Una denuncia de 2010 que el kirchnerismo prefirió archivar
Siete años atrás, un diputado radical había advertido sobre denuncias de coimas en la Marina
El kirchnerismo quedó nuevamente en la picota por presuntas irregularidades y cobro de sobornos en la compra de unidades y reparación de la flota de la Armada. En 2010, el radical Miguel Giubergia, por entonces diputado nacional, pidió explicaciones al gobierno de Cristina Kirchner sobre el supuesto cobro de sobornos por 3,5 millones de euros, pagados por las empresas alemanas Hawker y Ferrostaal a funcionarios argentinos en 2006, supuestamente dirigidos a acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras.
Sugestivamente, estas dos firmas fueron las encargadas de reparar el ARA San Juan y en particular las baterías de la nave. Tal como publicó ayer la nacion, Ferrostaal y Hawker aparecen menciona das en una investigación que realizó el Ministerio de Defensa que alertó sobre “irregularidades detectadas” en la órbita de la Armada y “un sinnúmero de maniobras irregulares y tendenciosas que tenían como único fin” la compra de las baterías “a las firmas Ferrostaal y/o Hawker, de manera indistinta como único proveedor solvente”.
En su pedido de informes de 2010, Giubergia ya advertía sobre las irregularidades en las contrataciones que se habían realizado para reparar las baterías de la flota de submarinos. Sin embargo, el bloque del FPV rechazó la iniciativa.
En ella, el legislador solicitaba la siguiente información:
Detalles sobre la modalidad de contratación entre la Armada y la empresa Hawker GMBH por la reparación de baterías del submarino ARA San Juan. La operación costó al Estado argentino 5,1 millones de euros.
Modalidad de contratación entre Tandanor y la empresa Marlog Gmbh&co para asistencia técnica en la reparación del San Juan, por 270.000 euros.
“¿Por qué el Ministerio de Defensa (a cargo entonces de Nilda Garré), ante la consulta de cuál es el proyecto de incorporación de embarcaciones y submarinos vigente desde el año 2005 hasta la fecha, enumera 17 unidades, si ninguna de las cuales, cinco años después, fue incorporada, está en proceso de construcción ni adquirida hasta la fecha?”, preguntó Giubergia.
El entonces legislador basó su pedido de informes en una investigación judicial realizada en Alemania y girada a la justicia argentina. Allí consta el testimonio de un testigo encubierto, un ex directivo de Ferrostaal. Según la denuncia, Ferrostaal pagó durante el kirchnerismo una comisión de 3,5 millones de euros para acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras en la Argentina. En el proyecto intervinieron la Marina y el Ministerio de Defensa.
En su testimonio, el testigo encubierto indicó que “para gestionar el contrato de licencia se sobornó al abogado de la Armada Osvaldo Parrinella, al que el Ministerio de Defensa le asignó la función de preparar las decisiones del ministerio, especialmente en el área de compras”. “El señor Parrinella –añadió el testigo– recibió un porcentaje de aproximadamente 6% del volumen de la compra. El dinero fue transferido por el imputado a una cuenta de Gustavo Frers (ex presidente de Ferrostaal en la Argentina) y entregado en efectivo a Parrinella. Este, a su vez, después de descontar el porcentaje para él, entregó el dinero del soborno a otros funcionarios con poder de decisión de la Marina, como por ejemplo el almirante Leprón y Palma”.