“Los conflictos de intereses son la antesala de la corrupción”
DESAFÍOS. Flamante presidenta de Transparencia Internacional, esta cordobesa especialista en ética pública considera que, tras la experiencia kirchnerista, se debe “capitalizar la etapa de la posindignación”
La advertencia de la presidenta de Transparencia Internacional.
Todavía persiste en ella una fuerte tonada cordobesa. “Es que ejerzo de cordobesa”, dice entre risas quien acaba de ser elegida como presidenta de Transparencia Internacional, la organización no gubernamental que encara una lucha global contra la corrupción, y desde hace años, “vive” en un avión.
Doctora en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, Ferreira es especialista en promoción de la transparencia, especialmente en el área de financiamiento de la política, ética pública y lucha contra la corrupción; y trabajó para la OEA, el PNUD, IDEA International y el Banco Interamericano, entre otros organismos internacionales.
“Los conflictos de intereses son la antesala de la corrupción. La puerta giratoria entre el sector privado y el público es un problema sobre todo cuando los funcionarios no registran la existencia del conflicto o no comprenden acabadamente la gravedad del problema en cuanto a la legitimidad de las políticas públicas y las decisiones que adoptan”, afirma a propósito de que ex CEOs, directivos y accionistas de importantes empresas sean hoy funcionarios del gobierno. Por eso también, más allá de los valores “intachables” de Laura Alonso –la titular de la Oficina Anticorrupción–, a quien conoce de los años en que trabajaron en Poder Ciudadano, Ferreira cuestiona la dependencia del organismo con el Poder Ejecutivo: “los organismos de control deben ser independientes del controlado”.
Días pasados se reunió con el Presi- dente Mauricio Macri y le transmitió, entre otros temas, las críticas que ha recibido a nivel mundial el voto electrónico, un proyecto sobre el que el Gobierno Nacional parece decidido a avanzar. “El Presidente Macri escuchó con atención las objeciones y me contestó con los mismos argumentos que el gobierno repite desde que presentó el proyecto: el sistema es más rápido, soluciona la falta de boletas y ha funcionado ‘sin problemas’. Nada nuevo a pesar de las múltiples demostraciones de las vulnerabilidades del sistema aquí y en el extranjero y de la opinión de informáticos, técnicos, académicos, universidades, ONGs y hasta el Conicet”, explica quien, junto a otros especialistas, ha hecho público el riesgo al hackeo de padrones y resultados. Hace un unos años un fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya dijo que “el mundo estaba listo para detener los crímenes masivos, pero no la corrupción”. ¿Coincide? Es posible, en los crímenes masivos hay pruebas y en la corrupción no. La falta de evidencias hace que sea más difícil, pero hoy se está avanzando en mecanismos procesales que permiten que alguno que sepa hable y eso facilita la investigación de los casos: puede ser un testigo protegido que no ha participado en la trama pero ha visto, o un arrepentido que ha participado en la trama, o los whistleblowers que ponen en alerta. Además de la porosidad, la escala y la opacidad, en la corrupción está la connivencia entre los actores políticos, judiciales y económicos. Hay dos planos. Uno es la gran corrupción, la que mueve mucha cantidad de dinero e involucra a actores al máximo nivel del Estado y del sector privado. Odebrecht es el caso perfecto de gran corrupción que ha afectado a muchos países de la región. Y después está la corrupción más chiquita, que afecta al ciudadano muy directamente y no involucra grandes cantidades de dinero, sino la coima. Por ejemplo, pagar para conseguir una cama en un hospital. Y entre esos dos extremos está toda la gama de corrupción posible en las compras del Estado, en los permisos y licitaciones. Y en la corrupción siempre hay dos actores, como en el tango: el que paga y el que recibe. ¿Pero el Estado no tiene mayor responsabilidad? El Estado tiene un poco más de responsabilidad desde el punto de vista de que está representando a la sociedad toda y está abusando de su posición