Se frustró la prohibición para los candidatos con condenas
El proyecto procuraba evitar situaciones como la candidatura de Menem, pero los diputados suspendieron la sesión de ayer
Paradojas de la política: mientras los ex presidentes Carlos Menem y Cristina Kirchner juraban sus mandatos como flamantes senadores nacionales, en la Cámara de Diputados está a punto de perder estado parlamentario un dictamen que impide que las personas condenadas por delitos de corrupción puedan ser candidatos a cargos electivos nacionales.
En efecto, esta semana es la última del período ordinario de sesiones del Congreso; ergo, todos los dictámenes aprobados en comisión que no se debatan hasta la cero hora del 1º del mes próximo volverán a fojas cero. Esto afectará a un cúmulo de expedientes, entre ellos este proyecto que, en líneas generales, reglamenta el acceso a cargos públicos de las personas involucradas en delitos de corrupción. La iniciativa, de la diputada Silvia Lospennato (Cambiemos), tuvo dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y logró el apoyo de todos los bloques políticos, salvo de la izquierda y del kirchnerismo, que acusó al oficialismo de violar el principio de inocencia.
El texto figuraba en el temario de la sesión de ayer, la última ordinaria de la Cámara baja; sin embargo, el oficialismo la suspendió por razones de estricta coyuntura: no quería enfrentar la andanada de críticas de la oposición por la muerte del mapuche Rafael Nahuel, ocurrida el sábado pasado durante un operativo de desalojo realizado por la Prefectura en Villa Mascardi.
El proyecto de Lospennato tiene como antecedente el caso del ex presidente Menem, a quien, pese a afrontar dos condenas penales –confirmadas en segunda instancia–, la Corte Suprema autorizó a postularse por tercera vez con- secutiva a senador por La Rioja.
Conocido el fallo, y con vistas a impedir una situación similar a futuro, diputados de Cambiemos impulsaron en septiembre pasado en comisión esta iniciativa, que prohíbe presentarse como candidato a todo aquel que esté condenado por delitos de corrupción, “desde la sentencia condenatoria en primera instancia”. En buen romance, con esta propuesta no habría que esperar a que la Justicia dicte una condena firme para inhabilitar a un candidato acusado de corrupción
“Los procesos judiciales por delitos contra la administración pública se prolongan, en promedio, por más de una década. En consecuencia, el tiempo para que recaiga una condena firme en estas investigaciones choca contra toda noción de proporcionalidad y, sobre todo, se encuentra desfasado de las legítimas expectativas de la ciudadanía”, argumentó Lospennato.
En lo que respecta a la ex presidenta Kirchner, si bien ella no ha sido condenada, sí está procesada en distintas causas judiciales por corrupción. De recibir condena por alguna de ellas, no podrá ser candidata en 2019 si el Congreso finalmente sanciona esta ley.