Constructores reclaman al Gobierno que avance con los planes de viviendas sociales

Estiman que cubrir el déficit en hogares pobres demandaría US$ 56.700 millones

CÓRDOBA.– Los empresarios de la construcción están entusiasmados con el incentivo que representan el crecimiento de los créditos hipotecarios y el aumento de la inversión en obra pública, pero entienden que hay que acelerar la ejecución de planes de viviendas sociales, destinadas a los más vulnerables, al segmento que no puede acceder a financiación.

Marcos Barembaum, presidente de la Cámara de la Construcción delegación Córdoba, enfatiza que los recursos destinados a esos proyectos tienen un “fuerte potencial para crear empleo y ayudar a salir de la pobreza”.

Un trabajo de la consultora Economic Trends para esa cámara, al que accedió la nacion, estima que, a nivel nacional, el déficit de viviendas para hogares pobres equivale a 945.287 unidades nuevas (458.595 para reemplazo de precarias, 167.194 para solucionar situaciones de cohabitación y 319.498 para resolver situaciones de hacinamiento).

La investigación –con proyecciones sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec– estima que, sin incluir el costo de la tierra ni de infraestructura, se necesitarían unos US$ 56.700 millones para resolver el problema. De ese total, el 48,5% corresponde a construcción para eliminar el déficit por unidades precarias. La base son 60 metros cuadrados por vivienda a un costo de US$ 1000 el m2.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, ratificó a la nacion que el tema “se habla” en las distintas reuniones con el ministro Rogelio Frigerio y con funcionarios del área de Vivienda. “Todos reconocemos que hay que trabajar para resolver el problema, pero hay restricciones presupuestarias para el financiamiento”.

Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y presidente de Procrear, confirmó a la nacion que es uno de los ejes de la agenda de la Mesa de la Construcción y que constituyeron otra específica sobre “oferta de vivienda”.

“Es un aspecto que hay que atender –planteó–. Vamos a avanzar con créditos intermedios para financiar a desarrolladores para ese segmento junto con aportes del Estado. Hay entidades listas para salir al mercado”.

Miguel Camps, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), apunta que el segmento de quienes no pueden acceder a financiamiento debe ser atendido por el Estado.

Entiende que en general a los desarrolladores les costaría conseguir recursos para ese tipo de emprendimientos: “Es una posibilidad para que exploten el Estado con constructoras como contratistas”.

Weiss indica que una alternativa es que el dinero que reciben las provincias por el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) –representa un tercio del presupuesto referido a construcción y mejoramientos de viviendas– “no sea usado para atender otros gastos; tiene que destinarse a casas para los más necesitados”.

Kerr enfatizó que esos recursos –que deben emplearse en familias cuyo ingreso no llega a dos salarios mínimos– serán “apalancados con más fondos del Estado; pero es muy importante que se los use mejor”.

Si el Fonavi hubiera aplicado sus recursos a los fines previstos, entre 2012 y 2015 podrían haberse construido 9036 viviendas por año. Por eso, el oficialismo en Diputados impulsa la “intangibilidad” de ese dinero; buscan poner fin a la libre disponibilidad que rige desde 2002.

Más exigencias

Este año los fondos del Fonavi rondarán los $ 13.000 millones (las provincias ya recibieron $ 11.000 millones) y en 2018 sumarán unos $ 18.000 millones; las viviendas que se construyen por ese esquema cuestan alrededor de $ 850.000 (son de 55 m2); las provincias aportan el lote y la infraestructura.

En el pacto fiscal firmado entre la Nación y los gobernadores la semana pasada se establece que las transferencias del Fonavi, “los montos resultantes de la recuperación de las inversiones efectuadas, sus intereses y reajustes” deben destinarse “a financiar la compra y construcción de viviendas, mejoramientos habitacionales, obras de urbanización, infraestructura y servicios” de los hogares más pobres.

Está en marcha –aunque con demoras– el armado de una base única de beneficiarios para todo el país, que apunta a segmentar de manera más eficiente a quién va la ayuda. A esta política se suma la del área de Hábitat, que este año, dijo Kerr, ya ejecutó los $ 9000 millones que tenía asignados para mejoramiento de barrios y espacios públicos en zonas vulnerables.