El PJ en el Senado se resiste a aprobar el desafuero de Cristina

Pichetto ya manifestó que no lo avalarán; el oficialismo prefiere avanzar lentamente

Cristina Kirchner debería quedarse tranquila. Su voz no va a ser acallada en el Senado. Ayer, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto (Río Negro), adelantó que su bancada rechazará el desafuero pedido por el juez Claudio Bonadio y canceló, así, cualquier posibilidad de que la ex presidenta pueda perder su escaño en la Cámara alta y terminar detenida por el memorándum con Irán.

“Entendemos que no corresponde el pedido de prisión preventiva porque la ex presidenta ha estado siempre ajustada a derecho; acaba de asumir un cargo institucional en el Senado y no creemos que haya presunción de fuga”, afirmó Pichetto, rechazando así la razón de ser del desafuero.

En la misma línea se manifestó su compañero de bancada Rodolfo Urtubey (Salta), que, tras destacar que se trata de “una medida excepcional”, consideró que “la prisión preventiva no es central para la prosecución de la causa” que Bonadio lleva adelante.

En el oficialismo, en tanto, apostaron por la cautela. “Entiendo que haya mucha ansiedad, pero nosotros tenemos responsabilidad institucional y lo que tenemos que hacer es discutir esto con tranquilidad”, fue la postura esgrimida por Federico Pinedo (Pro-Capital).

“Hay que ver cuáles son los fundamentos del juez para proceder a su pedido”, agregó el presidente provisional del Senado, apegándose a la línea discursiva acordada ayer en una reunión en la Casa Rosada, encabezada por el propio Mauricio Macri.

No obstante el final anticipado por Pichetto, el proceso de desafuero de la ex presidenta se puso en marcha ayer mismo, poco después de las 18. A esa hora ingresó al Senado el oficio del juez, que fue girado de manera inmediata, como marca la ley, a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Según la ley 25.320, que reglamentó los fueros consagrados por la Constitución, la comisión tendrá que expedirse sobre la procedencia o no de quitarle la inmunidad de arresto a la ex presidenta en un plazo de 60 días a partir del ingreso del pedido a la Cámara. Sin embargo, si transcurridos 180 días no lo hiciere, el desafuero podrá ser discutido en el recinto sin dictamen.

Llegado este caso, la Constitución establece que para quitarle la inmunidad de arresto a un legislador se requiere el voto de los dos tercios de los presentes. Esa fue la mayoría que reunió la Cámara de Diputados en octubre último, luego de que los jueces Luis Rodríguez y Bonadio pidieron el desafuero de ex ministro de Planificación Julio De Vido. Este es el último y más fresco antecedente que se registra en el Congreso.

El pedido de Bonadio encuentra al Senado en plena transición hacia el recambio de un tercio de sus miembros, que se materializará recién este domingo. En este contexto, y por el momento, la Comisión de Asuntos Constitucionales es presidida por el hiperkirchnerista Marcelo Fuentes.

Sin embargo, Fuentes fue excluido del bloque que conduce Pichetto, por lo que es imposible que retenga el cargo. Por el momento no hay indicios de quién tendría la difícil tarea de sentarse en ese sitial, aunque desde Cambiemos muestran la intención de reclamar el lugar. La composición de esta comisión también servirá para marcar los tiempos del proceso. En el PJ aseguraban ayer que recién podría estar conformándose “probablemente en febrero”. En el oficialismo tampoco se mostraban demasiado entusiastas en acelerar los tiempos, aunque por otras razones. “Vamos a acompañar el proceso, que siga en el candelero todo lo que tenga que seguir”, confió a este diario una fuente oficialista. Más allá de lo estrictamente legal, el proceso que se abre en el Senado es de tinte político, por lo que entrarán a tallar otro tipo de variables. De hecho, Pichetto reivindicó ayer el fallo de la Corte Suprema que le permitió a Carlos Menem sortear la impugnación de su candidatura en las elecciones de octubre último.

“Sigo sosteniendo el principio de carácter judicialista (sic) que sostuve con anterioridad, en orden a que el desafuero procede ante la evidencia concreta de una sentencia firme, como lo hizo la Corte en el caso Menem”, sentenció el rionegrino.