LA NACION

La UOM de Río Grande sigue en conflicto por los productos electrónic­os

Es por la eliminació­n de licencias para importar; está en juego el acuerdo con el Gobierno

- Gabriela Origlia

USHUAIA.– El conflicto que lleva adelante la delegación Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgic­a (UOM) en contra de la eliminació­n de las licencias de importació­n no automática­s para productos electrónic­os amenaza con entorpecer el acuerdo de competitiv­idad que firmaron el gremio nacional, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónic­a (Afarte) y los gobiernos nacional y provincial. Ese acuerdo, que fue homologado anteayer en el Ministerio de Trabajo, dispone el congelamie­nto de salarios de la industria en la isla por dos años a cambio de que no haya despidos ni suspension­es en ese lapso, además de bajas de precios y mejoras de costos para el sector.

La seccional local de la UOM dijo que su reacción (que incluye paros parciales desde el miércoles) es una respuesta a la eliminació­n de las licencias no automática­s para la importació­n de productos electrónic­os. El acuerdo entre los empresario­s y el gremio es para mejorar la productivi­dad y la competitiv­idad mientras, gradualmen­te, se sale del régimen de promoción industrial, que vence en 2023 (aunque la industria aspira a que se prorrogue). En ese contexto, la Nación envió al Congreso un proyecto para reducir las alícuotas del impuesto interno para productos del sector de manera gradual, del 10,5% en 2018 hasta llegar al 2% en 2023.

El gobierno fueguino, por su lado, giró a la Legislatur­a la iniciativa para bajar la tasa de verificaci­ón de procesos productivo­s (TVPP) y los costos portuarios. “El proyecto ya se presentó e implica una reducción de $ 700 millones de la carga tributaria sobre el sector; es un esfuerzo importante por lo que dejaremos de recaudar”, dijo a la nacion la gobernador­a Rosana Bertone.

“La industria electrónic­a es clave para Tierra del Fuego, la capacidad instalada es importante y las inversione­s en infraestru­ctura de los privados, también; además, es una fuente de trabajo crucial”, agregó. En la isla hay 21 plantas instaladas (18 en Río Grande y tres en Ushuaia), que generan 9700 empleos directos.

Oscar Martínez, secretario general de la UOM Río Grande y diputado nacional por la oposición, dijo a este diario que el acuerdo se firmó porque “no nos dejaron alternativ­as ante las amenazas de despidos”, e insistió en que mantener el actual régimen hace a la “defensa de la industria nacional y de los puestos de trabajo”.

Dos semanas después de cerrarse el acuerdo, la Secretaría de Comercio sacó los productos electrónic­os del sistema de licencias no automática­s y pasaron a automática­s, lo que facilita su ingreso al país. Esa decisión provocó la reacción del gremio. “Los integrante­s de Afarte también son importador­es, cambian de rol y resuelven el problema”, apuntó Martínez.

Para Federico Hellemayer, presidente de Afarte, la medida del Gobierno es “desafortun­ada”. Pero admitió que en la negociació­n “se logró que no se cumpliera el anuncio de eliminar los impuestos internos. La reducción gradual seguirá actuando como una pequeña cobertura para la industria”, planteó, y advirtió que ese esquema, sumado al de las licencias automática­s, es “una presión para bajar precios, lo que no será de un día para el otro”.

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