Paridad de género: adiós al mérito
La auténtica igualdad se dará cuando se valorice el rol de la mujer en la vida pública mediante la preferencia del voto y no por imposición legal
Los argentinos nos caracterizamos por tener la legislación más frondosa del planeta otorgando derechos y privilegios a cuanto sector, grupo de interés o colectivo humano reclame para sí mayor justicia y reconocimiento. Creemos erróneamente que el bienestar general se logrará mediante la suma algebraica de leyes y decretos. Simultáneamente, somos los peores en materia de desempeño económico y social. Una verdadera asimetría entre el digesto legal y el indigesto real. No advertimos la importancia de cimentar valores, como el mérito y el esfuerzo para que esas expectativas sean realidades.
Después de Venezuela, estamos segundos en pobreza regional; somos campeones de inflación; estamos abajo en educación; privamos de cloacas y agua potable a la mitad de la población; uno de cada cinco niños tiene problemas de nutrición; hicimos el default más grande de la historia; carecemos de moneda; somos líderes en suicidios, en consumo de cocaína y en accidentes viales. Estamos habituados a la corrupción política, a la manipulación de la Justicia, a la violencia en los deportes y al narcotráfico. Pero la Argentina es un gran país y los argentinos no lo cambiamos por nada. Vamos de conquista en conquista, prodigando derechos a troche y moche, sin medir costos ni ponderar consecuencias. Aunque el abandono del mérito y el esfuerzo, como valores fundamentales, sea sistemático e interrumpido. Políticamente incorrectos.
El Congreso de la Nación ha dictado una ley sobre paridad de género, estableciendo que las listas electivas de candidatos (y candidatas) para legisladores (y legisladoras) nacionales deberán integrarse con un hombre y una mujer en forma alternativa y secuencial (50-50) para garantizar la participación igualitaria. En las elecciones de 2019 la representación femenina subirá del 30 al 50 por ciento.
El debate sobre la conveniencia o no de forzar las cuotas por vía de una ley ha sido mundial. En Europa, han adoptado “cuotas legisladas” cinco países: Bélgica y Francia (50%), España y Luxemburgo (40%) y Portugal (33%). En cambio, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, líderes mundiales en la disminución de la brecha entre sexos, no tienen ninguna legislación específica. Lo han logrado por decisión de los partidos o como simple resultado de elegir los mejores candidatos, sin mirar su género.
Es difícil cuestionar que siendo las mujeres la mitad de la población, no deban alcanzar igual representación en los parlamentos. O que la visión femenina enriquece la agenda de los temas públicos. O que la democracia implica también igualdad de ambos sexos en los órganos de gobierno. Sin embargo, es opinable que el dictado de leyes, como “acción afirmativa” para eliminar obstáculos forzando una “discriminación positiva”, sea un procedimiento innocuo desde el punto de vista de otros valores en juego.
La paridad de género debe tener una base sociocultural que le otorgue sustento en el lenguaje, en la educación, en el ámbito laboral, en la familia. De lo contrario, se crean derechos sin correlato real en la vida cotidiana, que serán usados como moneda de cambio en el mercado político. El respeto a la mujer, el reconocimiento de sus méritos profesionales y de su aporte en las decisiones colectivas son valores corrientes en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, por eso la paridad funciona.
Toda norma legal tiene impacto sobre las conductas, aún distantes, como el sucesivo rebote de las bolas de billar. Los controles de precios provocan desabastecimiento; las rigideces laboral es causan desempleo; la excesiva presión fiscal impulsa ala evasión; el intervencionismo conlleva fuga de capitales; el proteccionismo aumenta el costo argentino y éste quiebra las economías regionales. Sabemos que los subsidios masivos se financian con inflación y que la inflación castiga a los más pobres. Que las ventajas a empresarios terminan en colusión con funcionarios. Que costará mucho que los jueces renuncien a sus privilegios y que los legisladores no sigan canjeando sus pasajes por dinero.
