La verdadera novedad de la reforma laboral
El proyecto de reforma laboral del Gobierno, cuyo tratamiento parlamentario se ha demorado, no es novedoso ni por su contenido ni por las concesiones que resultaron de las negociaciones con la CGT. La novedad es la forma en la que se encaró la relación entre un gobierno no peronista y el sindicalismo peronista. Aunque los conflictos internos de la conducción sindical y el peronismo han demorado el tratamiento legislativo de la reforma, el proceso sigue generando novedades si tomamos como parámetro las prácticas tradicionales de gobiernos no peronistas.
El proceso de negociación en sí mismo muestra que este gobierno no peronista ha prestado atención a las experiencias anteriores, cuando intentos de reforma no negociada con los sindicatos terminaron en fracasos de alto costo político. Recordemos que Alfonsín intentó modificar la ley de asociaciones profesionales con un proyecto que buscaba facilitar la competencia por la conducción de los sindicatos. Ese proyecto de ley que la historia ha asociado con el nombre de su entonces ministro de Trabajo, Antonio Mucci, colapsó en el Senado con el fatídico voto de Elías Sapag. De la Rúa repitió la experiencia con una nueva reforma laboral que descentralizaba los convenios colectivos y acababa con la “ultraactividad”. La ultraactividad mantiene vigentes los convenios colectivos de trabajo hasta que ambas partes acuerden un nuevo contrato colectivo. Esto permite a los sindicatos mantener condiciones de trabajo acordadas en momentos en que los mercados de trabajo eran más favorables para ellos, al negarse a renegociar nuevos términos cuando la situación económica se haya vuelto menos propicia para los asalariados. Si bien esta reforma se transformó en ley, los procedimientos turbios que implicó el proceso (que quedó envuelto en acusaciones de compra de votos) hace que la conozcamos como “ley Banelco”. Su costo fue el colapso de la Alianza.
En contraste con anteriores proyectos de reforma no peronistas, la propuesta de Cambiemos tiene dos novedades. Primero, fue negociada con el sindicalismo peronista de la CGT. Segundo, no amenaza a los sindicalistas ni a sus organizaciones a través de la modificación de la ley de asociaciones sindicales. Tampoco afecta su capacidad de negociación colectiva vía innovaciones en la regulación de aquella o través de la erosión de la “ultraactividad”, y ni siquiera impacta en las obras sociales sindicales (excepto para reducir la litigiosidad contra estas).
El proyecto de Cambiemos se cuida de amenazar al poder sindical al adoptar reformas que fueron previamente consensuadas entre los jerarcas cegetistas y su ministro de Trabajo, hijo de un dirigente sindical peronista. El acuerdo hace patente que, para el Gobierno, “los Gordos” de la CGT son un interlocutor claramente preferible a la izquierda que crece en las comisiones internas de los sindicatos, no solamente por su moderación sino también por los esqueletos que guardan en el ropero y a los que se puede acudir selectivamente, como el Gobierno ya ha demostrado. Es por ello que sostenerlos con la negociación, además de mantener intactos los monopolios sindicales, es una estrategia que le resulta funcional.
Más allá del contenido de las concesiones que resultaron del proceso de negociación y que permitieron al ministro Triaca sostener que “se mantuvo el espíritu” de la reforma y al líder cegetista Rodolfo Daer afirmar que salvaron “la integridad de los derechos laborales”, el proceso se encontró con el escollo de una división en la CGT liderada por Pablo Moyano. Esta división causó la reticencia del bloque encabezado por Miguel Pichetto a tratar el proyecto, dado su impacto potencial en la interna peronista, azuzada por el ingreso de Cristina Kirchner al Senado. El resultado es que la reforma no se ha tratado en el Congreso en los tiempos previstos originalmente por el oficialismo. Esta espera afecta al Gobierno en su intento por demostrar que el apoyo obtenido en las urnas se puede traducir en políticas públicas que indiquen el avance de su “reformismo permanente”. Es decir, que se materialice en políticas que sirvan para convencer al empresariado de hacer realidad la esperada “lluvia de inversiones productivas”, pese a la tasa de interés y al tipo de cambio. O, incluso si la gobernabilidad de los próximos dos años se mantuviera a fuerza de deuda, para señalar su vocación por “hacer”, que será necesario demostrar en las próximas elecciones.
La interna sindical, centrada en la resistencia de los Moyano, ha sido asociada con estrategias empresarias del sindicalismo que crecieron durante el menemismo gracias a su participación en los procesos de privatización. Más allá de la licencia de OCA, el impacto de la interna sindical sobre el recorrido de esta reforma demuestra que la oposición de Pablo Moyano es más costosa para los jerarcas cegetistas que la militancia de izquierda en las comisiones internas o las denuncias de las CTA que se confinan al sector público. Este conflicto se hace más visible ante la ausencia de un liderazgo que unifique las posiciones del peronismo. Dada la falta de coordinación entre las partes que componen el fragmentado peronismo, el costo para Pichetto de ejercer sus potestades legislativas parece haber aumentado.
Frente a este escenario, la conducción cegetista volvió a reafirmar su vocación negociadora pese a las protestas de Pablo Moyano (y a la multitudinaria marcha de oposición). Esta opción no sorprende porque la negociación ha sido su vocación histórica, incluso cuando a veces requiriera de demostraciones de fuerza, que no han solido ser ajenas a los tiem- pos electorales del peronismo. Si las políticas públicas no apuntan al control de sus organizaciones, los dirigentes cegetistas prefieren mantener una estrategia que les ha permitido sostenerse, probablemente, como el sindicalismo más poderoso de la región, navegando sobre las aguas del neoliberalismo de los años 90 y del populismo del nuevo milenio. El control de la protesta es una de sus herramientas de negociación, pero va debilitándose frente a la emergencia de otros actores que encabezan la movilización social, aunque no necesariamente afecten el proceso productivo. Sin embargo, la estrategia del sindicalismo peronista no ha cambiado. Los gobiernos pasan, pero los sindicatos y, en la mayoría de los casos, los dirigentes sindicales quedan.
Las novedades, entonces, están en las opciones del Gobierno, que parece nutrirse de estrategias peronistas, tanto sea a través del uso de la negociación como de la amenaza a recurrir discrecionalmente al poder del Estado, sea a través del recuento de sindicatos, como anunció recientemente el ministro Triaca, o de la regulación de correos privados. Vale preguntarse, entonces, si nos espera otra novedad en este proceso, vinculada esta vez a los intercambios entre el moyanismo y el Gobierno, y a las narrativas que se usen para justificarlos. Los sucesos de los días venideros dirán, entonces, si es posible seguir sumando novedades al repertorio que define la relación entre el sindicalismo peronista y este gobierno no peronista de nuevo cuño.
El proyecto oficial se cuida de amenazar al poder sindical; adopta reformas que fueron consensuadas entre los jerarcas cegetistas y el ministro de Trabajo