Peritan a ocho prefectos por el caso Nahuel
La Justicia busca determinar si hubo fuego cruzado
La causa por la muerte de Rafael Nahuel, el joven baleado durante un operativo del Grupo Albatros en la ocupación mapuche de Villa Mascardi, está a la espera de dos instancias claves. Por un lado se aguarda que el juez Gustavo Villanueva ordene la inspección ocular en el predio, una medida sujeta a que se reúnan las condiciones de seguridad, en un contexto donde reina la tensión. Por el otro se esperan peritajes para detectar si ocho uniformados que participaron del operativo y dos mapuches que fueron detenidos tenían rastros de pólvora.
Según pudo conocer la nacion de diversas fuentes con acceso al expediente, hubo 21 prefectos a los que se les secuestraron las armas tras el operativo en Villa Mascardi. Pero sólo a ocho se les realizó un hisopado subungueal (en las uñas) y se les tomaron muestras en las manos con cintas reactivas de carbono para detectar posibles restos de nitrato. También les tomaron fotografías y les secuestraron sus uniformes.
Los prefectos no están imputados, pero están sometidos a proceso y fueron notificados del inicio de la causa. Los peritajes se realizarán en el Centro Atómico de Bariloche.
Los mismos estudios en busca de rastros de pólvora se realizarán con los dos mapuches detenidos tras los incidentes, Fausto Jones Huala y Lautaro González, que permanecieron en prisión durante cuatro días y fueron liberados por el juez. Según pudo conocer este medio, la fiscal de la causa, Silvia Little, apeló la excarcelación de los jóvenes, ya que considera que hay peligro de fuga y porque aún no está claro en el expediente si hubo, o no, un enfrentamiento armado entre la fuerza de seguridad y la comunidad.
En el expediente se busca determinar si los ocupantes del predio estaban o no armados y si dispararon al Grupo Albatros. Las querellas de la familia del joven asesinado y los abogados defensores de los mapuches detenidos afirman que “el expediente dice claramente que no había armas de fuego en posesión de la comunidad”. El Gobierno, en cambio, insiste en la tesis del “fuego cruzado” y de la “militarización” de los mapuches.
El Ministerio de Seguridad le acercó un informe al juez que señaló: “Los efectivos escucharon fuertes estampidos en dirección a su posición y observaron a dos o más personas portando armas de fuego de grueso calibre”.
Los dos uniformados que dieron aviso al juzgado de los incidentes describieron un enfrentamiento con armas de fuego en lo alto de la montaña. También hubo una llamada al 107, presuntamente de un prefecto, avisando de la presencia de heridos.
La autopsia determinó que Rafael Nahuel murió por un balazo de un arma 9 mm que le ingresó por un glúteo y comprometió órganos vitales. La querella de la familia de Rafael Nahuel en las últimas horas pidió que la causa cambie de carátula. Hasta ahora el expediente es por “NN/sobre muerte dudosa”, pero los familiares reclamaron que se pase a “homicidio calificado”.
En la causa declaró como testigo un playero del Automóvil Club Argentino (ACA) que presenció la requisa al Grupo Albatros tras el operativo. Fuentes con acceso a la investigación aseguraron que dijo ver cargadores incompletos en las armas.
También declararon dos médicos que llegaron en la primera ambulancia. Según las fuentes, rechazaron haber atendido a uniformados heridos por armas de fuego.