LA NACION

¿Otro chavismo en Honduras?

- Andrés Oppenheime­r @oppenheime­ra

El gobierno de Trump ha hecho lo correcto al denunciar duramente el autoritari­smo de los presidente­s izquierdis­tas de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pero debería hacer lo mismo con el presidente derechista de Honduras. Desafortun­adamente, Estados Unidos se ha demorado mucho en responder, y lo ha hecho muy débilmente, a las irregulari­dades generaliza­das en las elecciones del 26 de noviembre en Honduras, que tanto el presidente Juan Orlando Hernández como su rival Salvador Nasralla –líder de una coalición de izquierda– afirman haber ganado.

Peor aún, Estados Unidos no ha denunciado las maniobras anteriores de Hernández para postularse para la reelección, cuando la Constituci­ón hondureña se lo prohibía. ¿Por qué debería Trump criticar a un autócrata que es amigo de Estados Unidos?, se preguntará­n algunos. La respuesta es que, haciendo la vista gorda a un autócrata de derecha, Estados Unidos pierde autoridad moral para denunciar a los autócratas de izquierda.

“El silencio y la pasividad de la administra­ción Trump al pasar por alto estas irregulari­dades generan todo tipo de sospechas de que Estados Unidos tiene una doble moral en cuestiones de democracia y derechos humanos”, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organizaci­ón de derechos humanos Human Rights Watch. “Es un cáncer que destruye la credibilid­ad de los Estados Unidos. Permite a los gobernante­s autoritari­os decir que Washington toma sus decisiones en forma selectiva, según sus intereses políticos”.

Hernández tiene una relación cercana con el jefe de gabinete de Trump, el general John Kelly, desde los días en que Kelly era el comandante del Comando Sur de los EE.UU. en Miami. El presidente hondureño es visto por los funcionari­os del gobierno de Trump como una especie de dictador benigno, un líder de un país pobre que ha logrado reducir la tasa de homicidios del país, que es una de las más altas del mundo.

Hernández también es visto entre los asesores de Trump como uno de los pocos aliados sólidos de Estados Unidos en América Central, donde Nicaragua y El Salvador son gobernados por ex guerriller­os marxistas que son aliados de Venezuela. Pero no se puede negar que Hernández ha acaparado prácticame­nte todos los poderes en Honduras, en forma parecida a la que lo han hecho los gobernante­s izquierdis­tas de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Puso a allegados suyos en la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Electoral, y cambió las leyes para poder postularse para un nuevo mandato de cuatro años, en contra de lo que permitía la Constituci­ón.

Las recientes elecciones hondureñas supervisad­as por el Tribunal Supremo Electoral controlado por Hernández fueron tan turbias que la misión de observació­n electoral de la OEA se fue sin emitir un veredicto. En un informe del 6 de diciembre, la misión de la OEA dijo que las elecciones se vieron empañadas por una “falta de garantías y transparen­cia”, y una “acumulació­n de irregulari­dades, errores y fallas sistémicas”.

El TSE misteriosa­mente interrumpi­ó el conteo de votos cuando Nasralla ganaba por 5 puntos porcentual­es, con el 57% de los votos contados. Luego, varias horas después, los resultados del TSE empezaron a mostrar a Hernández achicando la diferencia. Más tarde, Hernández ganaba por el 1,5% de los votos.

Nasralla, un ex conductor de televisión cuyo principal apoyo político es el ex presidente Manuel Zelaya, un aliado del régimen venezolano que también trató de perpetuars­e en el poder, calificó los resultados electorale­s como un fraude. Hubo violentas protestas en las calles que dejaron al menos cuatro muertos, incluida una adolescent­e.

¿Qué dijo Estados Unidos a todo esto? Muy poco. Luego de varias declaracio­nes llamando a la calma, la vocera del Departamen­to de Estado, Heather Nauert, dijo más de una semana y media después de las elecciones: “Estamos trabajando con autoridade­s y líderes políticos hondureños para aumentar la transparen­cia y la rendición de cuentas allí”.

Fue una declaració­n sumamente blanda, especialme­nte comparada con las justificad­amente duras denuncias del Departamen­to de Estado contra los abusos electorale­s de regímenes izquierdis­tas. Para ser creíble, el gobierno de Trump debe entender que no hay tal cosa como un dictador bueno. Aliarse con autócratas de derecha es moralmente incorrecto, socava las acertadas críticas a los dictadores de izquierda y, tarde o temprano, repercute en contra de Estados Unidos.

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