Tillerson denunció una “limpieza étnica” en Myanmar
Exigió el respeto de los derechos de la minoría musulmana rohingya
WASHINGTON.– Estados Unidos condenó las “horrendas atrocidades” cometidas contra los rohingyas en Myanmar, al afirmar que constituyen una “limpieza étnica” y que la respuesta del gobierno a la crisis es “vital para determinar el éxito de su transición a una sociedad más democrática”.
Tras varios meses de deliberaciones internas, una investigación oficial y un viaje del secretario de Estado, Rex Tillerson, la semana anterior, a Naypyido, capital de la ex Birmania, el gobierno de Donald Trump puso su influencia del lado de la ONU, otras potencias occidentales y organizaciones de derechos humanos para poner fin a la violencia y proteger y repatriar a los más 600.000 rohingyas que huyeron a Bangladesh.
Tillerson dijo ayer que el gobierno de Myanmar y sus fuerzas de seguridad “deben respetar los derechos humanos de todas las personas dentro de sus fronteras” y hacer responsables a quienes no lo hagan. El canciller dejó en claro que la crisis ha puesto en juego el éxito de la transición democrática iniciada por Myanmar, ungida por el gobierno de Barack Obama, e insistió en que “la prueba clave de cualquier democracia” es cómo trata a sus “poblaciones más vulnerables y marginadas, como la etnia rohingya”.
Tillerson reiteró su condena al ataque contra las fuerzas de seguridad del 25 de agosto por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan, la insurgencia de la minoría musulmana, pero se preocupó por remarcar que “ninguna provocación puede justificar las horrendas atrocidades” que ocurrieron en represalia.
“Estos abusos cometidos por algunos militares birmanos, fuerzas de seguridad y vigilantes locales han causado un tremendo sufrimiento [...]. Está claro que la situación en el norte del estado de Rakhine [hogar de los rohingyas] constituye una limpieza étnica contra los rohingyas”, concluyó Tillerson.
La condena de Estados Unidos abre la puerta para aplicar “sanciones específicas”. En Naypyido, el canciller había descartado la aplicación de penalidades a la economía, pero no así a funcionarios responsables por la violencia.
Los rohingyas han sido históricamente discriminados en Myanmar, un país donde la mayoría de la población practica el budismo. Ya en 2015, miles habían huido del país, un éxodo que creció este año tras los ataques sistemáticos de las fuerzas de seguridad, que las Naciones Unidas también habían calificado como una “limpieza étnica de manual”. El gobierno y el ejército de Myanmar han relativizado las denuncias en su contra al afirmar que todo se trata de una respuesta al ataque de milicias rohingyas del 25 de agosto y que sólo han hecho blanco en los rebeldes.
La líder política de facto del país, Aung San Suu Kyi, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991, también ha evitado una condena directa a la violencia, una postura que, si bien le ha servido para preservar su poder interno, tiñó su prestigio y le valió una amplia condena internacional.