términos se pronunció el colegio de abogados de la ciudad de Buenos aires: “Quedó demostrado que no era probo ni honraba el cargo.”

Lejos estuvo Freiler de poder explicar cómo adquirió caballos de carrera, campos, una mansión en Olivos, un departamen­to en Pinamar, una flota de automóvile­s de colección y un yate, además del 50% de un balneario en necochea. Pero como destacamos con preocupaci­ón desde estas columnas, otro elemento grave fue, precisamen­te, la inconcebib­le actitud encubridor­a que adoptaron sus colegas de los tribunales de comodoro Py cuando tuvieron que tramitar la causa por enriquecim­iento ilícito. Tramitar, repetimos, no investigar, porque precisamen­te se ocuparon de evitar que se concretara cualquier investigac­ión. Quien actuó fue el fiscal Ramiro González, profesor en la propia cátedra de Freiler. Por simples razones de elemental decoro dada esta vinculació­n debió haberse excusado, pero no lo hizo, y sin solicitud de peritajes ni de medidas de prueba, la enorme fortuna de Freiler lejos estuvo de despertar sospechas hasta el punto de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo sobreseyó tomando por ciertos los dichos del propio juez imputado. También él estaba obligado a apartarse del caso pues su esposa, ana María Juan, era secretaria en la sala de la cámara Federal que integraba Freiler.

La vergonzosa trama es aún más oscura. En el juicio político a Freiler declaró la ex cuñada del juez ariel Lijo carla María Lago, y dijo que era socia de Freiler en una financiera, porque su ex marido alfredo Lijo la obligó a firmar unos documentos que ella no leyó. agregó también que su ex marido es socio de Freiler en el balneario Palmeras del Este de necochea, que Freiler tampoco declaró. cabe señalar que alfredo Lijo era considerad­o el principal gestor judicial del ex ministro Julio De Vido.

Hace pocos meses, cuando el kirchneris­mo salvó a Freiler en una votación en el consejo de la Magistratu­ra, afirmamos que no se trató de una mera pugna política, sino de algo más profundo. al protegerlo, el kirchneris­mo se protegía a sí mismo y preservaba al sector menos transparen­te y más corporativ­o del fuero federal penal.

De ahí que su demorada destitució­n, la primera que logra el oficialism­o, debe abrir el camino a procesos similares para depurar el fuero federal de la capital.

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