Echegaray, un hombre clave que calla mucho de lo que sabe
El entonces titular de la AFIP otorgó dos planes al Grupo Indalo por el triple del monto sugerido por los técnicos del organismo
Ricardo Echegaray sabe mucho más de lo que admite en público o cuenta a la Justicia. Calla su rol en el “caso Ciccone”, en su relación con Lázaro Báez y sobre su actuación ante los $ 8000 millones de deuda fiscal que acumularon los empresarios patagónicos Cristóbal López y Fabián de Sousa, según reconstruyó la nacion sobre la base de múltiples testimonios y documentos oficiales durante los últimos años.
En el caso de los planes especiales de pago que López y De Sousa obtuvieron de la AFIP, Echegaray fue mucho más lejos de los límites que había trazado “la línea” del organismo tributario. Dos veces. Eso lo llevó a otorgarle, con su sola firma, beneficios excepcionales a los dueños del Grupo Indalo.
¿Cuán discrecional fue la ayuda que Echegaray les otorgó a los empresarios kirchneristas? Los técnicos de la AFIP estimaron que podían acceder a planes por $ 694 millones, pero él elevó la cifra hasta los $ 2215 millones.
La primera ayuda comenzó a gestarse a mediados de 2013, cuando la Regional Palermo de la AFIP completó sus cálculos y planteó que sí era posible otorgar un plan de pagos para que la petrolera de López y De Sousa, Oil Combustibles, regularizara su situación tributaria.
El 24 de julio de aquel año, los técnicos de esa regional elevaron sus conclusiones a la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la AFIP. Le informaron que podía otorgarse un plan excepcional por $ 350 millones a la petrolera, con fecha de corte fijada en junio.
La respuesta de Echegaray, sin embargo, recién llegó cuatro meses y medio después. El 9 de diciembre, el titular de la AFIP aprobó el otorgamiento de un plan, pero más amplio en lo temporal y más elevado en su monto. Lo cifró en $ 980 millones y abarcó hasta noviembre de ese año.
No sólo eso. Al otorgarle el primer plan “del artículo 32”, el penúltimo párrafo de la resolución que firmó Echegaray fue por demás tajante: “El no cumplimiento de estas condiciones [de garantías y de pago] implicará la caducidad automática del plan a otorgarse”.
Sospechas de contubernio
Apenas cuatro meses después, sin embargo, López y De Sousa solicitaron el beneficio excepcional de otro plan “del artículo 32”, es decir, un plan de regularización que depende de la sola y discrecional firma del titular de la AFIP. Tan discrecional que su antecesor y sucesor, Alberto Abad, siempre se negó a otorgar siquiera uno para evitar cualquier sospecha de contubernio.
En ese segundo plan, los empresarios patagónicos pidieron que se acumulara la deuda tributaria que habían contraído entre diciembre de 2013 –es decir, el mes mismo en que Echegaray les había dado el primer plan– y febrero de 2014, por un total de $ 344 millones.
Como ocurrió en el primer plan, Echegaray fue más lejos de lo sugerido por los técnicos de la AFIP o incluso lo solicitado por los deudores. Les otorgó a López y De Sousa un plan excepcional por $ 1235 millones que llegó hasta mayo de 2014, en vez de marzo.
En todo ese proceso, sin embargo, Echegaray no actuó en absoluta soledad. Así como su entonces jefe de asesores, Rafael Resnick Brenner, asumió un rol protagónico en el “caso Ciccone” –y afronta ahora el juicio oral junto a Amado Boudou–, el entonces subdirector general de Coordinación Técnico-Institucional, Guillermo Michel, quien estampó su firma en las resoluciones decisivas para ambos planes.
Pero no sólo Michel favoreció a López y De Sousa. También el entonces titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Ángel Toninelli, fue determinante en la actuación de la AFIP con Báez y López.
Tanto Toninelli como su hijo, Federico Toninelli, quedaron bajo la lupa de la Justicia por sus relaciones con los Báez. El padre, por cómo operó dentro de la AFIP, y el hijo, por su asesoramiento al presunto testaferro de la familia Kirchner, con quien voló en su avión privado.
Ante la multimillonaria deuda fiscal que acumularon López y De Sousa, en tanto, el entonces director de la DGI firmó una nota en la que abogó por el otorgamiento de un plan excepcional “del artículo 32”, pero para su Inversora M&S SA y otras empresas de López y De Sousa –no solo de su petrolera–, aun cuando esas empresas no estaban por entonces organizadas como grupo económico ni presentaban balances consolidados. ¿Cómo supo Toninelli qué empresas integraban el holding de López y De Sousa?