LA NACION

Piden detener a Cristina por traición a la patria en una decisión histórica

El juez Bonadio reclamó al Senado su desafuero para encarcelar­la por el acuerdo con Irán; fueron detenidos Zannini, D’Elía, Esteche y Khalil, colaborado­r de Irán; el ex canciller Timerman quedó con prisión domiciliar­ia

- Hernán Cappiello

En un fallo sin antecedent­es históricos, la ex presidenta Cristina Kirchner fue procesada con prisión preventiva por traición a la patria y la Justicia pidió al Senado que le quite sus fueros para meterla presa.

Además, la Justicia detuvo a su ex canciller Héctor Timerman, que permanecer­á detenido en su casa debido a su estado de salud; el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini; los ex piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche, y Jorge Khalil, cercano al gobierno de Irán.

El juez federal Claudio Bonadio fue quien los procesó y detuvo porque entendió que la ex presidenta y sus colaborado­res, en secreto, motorizaro­n la firma de un pacto con Irán para exculparlo por el ataque a la AMIA a cambio de restablece­r relaciones comerciale­s. Los embargó por 50 millones de pesos.

Esta fue la denuncia que había realizado el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir, en 2015, y que recién ahora tuvo un avance.

Además, fueron procesados sin prisión preventiva el ex número dos de la SIDE Juan Martín Mena, la ex procurador­a Angelina Abbona, el ex jefe de la SIDE Oscar Parrilli, el diputado Andrés Larroque y el supuesto agente de inteligenc­ia Alan Bogado. Cristina Kirchner, recién asumida como senadora nacional, denunció que se trata de una persecució­n política y un dislate jurídico.

Sus simpatizan­tes realizaron ayer una modesta concentrac­ión en la Plaza de Mayo para denunciar esta situación.

El peronismo, aun el no kirchneris­ta, se mostró preocupado por la decisión de Bonadio, que resultó incluso molesta para un sector del Gobierno.

De todos modos, en el Senado no prosperará el pedido de desafuero. Y lo más probable es que durante los años que dure el proceso penda sobre la ex presidenta la posibilida­d de quedar detenida.

Esta causa estuvo dormida durante dos años porque el juez federal Daniel Rafecas entendió que no había evidencias de delito en la denuncia de Nisman. La Sala IV de la Cámara de Casación la resucitó luego de que prosperó una causa paralela que inició Luis Czyzewski, padre de una de las víctimas de la voladura de la AMIA.

Así, en un año, el fiscal Gerardo Pollicita realizó una investigac­ión que incluyó la toma de unas 50 declaracio­nes de diplomátic­os y obtuvo documentos de Interpol y

Héctor Timerman ex canciller el ex canciller de cristina Kirchner también fue uno de los detenidos ayer, aunque por su delicado estado de salud el juez federal Bonadio le otorgó el beneficio de la prisión domiciliar­ia.

correos electrónic­os que le sirvieron para reforzar las acusacione­s de Nisman y ampliarlas a otras personas. Nisman había basado su denuncia en escuchas telefónica­s donde Esteche y D’Elía, que actuaban como promotores de Irán en la Argentina, junto con Khalil, hablaban sobre el memorándum firmado con Irán y las posibilida­des comerciale­s que abría.

Las detencione­s comenzaron en la madrugada de ayer con Zannini, preso en Río Gallegos, y luego se sucedieron las de D’Elía en su casa de Isidro Casanova –que denunció ser un preso político– y la de Fernando Esteche, quien se entregó en una comisaría de Retiro.

Como todos los presos ya fueron indagados, sólo se los notificó de su procesamie­nto y fueron trasladado­s al penal de Ezeiza. Zannini será trasladado hoy en avión desde Río Gallegos y acomodado en el penal.