pública en beneficio propio, de sus amigos o sus familiares, pero el otro también es responsable porque está dando y aceptando. ¿Qué dicen desde el sector empresario? “Nosotros no somos responsables porque si no entramos en la corrupción no podemos trabajar”. En algunos países se trabaja con pactos de integridad por sector: todos los actores del sector se ponen de acuerdo en que no van a coimear más. Imagínese a la Cámara de la Construcción haciendo eso acá. Esos pactos le cortan la posibilidad a los funcionarios públicos de pedir, porque el funcionario necesita contratar y hacer la obra. ¿Cree que ese es un escenario posible en la Argentina? No en el futuro inmediato, porque me parece que siguen vigentes las costumbres del capitalismo de amigos y de aprovechar las posiciones, de la puerta giratoria y de los conflictos de intereses. En este gobierno hay muchos casos de conflictos de intereses. La Oficina Anticorrupción ha resuelto algunos, pero acabamos de tener uno con un funcionario en la Secretaría de Deportes y las piletas. Es increíble que haya que esperar que algún periodista descubra que el funcionario que decía que había que comprar determinadas piletas había sido representante o socio de la compañía que vendía las piletas. Eso se debería haber prevenido con las declaraciones de patrimonio y las declaraciones de intereses. Cuando uno lucha contra la corrupción trabaja en dos sentidos: la prevención y la sanción. ¿Cómo evalúa el desempeño de la Oficina Anticorrupción? Creo que la Oficina Anticorrupción ha avanzado en algunas cosas, pero mi gran objeción, y lo he dicho toda la vida desde Poder Ciudadano y en otros ámbitos, es que la Oficina Anticorrupción, igual que cualquier organismo de control, tiene que ser independiente de aquel a quien va a controlar. Usted se refiere a este diseño institucional en el que la cabeza de ese organismo está designado por el Presidente y depende de un gobierno al que tiene que controlar. Esa es una falencia. Laura [Alonso] es una persona intachable en su honestidad, yo la conozco, he trabajado con ella en Poder Ciudadano. No dudo de su profesionalismo, pero no es independiente del poder de turno al que tiene que controlar. Así de simple. La dependencia no es sólo personal, es la dependencia del cargo. Si vos dependés del ministro, que depende de dos subjefes de Gabinete, que depende del Jefe de Gabinete, que depende del Presidente, vos no sos independiente. Hay que sacarla de la dependencia directa de aquel a quien controla y hay que garantizarle que tenga las manos libres para investigar. Una de las críticas a la Oficina Anticorrupción es la velocidad para avanzar en causas que involucran a funcionarios del gobierno pasado y otra velocidad para investigar a los funcionarios actuales, más allá de que “abra una carpeta”. Las velocidades son una cuestión de apreciación y dependen de los casos también. Cuando se produjo el conflicto de interés de [Juan José] Aranguren con las acciones de Shell, lo resolvieron relativamente rápido pero yo agregaría una salvedad ahí. Los conflictos de intereses se solucionan haciendo que la persona no tome intervención en las decisiones que pueden ser conflictivas. Pero para que eso sea efectivo no se puede poner al subsecretario de Aranguren a decidir lo que Aranguren no debe decidir, porque ése es un secretario de Aranguren. Eso, por ejemplo, hay que pasarlo a otro ministerio. Yo creo que los conflictos de intereses es el tema más sensible de este gobierno en materia de prevención de la corrupción. El hecho de que CEOs y ex directivos de grandes empresas sean funcionarios agrava el conflicto de intereses. Juan Carlos Torre dijo hace poco que hay una insensibilidad en el gobierno respecto de este tema. ¿Coincide? Coincido. Los conflictos de interés son uno de los aspectos de ética pública que requieren especial atención porque son la antesala de la corrupción. La puerta giratoria entre el sector privado y el público es un problema sobre todo cuando los funcionarios no registran la existencia del conflicto o no comprenden acabadamente la gravedad del problema en cuanto a la legitimidad de las políticas públicas y las decisiones