Denuncian distorsiones en los criterios para fijar costos por incapacidad

Un relevamiento de la UART detectó fuertes diferencias en la justicia laboral

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advirtió ayer que existen “graves distorsiones” en los porcentajes de incapacidad que fijan los peritos de la justicia laboral, lo que no ayuda a presupuestar y previsionar en consecuencia la adecuada cobertura de este tipo de accidentes.

“Para los casos que no pasaron por las comisiones médicas del Sistema de Riesgos del Trabajo, hay 18,2 puntos de incapacidad adicionales a los que marca la aplicación del Baremo [una tabla de cálculo de referencia para los distintos casos], mientras que para los que pasaron por las comisiones médicas hay 15,6 puntos en promedio”, detalló la entidad.

Números muy dispares

La UART, sobre la base de un relevamiento que incluyó 250.000 juicios, sostuvo que en el 73,5% del total de causas en stock ingresadas antes de la vigencia de la nueva ley 27.348 (vigente desde marzo pasado), se observó una marcada diferencia entre lo dictaminado por las administradoras de riesgos del trabajo (ART) y por las comisiones médicas por aplicación de esa tabla de incapacidades de la ley (Baremo) y lo dispuesto finalmente por la Justicia.

Para la UART, los motivos de esta diferencia “son la utilización de tablas diferentes o citación de varias tablas a la vez, sin especificar el criterio ni el uso realizado de ellas”. También denuncia que influye “el sistema de remuneración del perito, que cobra en función del resultado del juicio (a mayor porcentaje de incapacidad, mayor honorario), y una interpretación diferente del Baremo o de los porcentajes máximos que permite esa tabla”.

Para la entidad, “la cifra involucrada en estos desvíos periciales se transforma en astronómica y totalmente poderosa para mantener el statu quo en el quehacer pericial/judicial”, por lo que atenta contra la sustentabilidad del sistema.

Para la entidad empresaria, la ley 27.348 es “una herramienta para bajar la litigiosidad, que todavía sigue siendo elevada, pero somos muchos los que estamos trabajando para que baje”. “Desde el Estado, los empresarios, sindicatos y aseguradoras coincidimos en que la litigiosidad o conflictividad exacerbada no beneficia al trabajador ni a la generación de empleo de calidad; nos afecta a todos”, finalizó.