El Congreso, ante el desafío de resetearse
Los nuevos legisladores tienen por delante la oportunidad de frenar el péndulo de las políticas públicas y racionalizar sus altos costos
Al Margen de La Semana
Lascomparacionessonodiosas,aunque también útiles. En Noruega la nafta cuesta hoy casi dos dólares (US$ 1,88) el litro, un precio muy alto pese a que la petrolera estatal Statoil es una de las principales productoras y exportadoras de Europa. Con esa renta, el gobierno noruego alimenta desde hace décadas un fondo de pensión que acumula casi un billón de dólares y –además de ser el mayor del mundo– libera de futuras tensiones económicas a los 5,3 millones de habitantes de ese país escandinavo, ya sean trabajadores o jubilados.
la argentina está a años luz de una política de Estado de esas características. En los últimos 70 años hubo movimientos pendulares tan amplios que barrieron con todo atisbo de previsibilidad en la economía, el sector energético, el sistema previsional o la educación pública. las únicas excepciones estuvieron en la legislación laboral, que quedó obsoleta, y en la ausencia de austeridad fiscal, salvo en períodos de crisis.
los resultados fueron igualmente decepcionantes. Tanto como que ahora ocupen bancas en el Senado tres ex presidentes de la Nación del mismo origen partidario y que desde el retorno de la democracia movieron ese péndulo de un extremo al otro: Carlos Menem, impulsor de la convertibilidad y las privatizaciones de los 90; adolfo rodríguez Saá, cuya efímera gestión sólo incluyó el default de fines de 2001 ovacionado en el Congreso, y Cristina Fernández de Kirchner, arquitecta del modelo populista intensivo en gasto discrecional, subsidios, estatizaciones, corrupción, falsificación de estadísticas públicas y de relatos por cadena. Por si fuera poco, el pedido de desafuero de CFK vuelve a demostrar la ambivalencia de los jueces federales, que suelen actuar mucho más tarde que temprano en causas que se dedican a añejar o reactivar espasmódicamente para amoldarse al poder político de turno.
Con este cuadro de deterioro institucional a cuestas (al que tampoco contribuye la actitud testimonial –o facciosa– de varios diputados al prestar juramento), los legisladores oficialistas y opositores que a partir de mañana debutarán en las dos cámaras tienen por delante varios desafíos que podrían transformar en oportunidades.
El más importante es resetear el funcionamiento del Congreso y aportarle más transparencia. Nada más alejado del rol legislativo que la sanción exprés de leyes a libro cerrado, como ocurrió en el segundo mandato de CFK. O la votación, en maratónicas sesiones de madrugada, de proyectos ómnibus o el propio presupuesto nacional.
Dentro de este cambio es clave además pasar a otra categoría de debate, en la que se abandone el comportamiento adolescente de oponerse a cada proyecto sólo con etiquetas o consignas anacrónicas y sin datos ni fundamentos concretos. O el de poner énfasis en la defensa de “derechos adquiridos” (por lo general con el paso del tiempo), sin aclarar que no los pagan quienes los reciben, sino el resto de la sociedad. Cada costo político que se busca evitar eleva el costo económico. De ahí surge buena parte del alto “costo argentino” que resta competitividad a la economía.
Durante los años de superpoderes K, el Congreso avaló aumentos extravagantes del gasto público a cambio de una presión tributaria récord de 38% del PBi. Y, como no alcanzaba para cubrir el déficit fiscal, hubo un “pagadiós” corporizado en la “maquinita” de la Casa de Moneda (y de la imprenta Ciccone, estatizada con trámite exprés en 2012 con amado Boudou al frente del Senado). Con el gradualismo de Mauricio Macri, el gasto sólo baja en subsidios al consumo energético a cambio de mayores tarifas, la presión tributaria en 2 puntos del PBi y el déficit pasó a financiarse mayormente con endeudamiento externo. Sin embargo, los legisladores que ponen el grito en el cielo por la deuda en dólares también suelen actuar como “gastomaníacos”, según la gráfica definición de Juan Carlos de Pablo.
