Preocupa en Mendoza la cifra de mujeres presas por drogas
El número de detenidas por causas de estupefacientes creció 160% y ya representan el 40% del total de la población penal femenina en la provincia; varias de ellas son reincidentes
MENDOZA.– Los casos de mujeres vinculadas a la venta de drogas no cesan. En sólo cuatro años la tasa de crecimiento del número de detenidas por infracción a la ley 23.737 superó el 160%. Y según datos oficiales ya representan el 40% de la población penal femenina en esta provincia.
Las “narcopresas” se encuentran alojadas, en su mayoría, en la Unidad Penal III de El Borbollón, Las Heras, –que se encuentra al límite de su capacidad–, y en la Unidad VII Agua de las Avispas, en la localidad montañosa de Cacheuta.
Según datos del Servicio Penitenciario de Mendoza (SPM) a los que accedió la nacion, hay 139 mujeres privadas de la libertad; más de 50 cayeron por venta de drogas. En 2013 había 86 mujeres en prisión y sólo 19 estaban ligadas al narcotráfico.
El grueso de mujeres detenidas por drogas se encuentra en El Borbollón. Pero llama la atención de las autoridades el incremento que se está dando en Agua de las Avispas. “Se han producido muchos ingresos primarios por delitos relacionados con la ley 23.737. Esto quiere decir que es la primera vez que ingresan en el sistema penal. Actualmente, la mitad de las mujeres que se encuentran alojadas en la Unidad VII están por estos delitos relacionados con las drogas”, señaló el director del SPM, Eduardo Orellana. Esta cárcel fue inaugurada en julio de 2016 para alojar mujeres que nunca antes habían tenido problemas con la ley. Actualmente tiene 24 reclusas, de las cuales la mitad está por delitos con drogas.
“Sin dudas que el crecimiento producido en este último año está relacionado con un cambio en las políticas de persecución penal, y eso puede verse claramente en que casi se ha duplicado el número [de reclusas] en poco más de un año”, acotó Orellana.
La mayoría fue detenida por ser parte de redes de venta de marihuana y cocaína. En varios casos entraron en el “narcomenudeo” como forma de ayuda económica y de subsistencia familiar, aun cuando detrás hay un entramado más grande que llega a círculos de mayor poder.
Uno de los casos más resonantes en los últimos años fue el de Sandra Jaquelina Vargas, “la Yaqui”, líder de una organización narco y condenada el año pasado a 15 años de cárcel.
El mes pasado, Casación confirmó la sentencia. Para la justicia federal, esta mujer de 40 años fue la principal responsable de una banda dedicada a la comercialización de drogas y al lavado de dinero; usaba para tales fines a un grupo de adolescentes, conocidos como los “angelitos”, que también actuaban como sicarios, tal como reveló el diario local El Sol en agosto de 2012. Buena parte de su familia también terminó presa.
Peligrosas
Aunque el suyo fue un episodio de repercusión nacional, la lista no se agota en “la Yaqui”. Está Érica Aguilar, que gozaba de la prisión domiciliaria tras una condena de 4 años por comercialización de drogas y volvió a caer a mediados del mes pasado, señalada como líder de una organización de venta de estupefacientes en barrios del oeste de esta capital y en el centro provincial.
En el operativo policial y judicial, en un domicilio vinculado a Aguilar fueron detenidos tres mujeres y otros tantos hombres, acusados de ser dealers de Érica. En el barrio Olivares fueron secuestrados siete ladrillos y 110 “nudos” de marihuana, 900 dosis de cocaína, 110 gramos de cocaína en polvo y más de 300.000 pesos, además de celulares.
También está el caso de Alejandra Sosa, alias “la Puchero”, de 44 años, que el año pasado cayó junto con su hijo de 15, apodado “el Morcilla”, tras un tiroteo en el interior del peligroso barrio Grilli, de Guaymallén, donde proliferan la venta de narcóticos y las disputas por el control del negocio en la zona de Puente de Hierro. Además, la mujer fue acusada de vender armas y de organizar “entraderas” en zonas rurales.
Otra mujer vinculada al mundo narco es “la Chilena” Ruth, de 55 años, que en 2002 fue condenada por venta de drogas y recuperó la libertad en 2015. Sin embargo, en los últimos meses, si bien ella no quedó comprometida tras una serie de operativos, un grupo de familiares suyos cayeron por tenencia y venta de estupefacientes, entre ellos, sus hijos y sus parejas. También está el caso de Sandra Érica Monasterio, acusada de liderar una banda desde la cárcel de El Borbollón y con una red de negocio en la provincia de San Juan.
Así las cosas, del total de mujeres privadas de la libertad en tierra cuyana, casi la mitad cayó por drogas, mientras que el resto lo hizo por robos agravados, homicidios u otros delitos de menor alcance penal.
Una vez más, queda sobre la mesa un negocio ilegal y millonario que no distingue género, en un contexto de colapso de las prisiones y de condiciones de hacinamiento en las que deben vivir las detenidas –que cada vez son más–, lo que genera que muchas de ellas busquen por todos los medios procesales posibles regresar a su hogar. Allí donde el negocio suele volver a golpearles la puerta.