Crece el malestar en la industria del libro y del disco por un proyecto para regular Internet
La llamada “ley Pinedo” busca garantizar la libertad de expresión, pero hay sectores que advierten que vulneraría los derechos de autor
Crece en el sector editorial y discográfico el rechazo a un proyecto de ley impulsado por el Gobierno, que busca regular los servicios de enlace y búsqueda de contenidos en Internet. Una polémica que enfrenta dos principios que están fuera de discusión: los derechos de autor con la libertad de expresión.
“¿Sabés que si se aprueba esta ley tu creación intelectual puede piratearse y venderse impunemente?”, interpela un comunicado de la Fundación El Libro, que desde ayer se plegó al debate, invitando: “Sumate en las redes sociales usando #NoALaLeyPinedo”.
La legislación, largamente esperada, es atribuida al senador oficialista Federico Pinedo, aunque el proyecto en cuestión está firmado por la senadora Liliana Fellner, del Frente para la Victoria, que preside la Comisión de Sistemas de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, y que unifica un proyecto suyo y otro de Pinedo.
El proyecto propone fijar la exención de responsabilidades y de control por parte de los proveedores de servicios de Internet sobre los contenidos generados por terceros. Si alguien –persona física o jurídica– percibe que esos contenidos “lesionan derechos legalmente reconocidos” puede, a través de una acción de amparo ante un juez federal, solicitar que se retire, bloquee, suspenda y/o inhabilite el acceso a los contenidos. La vía judicial para notificar cada infracción del derecho de autor –objetan libreros y editores– impide garantizar una eficaz protección a los titulares del derecho.
Como informó y tal como la nacion lo solicitaron la semana pasada la Cámara Argentina del Libro y la de Publicaciones, ahora la Fundación El Libro pide “enfáticamente” a los diputados que rechacen el proyecto que ya aprobó el Senado. Además de ellas, la Fundación El Libro representa a la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines, Sociedad Argentina de Escritores, Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, Sector de Libros y Revistas de la Cámara Española de Comercio. También se expresaron contrarias la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, que nuclea a los productores de música del país, y el Centro de Administración de Derechos Reprográficos de la Argentina (Cadra).
“Este proyecto está próximo a tratarse en Diputados, y aún no se ha abierto el debate ni se ha dado una discusión real sobre un tema tan importante, para que todos los sectores afectados y actores implicados puedan ser escuchados”, pide Cadra en su página web.
Actualmente en la Cámara baja a la espera de su tratamiento, el proyecto había sido aprobado por el Senado hace un año y, por las comisiones de Informática, Defensoría y Justicia de la Cámara de Diputados, la semana pasada. Según Cadra, la fecha de discusión en Diputados sería el próximo miércoles. Sin embargo, al momento no figura en la programación de la actividad parlamentaria, aunque en estos días los cambios en el temario son constantes, visto el inminente cierre del período ordinario el 30 del actual.
El texto busca “garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, preservando los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen de las personas, y cualquier otro derecho que resulte afectado”. A propósito, uno de los titulares de las cámaras editoriales reacciona: “Se acordaron del derecho de honor y se olvidan de los derechos de autor”.
El colectivo “proveedores de servicios de Internet” al que se alude incluye a los que facilitan el acceso a los contenidos, la interconexión, transmisión, almacenamiento, publicación o comercio electrónico. En otra cláusula se habilita a estos proveedores a “acordar libremente sistemas de autorregulación” que establezcan mecanismos alternativos de notificación, retiro, bloqueo, suspensión y/o inhabilitación de acceso a contenidos que violen sus términos y condiciones de uso.