Bonadio basó su decisión en que los ataques a la AMIA de 1994 y a la embajada de Israel de 1992 fueron dos actos de guerra contra ciudadanos inocentes y que por lo tanto el hecho de ayudar a los iraníes acusados de planificar­los debe ser tomado como una traición a la patria, que es como el Código Penal define el delito que comete quien ayuda al enemigo. Ese delito se castiga con penas que van de los 10 a los 25 años de prisión.

Dijo que Cristina Kirchner y Timerman deben permanecer presos por sus vínculos y su poder, que podrían entorpecer el caso o fugarse, sobre todo cuando faltan analizar 120.000 correos electrónic­os de la Procuració­n del Tesoro y 136.000 de la Cancillerí­a, además de las comunicaci­ones de 207 líneas vinculadas con los acusados.

Bonadio dijo que el plan criminal que permitió la firma del acuerdo con Irán se inició con negociacio­nes secretas de Timerman con Irán. Sostuvo que Timerman –dada su nula formación universita­ria– no pudo por sí solo haber redactado el texto del acuerdo y sugirió que lo escribiero­n los iraníes.

El plan dijo que siguió en Siria con una reunión con el canciller iraní y continuó con un cambio de actitud de Cristina Kirchner para con el gobierno de Teherán en sus presentaci­ones ante la ONU. Dijo que esto permitió firmar el acuerdo que garantizab­a la impunidad de los acusados. Dijo que Zannini fue el consultor del texto y Parrilli monitoreó las negociacio­nes. Aunque la regla es que los imputados esperen el proceso en libertad, el juez Claudio Bonadio entendió que, en este caso, Cristina Kirchner, Héctor Timerman y Carlos Zannini, entre otros, podían entorpecer la investigac­ión y con ese argumento ordenó sus prisiones preventiva­s.

Entre sus fundamento­s, el juez destacó que la “complejida­d” de la maniobra desplegada y las “relaciones internacio­nales” de los ex funcionari­os podrían implicar “la existencia de vínculos para obstaculiz­ar la investigac­ión”.

Citó como argumento la doctrina conocida como “Irurzun”, que la Cámara Federal aplicó contra el ex ministro Julio De Vido y hace mención de posibles “lazos funcionale­s” tejidos en el poder que podrían permanecer en el tiempo y ayudar a un ex funcionari­o a entorpecer la investigac­ión en su contra.

También dijo que Cristina Kirchner tiene una “compleja situación procesal” porque, como otros de los acusados, enfrenta “varias causas”. De ser condenados en este caso –dijo Bonadio–, deberían cumplir la pena, “lo que hace presumir que de seguir en libertad intentarán eludir la acción de la Justicia”.

En cuanto a las pruebas pendientes que supuestame­nte podrían entorpecer, el juez remarcó que quedan por analizar “en profundida­d” 136.800 correos electrónic­os secuestrad­os en la Cancillerí­a y otros 120.000 obtenidos en la Procuració­n del Tesoro. También, “las comunicaci­ones realizadas entre las 207 líneas telefónica­s”.

Hizo referencia, además, a que Cristina Kirchner, que juró hace pocas horas en el Senado, “siendo senadora, de continuar en libertad podría entorpecer el avance del accionar judicial, así como el descubrimi­ento de la verdad”.

En referencia a ella y a los demás ex funcionari­os detenidos, dijo: “Como permanecie­ron durante un prolongado período en las más altas esferas de influencia del poder estatal y/o con nexos con el mismo, puede sostenerse fundadamen­te que poseían determinad­as capacidade­s que incrementa­n su potencial (contactos, informació­n privilegia­da, medios económicos y capacidad de acción) tanto para evadirse como para dificultar la producción de pruebas”.

Por último, sobre Luis D’Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil dijo que recibirían de Irán “sumas de dinero por sus gestiones”, según las escuchas. Esa circunstan­cia –dijo Bonadio– aumentaría “su capacidad para poder evadirse”.

Afirmó que los vínculos internacio­nales podrían obstaculiz­ar la investigac­ión El magistrado justificó por qué ordenó las prisiones preventiva­s

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