En cambio, pocos en el Congreso se han ocupado de defender el bolsillo de los contribuyentes sin representación corporativa. O de requerir prioridades para el gasto y la inversión en infraestructura, que la Casa rosada suele decidir como un chico dentro de una juguetería. O de reconocer abiertamente que la inflación crónica es el peor impuesto para los más pobres, porque no tienen cómo defenderse.
Una particularidad de la etapa que se abre ahora es que ya se avanzó con la agenda de reformas que el gobierno de Macri acordó con casi todos los gobernadores y, junto con los nuevos bloques del PJ no kirchnerista en Diputados y el Senado, tiene chances de sancionar antes de fin de año; salvo en el terreno laboral, empantanado por la interna de la CGT. De todos modos, esas reformas son apenas la punta del iceberg de todo lo que se necesita cambiar en distintas áreas, con una perspectiva de más largo plazo y paralela a la necesaria corrección de los desequilibrios macroeconómicos.
Otra oportunidad que el Congreso no debería dejar pasar es que la argentina estará en la vidriera de la prensa internacional, desde la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) esta semana en Buenos aires hasta la cumbre de líderes políticos del G-20 dentro de poco menos de un año, pasando por los Juegos Olímpicos de la Juventud a mediados de 2018. Un país “normal” no se refleja sólo en la organización, el tránsito y la seguridad, sino en su mayor o menor previsibilidad.
El reseteo del Congreso debería incluir la revisión y racionalización a futuro de sus propios gastos. Un informe de Cadal revela que el Poder legislativo incorporó 948 empleados desde 2016, con lo cual pasará de un total de 15.248 el año pasado a 16.196 según el presupuesto para el próximo. Una dotación enorme para 329 legisladores nacionales (257 diputados y 72 senadores).
Este aumento promedio de 6% en dos años se eleva al 11% en la Cámara de Diputados con la incorporación de 595 personas y se compensa en el Senado con la reducción de 241 agentes (-4%). Pero en ese mismo período se incrementó el plantel de la Biblioteca (en 113 personas), que –con un total de 1700– había sido denunciado como un escándalo por el propio Macri, y también el de la imprenta (104); la Dirección de ayuda Social (100); la Defensoría del Pueblo (170), aún vacante; la Procuración Penitenciaria (60), y la Defensa del Público de Servicios de Comunicación audiovisual (47). En conjunto, estas reparticiones compartidas por ambas cámaras tendrán el año entrante 4197 empleados, una cifra que equivale al 72% del total de personal del Senado (5779) o al 67,5% de Diputados (6220).
Más que a austeridad, la leve reducción en el Senado obedece a que durante la gestión de Boudou se registró el incremento más inusitado de personal; a tal punto que, por primera vez, la Cámara alta llegó a contar con más empleados (6020) que la de Diputados (5554), entre permanentes y contratados. El trabajo de Cadal subraya además que el mayor aumento de personal se produjo durante los gobiernos kirchneristas, ya que el plantel total pasó de 9587 en 2003 a 15.073 a fin de 2015 (57,2% más), pese a que el número de legisladores no varía desde 1995. De hecho, muchos senadores se convierten en una suerte de pyme por el número de empleados asignados a cada uno sin que ingresen por concurso. Ese número varía entre 10 y 41 personas, según los casos. Más complicado resulta conocer el cuadro de situación en la Cámara de Diputados, que desde hace años no difunde esos datos y por ahora queda al margen de la ley (de acceso a la información pública) votada por el mismo cuerpo.
Nada que ver con el Parlamento unicameral de Suecia, por citar otro país escandinavo con una vara bien alta. allí, los 349 representantes trabajan en oficinas de 22 metros cuadrados, comparten salas de reuniones y asesores designados por cada partido. los ciudadanos pueden consultar por internet los gastos de cada uno, que incluyen viáticos y alquileres reembolsables con topes en cada caso, y ninguno cuenta con secretarios(as) individuales ni auto oficial con chofer.
Durante los años de superpoderes K, el Congreso avaló números extravagantes del gasto público