Soterramiento del Sarmiento: piden embargar al primo de Macri por $ 54 millones
El fiscal Picardi solicitó inmovilizar $ 300 millones de ex funcionarios y empresarios por una denuncia de coimas
Para el fiscal federal Franco Picardi no quedan dudas: se pagaron sobornos por el contrato del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento y por eso pidió embargar por $ 300 millones a ex funcionarios y empresarios que participaron de las obras. Entre ellas, Iecsa, que era de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, a quien el fiscal pidió embargar por $ 54 millones. Además, el fiscal solicitó que las obras no se detengan, pero pidió colocar un veedor judicial que asegure que los fondos se apliquen a terminar los trabajos. Entre los ex funcionarios implicados están Ricardo Jaime y José López, ambos presos, y el intermediario Jorge “Corcho” Rodríguez.
Picardi –quien llegó a la fiscalía tras ser funcionario del Ministerio de Justicia durante el kirchnerismo– puso especial énfasis en que no se pretende detener las obras del soterramiento del Sarmiento. Es el primer paso para recuperar el dinero de la corrupción.
El fiscal Picardi pidió las medidas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que debe decidir si las pone en marcha. Sus evidencias son la base de un futuro pedido de procesamiento de los funcionarios y empresarios implicados en la maniobra.
El dictamen enumera las evidencias en las que basa su presunción: la principal es la existencia de la consultora fantasma Caesa, fundada por Manuel Vázquez, jefe de asesores de Ricardo Jaime para cobrar sobornos. “Sociedad pantalla”, como la llama el fiscal, es una empresa sin empleados, con un domicilio que facturó operaciones entre 2005 y 2009 a Iecsa, la empresa que era de Angelo Calcaterra y Comsa, que integraba el consorcio. Estos cheques fueron “un mero montaje utilizado por los intermediarios y testaferros del funcionario Ricardo Jaime para recibir el pago de coimas”, escribió Picardi. Jaime está condenado dos veces y está detenido preso, esperando un megajuicio por múltiples fraudes y enriquecimiento ilícito. Caesa ya fue usada como caja para sobornos en otras causas, entre ellas, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal.
Otra de las evidencias es un detallado informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que analiza en detalle las irregularidades de la licitación y por último las transferencias realizadas por Odebrecht y sus socios descubiertas en la investigación del Lava Jato en Brasil.
Odebrecht ya confesó ante la justicia norteamericana que pagó coimas por 35 millones en la Argentinas entre 2007 y2014. Los pagos se hacían en efectivo y mediante depósitos con intermediarios. Así, entre 2011 y 2014 pagó 2,9 millones de dólares a un intermediario para que les diera la plata a los funcionarios argentinos. Y entre 2011 y 2014 se pagaron otros 500.000 dólares a intermediarios para entregárselos a los funcionarios.
Intermediarios
Mails que obran en la causa entre Mauri Couri Ribero y Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, aluden a sobornos a funcionarios argentinos. Esos pagos se identificaban como “dgi”, dijo el fiscal. El dinero venía de la cuenta de la sociedad offshore Klienfield Services LTD y el beneficiario era Jaime. También se hacían pagos supuestamente a través de Jorge “Corcho” Rodríguez”, escribió el fiscal.
Un testigo de la Unidad Ejecutora del Soterramiento del Sarmiento declaró que el “Corcho” intermediaba entre Odebrecht y los funcionarios de Planificación Federal. En los mensajes de texto que se cruzaron López, el de los bolsos, y otros funcionarios, se menciona al “Corcho” como la persona que podía destrabar la demora de un pago. El fiscal analizó que la obra la ganaron la UTE integrada por Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa. Tras el escándalo, Iecsa se vendió y la obra quedó en manos de su continuadora y de Ghella. Odebrecht vendió su parte. En marzo de 2017, Calcaterra se desprendió de sus acciones en Iecsa y se fue de la obra. Dijo el fiscal que “al tiempo en que poseía la capacidad de tomar decisiones en la empresa ocurrieron las tratativas para la adjudicación del contrato (y) se habrían efectuado las negociaciones en torno al pago de coimas”. Por eso el fiscal propuso embargar en $ 60 millones a Odebrecht, en $ 60 millones a Ghella y en $ 20 millones a Comsa. En lo personal pidió embargos patrimoniales por $ 4,3 millones sobre los bienes de cada uno de los 23 los acusados.