Carrió rechazará cambios en glaciares
Avisó que no avalará la modificación de la ley que busca Macri
Dos días después de que rela nacion velara la intención de la Casa Rosada de modificar la ley de glaciares para favorecer la actividad minera, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió públicamente su rechazo. La diputada y cofundadora de Cambiemos apeló a Twitter para dar a conocer una carta firmada junto a la legisladora bonaerense electa Maricel Etchecoin Moro y dirigida específicamente al secretario de Minería, Daniel Meilán. Un modo de acotar la tensión dentro de la estructura del oficialismo y evitar un contrapunto público con el presidente Mauricio Macri, quien avala los cambios en la legislación ambiental.
“Las iniciativas que usted propone como secretario de Minería implican rupturas de acuerdos básicos de Cambiemos. no cejaremos en la defensa de estos derechos y valores básicos. Es por esto que lo notificamos que una propuesta legislativa de estas características tendrá nuestra oposición y lucha dentro y fuera del Congreso de la nación”.
La ley de glaciares fue inicialmente aprobada en 2008, impulsada por la ex diputada Marta Maffei, para proteger los glaciares y el ambiente periglaciar. La norma, votada con amplio consenso por todas las fuerzas, chocó luego con el veto de la entonces presidenta Cristina Kirchner.
La oposición insistió con la norma, acompañada por un sector del kirchnerismo que no aceptó la disciplina partidaria. En 2010 se presentaron dos propuestas distintas, de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus, inspiradas en el texto de Maffei. Las partes unificaron un proyecto que fue sancionado en septiembre de ese año.
Pero la ley se reglamentó recién en 2011 y el inventario nacional de Glaciares se demoró primero, se hizo sólo parcialmente luego y en varias cuencas quedó en manos de las mismas provincias que rechazaban la ley nacional, por su dependencia de los ingresos de la minería.
Entre el veto de la ex presidenta y las demoras en la reglamentación posterior las provincias mineras aprovecharon para sancionar leyes que, mientras se presentaban públicamente como destinadas a proteger los glaciares y ambientes periglaciares, terminaron amparando el desarrollo minero en las cuencas que la demorada ley nacional intentaba custodiar.