Diálogo para fortalecer la República
Conscientes de que el largo camino de la política transcurre entre diálogos y negociaciones, los miembros del Club Político Argentino han elegido un momento oportuno para analizar en un documento acontecimientos de enorme impacto político y social que no están cerrados todavía. El hecho de que en la última elección nacional la voluntad popular decidiera que nadie contara con mayorías propias abrió un escenario en el que, como en toda democracia, la fuerza política consagrada por las urnas tiene la responsabilidad de proponer e impulsar. El documento propicia un debate público sobre graves incidentes en los que, en paralelo a la campaña electoral, los poderes de la República, los actores políticos, los medios y la opinión pública jugaron papeles de relieve.
El caso de Santiago Maldonado es un claro ejemplo de este estado de virulencia en el que la ideología se impone a los hechos y a la razón. Haber afirmado que Maldonado sufrió una desaparición forzada, fabricando sin el menor escrúpulo un caso para utilizarlo en la campaña política, fue la continuación de un relato que ve en el gobierno de Cambiemos no un adversario legítimo, sino un enemigo por aniquilar. En estas mismas páginas, se dejó testimonio de que algunas organizaciones pusieron más énfasis y esfuerzo en tratar de probar el carácter de desaparición forzada de Maldonado y en buscar a los culpables de tal delito que en determinar su verdadero estado y paradero.
Al mismo tiempo, frente a la tragedia, el documento redactado por el Club Político Argentino deja constancia acerca de la falta de reflejos con altura política por parte del Gobierno. Ocurrió cuando algunos funcionarios y dirigentes de Cambiemos minimizaron el hecho y lo banalizaron.
El marco que explica estas vacilaciones y desaciertos es más amplio. Por fortuna, la tragedia sensibilizó a la opinión pública, que, con profunda madurez, no permitió que tuviera incidencia en las urnas.
Al abordar el tema del funcionamiento del Poder Judicial, los autores del documento afirman que hay mucho para mejorar, tanto en sus órganos auxiliares y sistemas de investigación, que puedan garantizar el pleno respeto de los derechos humanos básicos a la vida y a la libertad de las personas. Proponen, además, potenciar legislativamente la capacidad de investigación y de reparación, con la figura del arrepentido y la extinción de dominio. Sostienen que más ambicioso es esperar un Poder Judicial sometido a la ley y no a objetivos de corto plazo de determinados jueces. Las prácticas generalizadas de la prisión preventiva, aun en el caso de ex funcionarios de los que pocos creen en su inocencia, o la teatralización y sus detenciones carecen de un fundamento legal consistente y arriesgan abrir un curso institucional peligroso.
En igual sentido, el texto exige no olvidar que las largas prisiones sin condena son una costumbre naturalizada. Advierten también que no debe ocurrir impunemente que las malas prácticas de investigación destruyan pruebas o distorsionen severamente los resultados del debido proceso.
Respecto del periodismo, la entidad considera muy positivo para la democracia su rol de “cuarto poder”. Por otro lado, duda a veces, como en cualquier país del mundo, de su independencia ante los otros poderes, su objetividad informativa, su veracidad o su autonomía frente al mundo de los negocios. Sin embargo, insiste en recordar que existen reglas universales de autorregulación de la profesión.
El llamado al ejercicio honesto de la política que anida en el documento podría muy bien estar inspirado en una de las máximas de Rousseau: “Los que quieren tratar la política y la moral de forma separada nunca entenderán nada sobre ninguna de las dos”.