Confirma el Incucai que disminuye en el país la negación a donar órganos Entre lo posible y lo real

Así lo indican los registros de ese organismo en los últimos 10 años; las campañas a favor de expresar la voluntad de ayudar, incluida la trascendencia del caso Justina, promueven las respuestas positivas

Justina Lo Cane, la adolescente de 12 años que esperaba un trasplante de corazón, murió ayer. Su “activismo” en los últimos meses a través de las redes sociales en favor de la donación de órganos coincidió con una campaña pública durante las elecciones legislativas que logró convencer a más de 81.400 argentinos de expresar su voluntad de ser potencial donante.

Pero, también, sirvió para que siguiera disminuyendo algo tan importante como la manifestación de voluntad: la negación a donar ante la muerte de un ser querido. Una radiografía del estado de la donación en el país indica que este año bajó al 42% de los casos esa negativa, ya sea por expresión de la voluntad del paciente en vida o por decisión de los familiares. Hace 10 años ese valor era del 50 por ciento.

“Nuestra ley de trasplante establece el consentimiento presunto. Es decir que toda persona es donante al morir si en vida no expresó lo contrario. Es, en realidad, un consentimiento presunto atenuado porque la ley manda a consultar igual a la familia sobre cuál era la opinión de su familiar sobre la donación”, dice María del Carmen Bacqué, directora del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

Es que aun cuando las condiciones legales están dadas para avanzar en el proceso de procuración, “desde el punto de vista moral, ético, solidario y voluntario de la donación”, dice Bacqué, corresponde que la familia dé el consentimiento. “Cuando hay que decidir, no es fácil para quienes acaban de enterarse de una muerte –agrega–. Por eso, lo mejor no es optar en esa situación. Es una decisión que deberían tomarse con tiempo y en diálogo en las familias para facilitar estos procesos”.

El sistema de donación y trasplante depende de la solidaridad de la población y se activa justamente con la donación. Desde el Incucai insisten una y otra vez en que un donante puede hacerles el bien a ocho pacientes o más que están a la espera de órganos o tejidos. Mientras que en 2007 hubo 51,5% de donantes multiorgánicos (de dos o más órganos sólidos irrigados), en lo que va de este año es del 67,7%.

En cada operativo de procuración participan entre 100 y 150 profesionales de distintas instituciones. Una es el hospital o el sanatorio donde hay un paciente en estado grave. “Generalmente, son enfermedades abruptas e inesperadas que causan una lesión en el cerebro”, define Bacqué. Con una prueba neurológica estandarizada (Escala de Glasgow) se determina el riesgo de que un paciente en estado crítico pueda mejorar o no.

Si la evaluación indica que hay un 30% de posibilidad de sobrevida, se está ante un potencial donante. “Este existe en la medida en que el equipo de salud incorpore que hay que hacer la mejor atención para lograr ese 30% de beneficio –indica–. Si ese 30% que es la vida no se logra, se debe pensar en el mejor morir, es decir, brindar la mejor atención en el final de la vida. Y si cuando todo lo que se hizo por salvarlo es fútil, hay que darle a la familia la posibilidad de ayudar a ocho vidas. Esto es responsabilidad del equipo de salud y es una opción que se debe dar”.

Una vez que se identificó al posible donante, deben darse tres condiciones para que sea real. Primero, hay que confirmar la muerte, certificar que el cerebro dejó de funcionar mediante una evaluación clínica con un método que permita demostrarlo objetivamente.

Según la ley, eso debe hacerlo un neurólogo o un neurocirujano habilitado por un organismo de procuración, ya sea el Incucai o un par provincial. La prueba se debe repetir con un determinado intervalo (seis horas en los adultos y más tiempo en los menores).

Luego, hay que determinar la causa real de la muerte y verificar que no exista alguna contraindicación médica para la donación. Los registros del Incucai señalan que el 20% de los procesos de procuración que se inician no se pueden concretar porque al revisar la historia clínica o los resultados de los análisis de laboratorio del donante revelan, por ejemplo, que hay una infección o un cáncer, que, de continuar, pondría en riesgo al receptor.

Cuando se le comunica a la familia el fallecimiento, debe existir el consentimiento. Recién entonces, la información del donante se carga en un sistema informático para asignar los órganos o los tejidos entre los pacientes en lista de espera nacional. Esa información incluye el grupo sanguíneo, el grupo de histocompatibilidad (determina la diferencia o la similitud inmunológica entre dos personas), los resultados de laboratorio para conocer cómo funciona cada órgano, la antropometría y la edad del donante. Con esto y la causa de muerte, el sistema produce una lista de asignación en orden decreciente y según la prioridad que asigna el equipo de trasplante a cargo del receptor.

Costos

El valor de una operación tan compleja está determinado por el proceso que va desde el diagnóstico de la muerte hasta convertirse en donante efectivo, cirugías de entre cuatro y ocho horas para la ablación y los estudios, incluidos los de anatomía patológica para garantizar la viabilidad del órgano.

Así, la procuración para un trasplante de corazón, hígado o páncreas cuesta $ 30.000; la de pulmón, $ 40.000, o la de riñón y uréter, $ 50.000, por citar algunos ejemplos. Pero ese valor es alrededor de un tercio del costo total del trasplante que factura el Incucai.

“Si el receptor tiene cobertura, es la que paga. Si no, queda a cargo del Incucai y lo que se recupera se distribuye a los organismos de procuración y el centro provincial que proporcionaron el donante para que el sistema se mantenga activo”, dice Bacqué.

“El 85% de los pacientes en lista de espera son renales en diálisis. El valor de ese trasplante equivale a un año de diálisis. Pero al segundo año, el valor de mantenimiento del paciente se reduce a la quinta parte. Por cada paciente trasplantado, el sistema coloca a dos pacientes en diálisis. Si desde el sistema no se atiende esto, podría colapsar el requerimiento de diálisis”, concluye.