Un desafío que, para el éxito, requiere de capacitación y especialización

L a llamada “desfederalización” del tramo de la ley de estupefacientes relativo a lo que se conoce como microtráfico o narcomenudeo fue concebida como una necesidad, más que como una solución. Con la competencia exclusiva de los tribunales federales, siempre más abocados a las “grandes causas” o, mejor dicho, a las de más alta exposición pública, la venta al por menor de drogas siempre fue dejada de lado. Le servía a la policía para hacer “número”, para manejar sus propias estadísticas, pero para los jueces el “chiquitaje” no era otra cosa que muchísimo trabajo extra, un trabajo más bien ingrato,

Los tres poderes del Estado debieron dejar de mirar para otro lado cuando el comercio de sustancias al menudeo dejó de ser una simple postal urbana sórdida, encorsetada en el intercambio clandestino entre compradores y vendedores. La problemática cobró dimensión dramática a fuerza de violencia y sangre: hace una década eso se vivió especialmente en el conurbano y en zonas periféricas o marginales de otras grandes ciudades, como Córdoba y, especialmente, rosario, con el dominio de Los Monos.

Se entendió entonces que una solución plausible era embarcar a los tribunales ordinarios provinciales en la lucha, para que aumentara la plataforma de fiscales y jueces en condiciones de perseguir el microtráfico. Los jueces federales conservarían para sí la competencia de las “grandes causas”, el narcotráfico de envergadura o la investigación del crimen organizado dedicado a la producción, el contrabando y la venta de estupefacientes a gran escala.

La idea expandía límites, pero sometía a alta presión a los sistemas judiciales provinciales, en muchos casos ya colapsados por el siempre creciente aumento de casos penales por tramitar. Eso se notó especialmente en la provincia de Buenos Aires.

La persecución del narcomenudeo requiere de vastos esfuerzos materiales. Fiscales y jueces deben capacitarse para comprender la lógica de la problemática y ser dotados de recursos técnicos y humanos para llevar adelante sus investigaciones. Las policías, en tanto, deben contar con cuerpos especializados que trabajen codo a codo con los funcionarios judiciales para poder perseguir el microtráfico con eficacia y no con ánimo de “hacer estadística”.

Es un desafío que requiere decisión política, capacitación y apoyo logístico para que las estructuras no colapsen y ganen en eficacia.