Es bajo el nivel de denuncias formales de casos en todo el país
Según un informe preliminar, es alta la “cifra negra” de estos hechos
Los ciberdelitos están cada vez más bajo la lupa de las principales fuerzas policiales y de la Justicia. Sin embargo, y aunque se sospecha que el problema, lejos de disminuir, amenaza con aumentar, todavía es muy bajo el nivel de denuncias de casos.
Es lo que se desprende del informe preliminar sobre ciberdelito de 2016. De los datos en crudo del total país se deduce que sigue siendo alta la “cifra oculta” sobre este tipo de conductas. A nivel de la justicia federal no superan el 0,4% del total de casos, y en el ámbito de la justicia porteña ronda el 0,020 por ciento.
Los tipos de delitos mayormente denunciados son la interrupción o el entorpecimiento de comunicaciones (no sólo las mediadas por dispositivos informáticos, telegráficos y telefónicos, sino la imposibilidad de funcionamiento de los sistemas en sí mismos).
En el caso de las justicias porteña y bonaerense, la mayor cantidad de presentaciones se relacionan con el ofrecimiento y la distribución de material vinculado con menores de edad desnudos o representaciones de los chicos por medios informáticos.
En cuanto a las denuncias recibidas por la fiscalía especializada en delitos informáticos de la ciudad de Buenos Aires, la mayor cantidad de denuncias recibidas se relaciona con la producción, financiación, ofrecimiento, comercialización, publicación, facilitación, divulgación o distribución de imágenes sexuales de menores; no así, sin embargo, el acceso o el suministro de material pornográfico a menores de edad, por ejemplo.
Finalmente, en términos de cantidad de imputados, a nivel de la justicia ordinaria la mayoría de las causas relacionadas con delitos informáticos tienen una persona física imputada, mientras que para el caso de los delitos federales hay un imputado cada dos causas en primera instancia. Asimismo, ninguna causa relacionada con figuras de la ley 26.388 (de delitos informáticos) tiene personas jurídicas involucradas como posibles culpables de este tipo de ilícitos.
En este sentido, según los especialistas, en materia de delitos informáticos no se ha avanzado suficientemente en materia legislativa para establecer la responsabilidad legal de empresas o de proveedores de servicios de Internet en las comunicaciones digitales a nivel nacional.