En el Lava Jato argentino sólo pagan los intermediarios

Dicen quienes conocían a Jorge Delhon, el abogado que se mató el martes bajo las vías del ferrocarril Roca luego de haber sido señalado por Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos, como uno de los receptores de coimas en Fútbol para Todos, que ya otra vez había entrado en un pozo depresivo por una situación similar. En aquella oportunidad, luego de leer su nombre en los diarios por la misma acusación, estuvo días sin ir a trabajar.

Delhon no era un político. Había ocupado en 2003 el cargo de vicepresidente del Ente Regulador del Agua, después pasó a conducir el Registro Nacional de Infractores a la ley del deporte y desde allí, dado su amistad con Pablo Paladino, otro de los delatados por Burzaco, saltó a Fútbol para Todos. “Yo estoy metido en la política, soy un tipo del proyecto nacional y popular, pero él no lo pudo soportar”, explicó Paladino a Infobae al día siguiente de la muerte de su amigo.

Burzaco hizo esta declaración en los tribunales de Brooklyn. Así, desde el extranjero, le mostró al establishment argentino las consecuencias de un mecanismo que en Brasil funciona desde hace tiempo y con justicia local: acorralado por una condena inminente y ante la posibilidad de reducirla, el acusado da pistas sobre la trama de la corrupción y facilita el trabajo de los jueces. El testimonio de Alejandro Vandenbroele, que decidió esta semana adherirse a la figura del arrepentido en el caso Ciccone, podría ser la primera experiencia relevante en Comodoro Py.

Pero son hasta ahora ensayos aislados. La Argentina todavía parece lejos de una depuración estructural. Mientras la acumulación de declaraciones y 160 prisiones preventivas hicieron en Brasil implosionar el sistema político y económico, con unas 60 condenas que van desde dueños de empresas hasta líderes de los partidos principales, el Lava Jato argentino no supera el nivel de los intermediarios. Desde el martes, día de la muerte de Delhon, en las empresas da vueltas una pregunta obvia: ¿ él y Paladino pudieron ser tan osados como para quedarse con un soborno de cuatro millones de dólares sin avisar a los responsables del programa?

El testimonio de Burzaco no contesta esa inquietud, pero crea al menos cierta expectativa: si eso fue lo que estaba dispuesto a decir en una causa en la que sólo declara como testigo, ¿ podría dar más nombres en la otra, que lo tiene como imputado? Según contó en este diario Rafael Mathus Ruiz, único periodista argentino que estuvo en la audiencia, cuando el fiscal Samuel Nitze le preguntó si sabía cuál era el máximo de sentencia que le podría corresponder, el ex directivo de Torneos dijo “60 años”. Y consultado sobre qué sentencia esperaba contestó: “Espero no ir a la cárcel”.

La prisión es el alma de las grandes limpiezas institucionales. Sérgio Moro, juez emblemático del Lava Jato, la justificaba ya en 2004, diez años antes de esa investi- gación, en un artículo de siete páginas publicado en la revista jurídica SEJ. Ahí, Moro analiza la Italia de los 90. “Las prisiones, las confesiones y la publicidad conferida a las informaciones obtenidas generaron un círculo virtuoso, consistiendo en la única explicación posible de la magnitud de los resultados obtenidos por la operación Mani Pulite”, dice. Una curiosidad: el Mani Pulite provocó diez suicidios en Italia.

No haber tenido una implosión en su sistema político a la brasileña le ahorró a la Argentina una crisis. Pero le resta al mismo tiempo, y a diferencia de su socio del Mercosur, credibilidad a algunas condenas. En Brasil ya nadie discute, ni siquiera los voceros de las empresas, la culpabilidad de pesos pesados de la construcción como Marcelo Odebrecht, Otávio Azevedo ( Andrade Gutiérrez), Ildefonso Colares Filho o Dalton dos Santos Avanci- ni ( Camargo Correa). Se trata, por el contrario, de un desenlace asumido como lógico gracias a la autoridad que tienen allí el Ministerio Público y la Policía Federal, y al carácter abarcador del proceso: tocó a todos, sin excepción.

Pero Comodoro Py tiene desde hace rato el prestigio dañado. Y así, cada detenido aspira a la categoría de preso político. El miércoles Vandenbroele citó a Jorge Brito en su declaración, ¿ cómo separar ese hecho jurídico de una suspicacia: la mala relación que en los últimos años tienen el banquero y Mauricio Macri? En el verano de 2016, luego del respaldo que acababa de darle a Sergio Massa en la campaña, Brito recibió un mensaje sutil del círculo macrista: lo más conveniente era que bajara el perfil. “Ni Brito ni el Banco Macro tienen ningún vínculo con Ciccone”, dicen en el banco, donde de todos modos tendrán que explicar haberle cedido créditos y giros en descubierto y hasta un gerente, Máximo Lanusse, a la ex imprenta.

Si avanza, una investigación sobre el establishment argentino pondrá al Gobierno frente a varias encrucijadas. La más visible incluye la situación judicial de Cristóbal López, con quien Macri arrastra desencuentros ajenos a la política y los negocios. El dueño de Oil ( Grupo Indalo) suele quejarse en privado de que esa falta de empatía acaba de contaminar incluso el mejor vínculo que tenía con Pro, que era Horacio Rodríguez Larreta. La Casa Rosada intentará mostrarse distante de ese conflicto que debe resolver la AFIP. Pero Alberto Abad, jefe del organismo, está al tanto de que al Presidente le caería muy mal que, como acreedor, aprobara la propuesta de López para salir del concurso preventivo. El Gobierno lo explica con dos argumentos: 1) la petrolera no entró en concurso por razones naturales, sino que se quedó con $ 10.000 millones del impuesto a los combustibles que debía trasladarle al fisco; 2) intentó incluso alterar el proceso radicando domicilio en Chubut, maniobra que la Corte Suprema acaba de considerar “fraudulenta”.

Estas son las razones que sobrevuelan cada vez que un gerente de Indalo intenta cobrar en cualquier dependencia los 1200 millones de pesos que el Estado le adeuda a la empresa por demoras en el pago de certificados de obra pública, venta de fueloil a Cammesa y gasoil al Ministerio de Transporte, y pauta oficial. El miércoles, Indalo le hizo al juez una propuesta que incluye venderle sus acciones al fondo OP Investments e incorporar como socia a la petrolera rusa Lukoil. En el documento insiste en que la aprobación de ese plan y el pago de los 1200 millones son vitales para preservar 4000 empleos.

¿ Se expondrá el Gobierno a dejarlos en la calle, aun avalando la salida del concurso como si no hubiera habido delito? ¿ O, por el contrario, esperará a que aparezca un comprador después de la quiebra? ¿ Y si este fuera afín a la Casa Rosada? Son dilemas con los que Macri deberá convivir. Su condición de empresario lo dejará siempre en posiciones incómodas. Es probable que muchas veces tenga que sobreactuar para demostrar que en la Argentina se terminó el capitalismo de amigos, ese elenco estable en el que cada tanto, a lo sumo, paga un intermediario.