que adoptan. Eso requiere una buena Ley de Ética Pública. ¿Cuán laxa es esta ley? Hay denuncias a funcionarios por hechos que no serían “ilegales”, pero son poco éticos. Exacto. El tema con las leyes de ética pública es que regulan una cosa que normalmente no debería ser regulada por la ley porque está en la esfera de la ética. ¿Cuándo hemos recurrido a las leyes de ética pública en el mundo? Cuando los consensos valorativos de lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto e incorrecto, no estaban claros en la sociedad. ¿Por qué tuvimos que poner los valores en una ley que diga que los funcionarios deben ser honestos y no deben usar los recursos en beneficio personal o nombrar a sus parientes sino utilizar los méritos? Porque la moral no es suficiente para regular y se necesita la fuerza de la ley. En el mundo entero hay toda una ola de lo que yo llamo la “juridización de la ética”. ¿Qué lugar ocupó la corrupción en los resultados electorales que definieron el triunfo de Cambiemos en 2015? Creo que no fue determinante, pero marcó esa elección. Hubo una reacción de hartazgo de la sociedad que terminó en las marchas multitudinarias durante el fin del gobierno kirchnerista con carteles “No a la corrupción” o “Basta de robar”. Y eso que todavía no habíamos revoleado los bolsos ni habíamos visto que una persona tenga en su patrimonio la superficie de la Capital Federal varias veces. Aunque Cambiemos no lo puso como tema número uno en su campaña, sí se comprometía a ser un gobierno más respetuoso del Estado de Derecho y de la transparencia. ¿La sociedad tiene conciencia del modo en que la corrupción en gran escala impacta en su vida cotidiana? No, no tiene conciencia. Tuvo conciencia con Once y con Cromagnon, pero después, si se le pregunta a la gente en abstracto, probablemente diga que no. Uno de los desafíos para la sociedad civil es cómo capitalizar la etapa de la posindignación. La demanda de transparencia hay que construirla y para eso hay que trabajar en cuatro caminos. Es la fórmula de las cuatro “i”: más información, más integridad, menos impunidad, menos indiferencia. ¿Cree que hay poca o nula tolerancia a la corrupción pasada y cierta tolerancia a la corrupción actual? No, eso me parece que no. La vara estaba tan alta en materia de corrupción que lo que podemos ver ahora parece muy poco. Así opera siempre en los países que han sufrido corrupción sistémica. El parámetro es: “¿De dónde venimos? Estamos mejor que antes”. El tema es cómo debemos observar, controlar y monitorear el desempeño de los gobiernos: ¿Con la vara de los muy malos que alguna vez hubo o con el deber ser? Creo que los gobiernos deben monitorearse siempre con la vara del cumplimiento de la ley. Usted y otros especialistas han dejado clara su postura sobre los peligros del voto electrónico y la conveniencia de la boleta única en papel. ¿Por qué cree que el Gobierno insiste en avanzar hacia el voto electrónico? Desde el principio dije que era un capricho. No es ignorancia, porque se les ha explicado de todas las formas posibles que con el estado actual de la tecnología no lo pueden hacer seguro, y siguen diciendo que se puede hacer seguro. En el informe del Conicet que conocimos hace poco hay gente que es contratada por la NASA para garantizar la seguridad. No estamos hablando de dos alumnos recién recibidos sino de científicos reconocidos en el mundo que sostienen que no es recomendable introducir la máquina en medio de la emisión porque no garantiza el secreto del voto, y Venezuela es un ejemplo maravilloso. De hecho, son muy pocos los países que lo usan. Venezuela, la India y Brasil lo usan en el 100% de la elección nacional. En Estados Unidos el 35% del padrón total vota con algún sistema de voto electrónico. Bélgica y Filipinas lo usan parcialmente. En Francia se detectaron intentos de hackeos. En Estados Unidos se hackearon padrones. Holanda, que lo usaba para todo, lo abandonó y cuenta a mano. Varios abandonaron el sistema de voto electrónico porque se descubrió además que se podía saber cómo había votado una persona. Eso es un escándalo. Y ni qué decir los resultados: se pueden hackear los resultados.