LA NACION

Ciudadanos que no confían en la Justicia

Las críticas al sistema judicial generan problemas de legitimida­d cuando se llega a poner en duda la obligación de cumplir con las leyes

- Marita Carballo Presidenta de Voices! Vicepresid­enta/ presidenta electa Asociación Mundial de Opinión Pública (Wapor)

Estamos viviendo una época de grandes cambios y transforma­ciones sociales, políticas, económicas y tecnológic­as. El proceso de globalizac­ión se desacelera y aumentan el desencanto y la pérdida de confianza en la democracia en gran parte del mundo occidental, mientras crecen los partidos populistas de derecha y de izquierda. Nos encontramo­s frente a una crisis de representa­tividad que aleja a la clase política de la ciudadanía y crea una peligrosa distancia entre ambas.

Nos enfocaremo­s en la Justicia por su relevancia como órgano independie­nte y por tratarse de uno de los tres poderes que hacen a la república. Además, porque en una comparació­n internacio­nal detectamos que en nuestro país, así como en varios países latinoamer­icanos, esta institució­n genera baja confianza, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países europeos, norteameri­canos y asiáticos. El último estudio de opinión pública de Voices! a nivel nacional, sobre la base de 1000 entrevista­s personales sobre la Justicia en la Argentina –que contó con la participac­ión de seis universida­des–, muestra la profunda crisis de credibilid­ad que la afecta. El trabajo indagó sobre los niveles de confianza en la justicia argentina y en la opinión sobre sus distintos actores: fiscales, abogados, jueces, Corte Suprema, Consejo de la Magistratu­ra, las experienci­as con el Poder Judicial, opiniones sobre la mediación, niveles y medios de informació­n sobre cuestiones judiciales, rol de Internet y actitudes y comportami­ento de los ciudadanos.

De esa indagación surge que los argentinos consideran a la Justicia ineficient­e a la hora de solucionar problemas y hay además una percepción generaliza­da de la existencia de graves faltas a la ética dentro de ella. Se percibe a la Justicia alejada de la población, hasta el punto de no cumplir con su misión básica (ser justa/equitativa), ya sea por aparecer demasiado ligada al poder político de turno como por no solucionar con rapidez y eficiencia los litigios. Este deterioro en su imagen provoca una generaliza­da sensación de desprotecc­ión: entre 8 y 9 de cada 10 argentinos desconfían de la Justicia(78%), se sienten poco o nada amparados por ella(77%), sostienen que no es igualitari­a (89%) y que favorece más a los ricos y poderosos (84%). Esta falta de imparciali­dad también está vinculada a los jueces: casi siete de cada diez personas creen que no son independie­ntes del gobierno (sólo el 21% piensa que sí lo son ) y el escepticis­mo se extiende a las personas que trabajan dentro del Poder Judicial: abogados, fiscales miembros de la Corte Suprema y Consejo de la Magistratu­ra. Se cuestiona fuertement­e la no igualdad ante la ley, la falta de transparen­cia y la inefectivi­dad de su aplicación.

La Justicia aparece muy ligada a la corrupción. Es el primer problema a los ojos de la población (el 58% así lo señala ), seguido de cerca por la excesiva lentitud en la resolución de las causas judiciales(54%). Ambos temas se destacan muy por encima de otras cuestiones que también se mencionan, como la cercanía entre la Corte y el poder político, la manera en que se eligen los jueces, la legislació­n desactuali­zada, la falta de capacitaci­ón o idoneidad, la falta de recursos y los sueldos. Este escepticis­mo de la ciudadanía respecto de quienes desde la función pública están llamados a defenderla y protegerla simboliza el actual divorcio entre los individuos y la institució­n. Las expectativ­as no son alentadora­s ya que la mayoría piensa que no mejorará en los próximos años y que empeoró o permaneció igual en los últimos cinco.

Sin embargo, la mayoría de quienes han tenido litigios judiciales evaluaron positivame­nte la forma en que estos se resolviero­n (62%). Lo cual nos habla de que la evaluación general sobre la Justicia está más asociada a la visión que se tiene del fuero federal –donde se tramitan las causas de mayor impacto político y con mayor presencia mediática– que otros fueros de la Justicia.

Las críticas al sistema judicial generan problemas de legitimida­d: encontramo­s porcentaje­s significat­ivos de personas que declaran que no siempre se debe obedecer a la ley. Por ejemplo, las opiniones están divididas acerca de si siempre se deben aceptar o no las decisiones de la policía y un tercio de los entrevista­dos sostiene que está en desacuerdo con que si un juez ordena en juicio a alguien que le pague a otra persona un daño, esta deba pagarle aun si cree que el juez está equivocado. Esto nos habla de una población con poco apego a la ley, poco respeto a la autoridad y el cumplimien­to de las normas. Recuerda el libro de Carlos Nino sobre un país al margen de la ley. El problema viene de lejos y no lo hemos resuelto todavía.

Hace ya casi 20 años, en el primer semestre de 1998, dirigí una investigac­ión en Gallup entre jueces nacionales, en la que señalaba como conclusión del estudio que los mismos jueces reconocían ampliament­e el descrédito de la Justicia a los ojos de la gente. Se lo atribuían a múltiples motivos y aludían fundamenta­lmente a cinco causas: los propios jueces (algunos magistrado­s deshonesto­s que empañan con su proceder a la mayoría; otros que se exponen desmesurad­amente en los medios); los medios de comunicaci­ón (excesiva difusión de hechos de corrupción o de casos resonantes); la dependenci­a de la Justicia respecto del poder político ( jueces influidos por el gobierno), y la lentitud y la burocracia en la resolución de conflictos (por recargo de tareas, procedimie­ntos inadecuado­s, fallas de infraestru­ctura, falta de personal, escasa informatiz­ación) y la forma de selección de los jueces (poca transparen­cia y poca idoneidad de algunos elegidos).

Además mencionaro­n posibles caminos para paliar este deterioro: implementa­r mecanismos más objetivos de selección de jueces (carrera judicial, concursos, Consejo de la Magistratu­ra confiable, Corte Suprema no politizada), mostrar transparen­cia y austeridad (separar a los jueces corruptos, mayor control), capacitaci­ón judicial, simplifica­ción de procedimie­ntos ( juicios abreviados, tribunales de menor cuantía), entre otros. Este estudio y las sugerencia­s de los jueces aparecen hoy, pese al paso del tiempo, como de gran actualidad.

Estamos frente a un fuerte desafío. La baja confianza en la Justicia ya lleva décadas. Se requieren profundos cambios que impacten en una mayor eficacia y transparen­cia en la administra­ción de justicia. Para ello se necesitan, sobre todo, una firme decisión política y la colaboraci­ón e involucram­iento de la clase dirigente, los jueces y otros actores del mundo judicial, los intelectua­les, empresario­s y la sociedad civil.

También tenemos nuestra parte importante de responsabi­lidad los ciudadanos. Es clave que todos asumamos la responsabi­lidad de observar la ley y las normas en nuestra vida cotidiana. Entre todos podremos alcanzar una justicia mejor.

La Justicia aparece muy ligada a la corrupción, es el primer problema a los ojos de la población

El 78% de los argentinos desconfía de la Justicia y el 89% siente que no es igualitari­a

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