Alertas y propuestas por el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria

Los especialistas advierten que la transición entre los sistemas puede generar juicios contra el Estado

La pretensión del cambio de la fórmula de movilidad de haberes jubilatorios y de los ingresos sociales que recibe buena parte de la población no es, claramente, una cuestión aislada de otras modificaciones en danza. Comprometido a otra manera de distribuir los recursos con las provincias y urgido por la necesidad de reducir el déficit fiscal, el Gobierno no dejó al margen de la estrategia al ítem que representa casi la mitad del presupuesto nacional, con una iniciativa que suma críticas a medida que se acerca la fecha en que el oficialismo quiere verla convertida en ley y sobre la que un dictamen de la Procuración del Tesoro dio su visto bueno días atrás.

Un aspecto bajo la lupa es la transición entre un sistema y otro, ya que se prevé la vigencia de un esquema de ajustes trimestrales, pero al inicio se dejaría pasar un semestre sin subas. El primer aumento, en marzo, correspondería a lo ocurrido con la inflación y los salarios (las variables de la fórmula) en el tercer trimestre de este año (eso da 5,7%), cuando está vigente la actual ley de movilidad.

Lo ocurrido en el cuarto trimestre se consideraría para la recomposición de junio. Por eso, la Procuración habla de un “desdoblamiento” del ajuste para compensar lo ocurrido en esta segunda mitad de 2017. Y se usarían los datos del primer y segundo trimestre de 2018 para las subas de septiembre y diciembre.

La abogada previsionalista Elsa Rodríguez Romero afirma que hay un grave error en la forma de prever el inicio: “Una referencia a seis meses vista no es movilidad alguna, el daño ya se produjo y eso es inaceptable tratándose de personas que no pueden procurarse otros ingresos”.

En el debate sobre el tema se mencionan tres posibles salidas. Una es la de iniciar los ajustes en enero. En el Gobierno afirman que ese mes habrá una suba, pero sólo para llevar a $ 7790 el haber de quienes hoy cobran menos que esa suma y resulten alcanzados por la garantía de percibir el 82% del salario mínimo.

Otra opción, como apunta el abogado Adrián Tróccoli, sería que se sumen los índices que arroje la nueva fórmula para el tercer y el cuarto trimestre, y se otorgue el aumento correspondiente al semestre completo de una sola vez, en marzo. Esto acercaría el porcentaje de marzo a lo que, según se estima, podría resultar en caso de aplicarse la fórmula actual (proyecciones no oficiales indican que eso daría entre 12 y 14%, aunque no hay indicadores publicados que permitan hacer la cuenta). Y luego, considerar el primer trimestre del año para el alza de junio y el segundo, para septiembre.

Esas opciones alterarían el resultado fiscal, que en gran parte estaría dado por la frecuencia de los ajustes. Según una proyección de Eco Go (ex estudio Bein), el ahorro podría ser de $ 68.000 millones en 2018, en tanto que Abeceb lo ubica en $ 57.000 millones (con una suba anual de haberes estimada en 22,1%). Los números son sensibles a las estimaciones de inflación, salarios y recaudación que se consideren, aclara Federico Furiase, director de Eco Go.

Otra opción es que en marzo se otorgue la movilidad según la ley actual y que sólo después entre en vigor la reforma. Es lo que algunos consideran necesario para que la ley no sea inconstitucional, como plantea el abogado Daniel Sabsay.

Gregorio Badeni se diferencia de esa visión. “En este momento decir que el proyecto es inconstitucional es abstracto e incorrecto, porque para eso debe probarse un perjuicio para alguien”, explica. Y agrega que debería evaluarse si existe un razonable marco de discrecionalidad en la aplicación de la medida, algo que se define en función de los recursos que tiene el Estado.

Para Rodríguez Romero, la Corte Suprema “es contundente al señalar que la movilidad debe guardar una razonable proporción con la evolución de los salarios”. Por eso, cualquiera sea la fórmula el problema se presentará “cuando los aumentos se alejen de los incrementos salariales de los activos”. Si eso ocurre, entonces volvería la litigiosidad, “que venía disminuyendo fuertemente” en los últimos años.

También hay otros aspectos de la reforma bajo cuestión. Para Rodríguez Romero es confusa la redacción del artículo que busca disponer cómo se harán las actualizaciones de los salarios que integran el cálculo del haber inicial.

Y otro punto controvertido es a quiénes se les garantizaría cobrar no menos que el 82% del salario mínimo. Quedarían al margen quienes hayan obtenido su haber por moratoria, pero hay otros beneficiarios que no recibirían la mejora, como los pensionados de bajos ingresos “o los que estaban con leyes viejas, que requerían 20 años de aporte efectivo y que es posible que hayan trabajado toda la vida, aunque eso no se registraba”, advierte Tróccoli.

Para el defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, el eje del problema está en que se mezcla la cuestión macroeconómica con la de la seguridad social. “La seguridad social está en crisis y eso lo demuestra la cantidad de jubilados que cobran poco más de $ 7000; en lugar de solucionar eso se transfieren recursos de la Anses y se ratifica la condena a la pobreza”, afirma. Y agrega que, al haber atado el tema fiscal al jubilatorio, hoy los funcionarios están “como vaca en el barro”.