Recuperar la confianza en la Justicia
La sociedad pide consensos y terminar con la confrontación permanente, para atender problemas y construir futuro con bienestar. El acuerdo no puede ser sólo económico. Programas que limiten el déficit fiscal, bajen la inflación, garanticen responsabilidad fiscal, fijen niveles máximos de endeudamiento y disminuyan la pobreza, reformas tributarias, laborales o de inversiones solo serán sustentables si se logra recuperar confianza en las instituciones, especialmente en la Justicia.
Según datos de encuestas encargadas por el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados de Córdoba, un 82% de los encuestados declara tener baja, escasa o nula confianza en la Justicia. Eso dio lugar a un informe de expertos en economía, sociología y derecho que arroja como matriz interpretativa de la desconfianza la desigualdad ante la ley. La percepción está marcada por la impunidad de los delitos del poder, político y económico. Sólo se los castiga cuando los responsables de actos de corrupción perdieron el poder.
La desconfianza de una sociedad en su sistema de justicia se traslada a la ley y a la democracia, y es el mejor abrigo de la violencia y del fanatismo. Es necesario incorporar las instituciones y en particular la Justicia a cualquier intento de acuerdos políticos y sociales básicos.
Lo que revelan aquellas encuestas está corroborado por sólidos informes independientes. El del Centro de Investigación para la Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) de 2009 como el de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) dicen que un juicio por corrupción dura 14 años y tiene un índice de condena del 4%. Los informes anual es de Transparencia Internacional nos colocan entre los tres países de más alta corrupción en América, con muy mala calificación en la comparación mundial. otros informes sobre derechos humanos en el mundo, en el capítulo argentino declaran que la corrupción es la principal violación de la Argentina de los derechos humanos. Management & Fit en su informe 2017 arroja idénticos resultados sobre desconfianza social en la Justicia y muestra el empeoramiento de los índices en los últimos dos años. El 49,2% de la gente no tiene “nada” de confianza en la Justicia, mientras que el 32,9% les tiene “poca confianza” a los jueces. El 15,2% tiene “algo de confianza” y solo un 2,3% tiene “mucha confianza”. Las respuestas son similares cuando se consulta sobre “la Justicia” o sobre “el Poder Judicial”.
El costo económico directo de la corrupción, según el informe del Colegio de Abogados de Córdoba, asciende en 10 años a 20.000 millones de dólares, Y sus costos indirectos, a ocho veces más.
Se impone una ley que integre una reforma del Código Penal con agravantes punitivos para los delitos contra la administración pública. Decomiso anticipado de bienes de la corrupción. Reformulación de la figura del funcionario público, adaptada a estándares internacionales: es el que está “al servicio del Estado” y no sólo designado por el Estado. Mejora de la norma del arrepentido o colaborador eficaz.
También, una reforma del Código Procesal Penal que limite en los procesos por corrupción los derechos del imputado a un solo recurso y consagre la participación procesal de la víctima, que es la sociedad, y su derecho a que se castigue al corrupto y se recupere lo robado. La suspensión inmediata y preventiva del funcionario público procesado por cualquier acto de corrupción, sin afectar el principio de inocencia y condicionado a sentencia judicial definitiva.
La eliminación del privilegio de los jueces de no pagar impuesto a las ganancias. Se trata de buscar ejemplaridad moral; entender las prerrogativas constitucionales no como fueros personales, sino como garantías de imparcialidad e independencia en favor de la ciudadanía. Y mecanismos de revalidación periódica de las condiciones de idoneidad de los magistrados sin que se vea afectada su estabilidad.
No puede ser que en Brasil en tres años haya 130 condenas de empresarios y ministros por actos de corrupción y en la Argentina la única condena firme que se conoce sea la de María Julia Alsogaray. Probados casos de megacorrupción fueron archivados por la justicia argentina o dilatados en el tiempo hasta llevarlos al absurdo. Lázaro Báez hoy está en la cárcel procesado, pero no condenado. Pronto se le podría aplicar el 2x1 y quedaría en libertad para gozar de una fortuna habida ilícitamente.
Según Management, al tope de las instituciones que gozan de mayor confianza social está la educación: universidades y escuelas. Es un buen lugar para empezar.