La ley sobre paridad de género no es una regulación económica, como esos ejemplos. Integra un ámbito superior al tráfico mercantil y la sola comparación parece un menoscabo del debate sobre igualdad entre los sexos, que siempre involucra respeto de la persona humana, fuese varón o mujer. Pero como en el billar, “rebota” de la misma manera.
Su mandato no se dirige a la moral, sino que entra en el campo de la política. Como enseñó Maquiavelo: “Si una persona desea fundar un Estado y crear sus leyes, debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza, siempre y cuando encuentren la ocasión para ello”.
Al reconocer este derecho, la nueva ley otorgará un “as de bastos” (o mejor dicho, en honor al género igualado, “un as de copas”) a los gimnastas de la política, para que lo transen por otras ventajas en el interminable juego de acceder al poder y conservarlo después. Son cartas para negociar desde una mejor posición relativa y una sustitución de la ventaja que otorga el mérito y el esfuerzo por la preferencia que impone la ley. Graciela Camaño, una impulsora de esta iniciativa y veterana en estas lides, lo sabe bien: por efecto de esta ley no surgirán nuevas Alicia Moreau de Justo, ni Eva Perón, ni Elisa Carrió, ni María Eugenia Vidal, ni tampoco émulas de Cristina Fernández, ni de ella misma.
La destrucción de los partidos y su reemplazo por “espacios” o efímeras alianzas, con personajes saltando de un lado al otro, ocultando sus curriculum mientras abrazan a ex enemigos, han torcido las prácticas de selección hacia cónyuges o nepotes de operadores entre bambalinas. O hacia figuras del espectáculo, deportistas jubilados o candidatos ficticios (“testimoniales”) que saben estafar sonriendo. Lo mejor que puede esperarse es que estos vicios se repitan con la utilización pragmática de la mujer, malversando los ideales de quienes sueñan por la paridad de género.
Carrió y Federico Pinedo sostuvieron, casi en total soledad, la necesidad de preservar el valor del mérito y el esfuerzo en el ámbito político. Por supuesto, la izquierda dura y el igualitarismo a ultranza abominan de cualquier selección sobre la base del merecimiento, pues su filosofía descalifica el esfuerzo individual como impulsor de bienestar general. Similar conflicto de valores se plantea en materia de responsabilidad penal (garantismo), de acceso irrestricto universitario y de calificación de los alumnos en las escuelas. O respecto de cualquier otra política populista que sustituya el ahorro por la dádiva o el trabajo por la prebenda.
En la Argentina, hay un largo camino por recorrer. Nos hemos habituado al corto plazo y a las “conquistas” contra nosotros mismos, que se aplauden de pie en el recinto y se pagan con decadencia fuera de él. Hemos degradado valores fundamentales, como el mérito y el esfuerzo, con atajos rimbombantes y engañosos. En materia de trato a la mujer, hemos aceptado una vergonzosa cultura de machismo, de barras bravas y de picardía masculina. La corrupción y la anomia han completado el cuadro para tomar con naturalidad esos abusos cotidianos.
La auténtica paridad de género se logrará cuando se valorice el rol de la mujer en la vida pública mediante la preferencia en el voto, no por su imposición “alternativa y secuencial”. Su implantación por ley demuestra que la sociedad sigue ignorando el daño que provocan estos triunfos de papel sobre valores tan frágiles como el mérito y el esfuerzo, esenciales para sustentar derechos y satisfacer expectativas. Su implantación por ley demuestra que la sociedad sigue creyendo en palabras mágicas para solucionar problemas de fondo evitando mirarse en el espejo.
La destrucción de los partidos políticos y su reemplazo por “espacios” o efímeras alianzas, con personajes saltando de un lado al otro, ocultando sus currículum mientras abrazan a ex enemigos, han torcido las prácticas de selección hacia cónyuges o nepotes de operadores entre bambalinas