los “mapuchizados”, la extorsión y el orden público.
No pueden tolerarse más episodios de violencia ni que un juez deba pedir permiso a ocupantes ilegales de un espacio público para ingresar en él
No pueden tolerarse más episodios de violencia ni que un juez deba pedir permiso a ocupantes ilegales para ingresar.
El acuerdo alcanzado días atrás entre el gobierno de Mauricio Macri y las provincias patagónicas para avanzar en un protocolo de colaboración y prevención contra los graves actos de violencia y terrorismo que llevan a cabo grupos autodenominados mapuches representa un paso positivo, aunque tardío, a fin de que el Estado exhiba, de una vez por todas, la necesaria voluntad para asegurar un orden público que, en los últimos tiempos, se ha visto seriamente alterado en distintas localidades del sur de nuestro país.
Los hechos ocurridos en Villa Mascardi, donde se registró un enfrentamiento entre efectivos de la Prefectura Naval y grupos de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu que ocupan ilegalmente una porción de esa zona rionegrina, sita en el Parque Nacional Nahuel Huapi, han reactualizado el debate sobre comunidades que reclaman tierras en virtud de un artículo de la Constitución nacional, pero que al mismo tiempo no sólo hacen caso omiso de las leyes, sino desconocen al propio Estado argentino.
Tras el citado enfrentamiento, en el que murió por un impacto de bala el joven Rafael Nahuel, integrante de aquella comunidad mapuche, los usurpadores del predio de Villa Mascardi no sólo se negaron a abandonarlo, sino que tampoco permitieron el acceso de los representantes de la Justicia y de las fuerzas de seguridad al lugar para investigar lo sucedido. Sólo 12 días después de acaecido el hecho, el juez Gustavo Villanueva pudo ingresar a la zona ocupada.
Estamos ante otro caso digno de formar parte del recordado reino del revés al que se refería María Elena Walsh: el colmo de que un magistrado, para ingresar a un predio tomado, tenga que pedirles permiso a sus usurpadores.
La reforma constitucional de 1994 introdujo un inciso entre las atribuciones del Congreso que habla de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Pero ni la Constitución ni el Código Civil sugieren que se pueda otorgar a esas comunidades carta blanca para tomar por la fuerza tierras fiscales o de terceros, por más que aleguen que puedan haber pertenecido a sus ancestros. Menos aún, la posibilidad de que puedan constituir en esos lugares estados independientes, al margen de las leyes argentinas.
Como se señaló oportunamente en esta columna editorial, no resulta admisible que un grupo de personas pretenda segregar un territorio de la Nación, menos aún con violencia, por cuanto constituye un acto de rebelión, contrario a la Constitución y a las leyes. En particular, cuando estamos ante grupos de encapuchados que no trepidan en armarse y en recurrir a bombas incendiarias para atacar puestos de la Gendarmería o propiedades privadas.
El carácter violento de algunos de estos grupos radicalizados que dicen actuar en nombre de los derechos indígenas es particularmente evidente en integrantes de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), uno de cuyos líderes, Facundo Jones Huala, ha sido acusado de asesinato en Chile y, recientemente, ha sido denunciado por incitar a la violencia en nuestro país.
Pero así como hay organizaciones con procederes violentos propios de grupos terroristas, hay sectores que se valen de su pertenencia a comunidades supuestamente indígenas que, en los últimos años, han pretendido hacer de su habilidad para instalarse en tierras ajenas un pingüe negocio mediante acciones extorsivas.
Lo que viene ocurriendo en el yacimiento Loma de la Lata, en el centro de la cuenca neuquina, es uno de los muchos ejemplos. Allí, la empresa YPF, al igual que otras operadoras de la zona, viene realizando millonarios aportes económicos a la comunidad mapuche Kaxipayiñ, afincada en el lugar. La ley de hidrocarburos establece que, si bien el subsuelo es propiedad del Estado, las compañías que lo perforen para obtener gas o petróleo, deben abonar a los dueños de las tierras –los llamados superficiarios– compensaciones por conceptos como derechos de servidumbre o indisponibilidad. Según trascendió, sólo YPF gastó en esos rubros 24 millones de pesos en 2014, 32 millones en 2015 y 55 millones en 2016.
Además del vínculo que mantienen las comunidades con las compañías operadoras por su presencia en el territorio, que en muy pocos casos tiene respaldo en títulos de propiedad, algunos líderes mapuches han montado una red de negocios cuyo motor es la extorsión. Distintas informaciones dan cuenta de la presencia de Gabriel Cherqui, dueño de la empresa La Lata SRL, que maneja distintos negocios en la zona de Loma de la Lata. Fuentes empresariales revelaron que, para la última campaña, ha reclamado a YPF, sin fundamento legal alguno, el pago de 50 millones de pesos adicionales para permitir el ingreso de equipos de perforación. Ante la negativa de la empresa, desde hace meses, hay 14 pozos paralizados. La producción perdida equivaldría a la importación de siete barcos de metano.
No conforme con eso, Cherqui ha convencido a familias de puesteros para que se autoproclamen como comunidad o se “mapuchicen” bajo su representación y se instalen en áreas donde avanza la actividad petrolera, con un claro propósito mercantil y extorsivo. Así, surgió la comunidad Campo Maripe en Añelo, que demanda 11.000 hectáreas en Vaca Muerta, donde se ubica el yacimiento no convencional con mayor futuro de la Argentina. Lo más llamativo es que, hacia 2013, cuando Vaca Muerta no era lo que es hoy, no se conocía reclamo alguno sobre esas tierras fiscales.
Es menester que, frente a los procedimientos violentos y extorsivos descriptos, las autoridades nacionales y provinciales actúen con la necesaria firmeza en defensa de la ley y el orden. De otro modo, estaríamos ante una inexplicable renuncia al ejercicio de la soberanía nacional sobre una parte vital del territorio nacional.