Emergencia rural

Es lógico pensar que las tareas previas a las elecciones del 22 de octubre ocuparon gran parte de las agendas de los funcionarios provinciales y sus colaboradores. Los comicios pasaron y existe una realidad que no admite más dilaciones. Es el tratamiento y sanción de los estados de emergencia y desastre de los partidos afectados por las inundaciones en la provincia de Buenos aires. Existen predios en los partidos de Daireaux, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó y Bolívar que no han podido finalizar la recolección de la cosecha gruesa y, menos aún, trasladarla a “tierra firme” para ser vendida, por falta de caminos. Un lento tratamiento, sanción y posterior promulgación de los decretos correspondientes entorpece la situación financiera de numerosos productores, quienes no pueden vender su magra producción y deben seguir tributando impuestos municipales, provinciales y nacionales, ya que no cuentan con la posibilidad de acogerse a la ley 26.509/ 2009 de emergencia y desastre agropecuario. Por otro lado, el Banco de la Provincia de Buenos aires, en una actitud loable, implementó una línea crediticia de ayuda a los afectados por la inundación a una tasa baja del 9%, con un plazo de cuatro años y un período de gracia de dos años, para que puedan rehacer su capital de trabajo. Pero lamentablemente los productores que tienen sus “carpetas en orden” y quieren acceder al crédito detallado no lo pueden hacer si no cuentan con los certificados de afectación, firmados por las autoridades competentes.

Es hora de ceder con ese incesante afán recaudatorio, recorrer la provincia ( como lo hace la gobernadora), constatar los daños y así decidir en forma expeditiva el otorgamiento de la emergencia o desastre a quienes lo ameriten. Hay una ley que nos ampara. Ser justo, por definición, es cumplir con las ley, entonces cumplamos.

Roberto Agustín Canale Dni 10.929.743