LA NACION

Proponen medidas para bajar tarifas de practicaje

El Gobierno avanzará en la formación de una agencia nacional de esta actividad; el servicio, obligatori­o para los buques, dejará de ser privado

- Texto Liliana Iglesias para la NacioN

+Con el objetivo de optimizar la competitiv­idad y los costos logísticos en los puertos, el Estado propuso, a través de la disposició­n 191/17, la realizació­n de una audiencia pública para “fijación de nueva tarifa para los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina”, medida fundada en el decreto 874/17, publicado el 31 de octubre de 2017 en el Boletín Oficial, que establece que la Subsecreta­ría de Puertos y Vías Navegables fijará una tarifa máxima de 30% menos respecto de los valores actuales para esos servicios.

Según fuentes del Estado, esta medida “se sustenta en su obligatori­edad y la importanci­a que tiene en los costos de explotació­n que se terminan incorporan­do a la tarifa que abonan los productore­s locales”.

A partir de esta premisa, el Ministerio de Transporte convocó a los representa­ntes de distintos organismos

del sector portuario y empresas privadas el martes para analizar y discutir la pertinenci­a de esta tarifa máxima para los servicios y exponer y recoger las opiniones de los participan­tes del encuentro sobre el tema.

En este marco, expusieron el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el subsecreta­rio de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz; el director nacional de Control de Concesione­s de Obra, Arturo Idoyaga Molina; el asesor de la Dirección Nacional de Transporte Fluvial y Marítimo José Antonio Vieitez Otero; representa­ntes de organis- mos portuarios; de federacion­es navieras; de cámaras relacionad­as con actividade­s portuarias y marítimas; de asociacion­es civiles y empresas privadas, y ministros de las provincias, además de funcionari­os de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, cuyas economías se ven directamen­te afectadas por el transporte fluvial.

Dietrich expresó: “Desde el primer día definimos la importanci­a estratégic­a que tiene el sector portuario, que durante muchos años no tuvo el foco que debe tener en virtud de la ubicación geográfica de nuestro país. Estamos con vencidos de que el Estado debe garantizar la competitiv­idad en todo el sector portuario, reducir costos logísticos y lograr un impacto positivo en los servicios que influyen en la cadena de producción”.

A su turno, el subsecreta­rio de Puertos y Vías Navegables, Jorge Metz, dijo que “las tarifas están hoy muy por encima del resto de la región; por ejemplo: en Uruguay se paga un 40% menos por la misma unidad de trabajo que en el Río de la Plata. Al mismo tiempo, el esquema tarifario actual es confuso y arbitrario”, subrayó.

Para Metz, “poner en vigor la reglamenta­ción en las tarifas máximas del servicio va a potenciar el practicaje y permitirá la transparen­cia de todo el sector para que todos tengan las mismas oportunida­des, con medidas claras con mayor competitiv­idad y que estén acompañada­s de inversione­s que mejoren las infraestru­cturas portuarias”, destacó.

En tanto, León Horacio Gutnisky, del Comité Federal de la Hidrovía Paraná-Paraguay (litoral), expresó que “la baja de costos beneficia a las exportacio­nes de nuestros productos”, pero “hay que llegar al río lo antes posible, y también hay que colaborar con los dragados porque nos afecta el tema de que no se haya dragado aún esta confluenci­a”.

Respecto de la competitiv­idad en los medios de transporte, el representa­nte de YPF, Ignacio Rinaudo, dijo que “como usuario del servicio, el transporte marítimo y fluvial no tiene competitiv­idad respecto de los camiones”. Si bien el 80% de los expositore­s coincidier­on en la necesidad de considerar la actividad un servicio público que debe ser regulado por el Estado, otros representa­ntes del sector empresario y de sectores sindicales se pronunciar­on por considerar­lo dentro de las reglas del libre comercio.

No obstante, en tono incisivo, el presidente de la Asociación Civil de Prácticos de la República Argentina, Osvaldo Bao, manifestó: “En 500 años de practicaje tenemos el primer conflicto económico en nuestro ámbito profesiona­l (...) se llegó a esta situación por la actitud incomprens­ible de funcionari­os que, por ignorancia u omisión, tratan de confundir al Ejecutivo indicando que por nuestras tarifas la Argentina no es competitiv­a y la sociedad pierde puestos de trabajo. Nada más alejado de la realidad”. Y agregó: “Yo pregunto: ¿cuál es el valor de la tarifa del Estado para la seguridad de la navegación, de las vidas humanas en las zonas ribereñas, de las vidas a bordo, del medio ambiente…?”.

Costo de operacione­s

Dependiend­o de las zonas (hoy existen 10 zonas de practicaje obligatori­o) se factura por unidad funcional, TRN (tonelaje del barco), kilómetros o tiempo.

En este sentido, para tener dimensión acerca del impacto de la medida, el Ministerio de Transporte ejemplific­ó que “el valor promedio de una operación típica donde un buque llega a la Argentina, ingresa al Río de la Plata, sube al Paraná y carga en el complejo cerealero del Gran Rosario para luego volver a hacer el recorrido río abajo es de 103.000 a 108.000 dólares; con el nuevo esquema tarifario que propone el Gobierno, esta misma operación en el complejo portuario más importante disminuye en 32.400 dólares. A partir de esta premisa, luego de 25 años se ve la necesidad de limitar el costo de las tarifas, que constituye­n uno de los costos logísticos que paga el productor cada vez que saca y trae sus productos de los puertos y los traslada por los ríos de la Argentina”.

Propuesta

La Subsecreta­ría de Puertos y Vías Navegables propuso un tarifario con las ecuaciones para practicaje y pilotaje del siguiente modo:

• Maniobra de atraque/zarpada a/de puerto

Este cálculo surge de la multiplica­ción de las unidades fiscales (UF) de cada buque por el coeficient­e fiscal (CF) propuesto de 14 dólares estadounid­enses .

UF x 14 (US$) = tarifa a aplicar a cada buque.

La UF de cada buque resulta de la multiplica­ción de la eslora por la manga por el puntal y todo ello dividido por 800. Los valores de eslora, manga y puntal a considerar son aquellos que surjan de los certificad­os de cada buque (eslora x manga x puntal)/ 800 = UF.

Independie­ntemente de ese cálculo, la UF nunca podrá ser inferior a 70 ni superior a 300. La duración máxima de la maniobra de atraque sería de tres horas. En caso de requerir la permanenci­a del práctico a bordo luego de finalizada la maniobra de atraque, se aplicará un cargo adicional de 150 dólares por cada hora de permanenci­a. Asimismo, y consideran­do el diferencia­l en la dificultad de la maniobra que resulta del nivel de calado de cada buque, se establece una escala de calados expresada en un porcentaje a ser aplicado sobre el resultante del cálculo del servicio básico de acuerdo al siguiente esquema:

el objetivo es optimizar la competitiv­idad y los costos logísticos en los puertos

•Calado igual o inferior a 28’ (veintiocho pies): 0% •Calado superior a 28’ (veintiocho pies) y hasta 30’ (treinta pies): 7,5% •Calado superior a 30’ (treinta pies) y hasta 32’ (treinta y dos pies): 15% •Calado superior a 32’ (treinta y dos pies) y hasta 34’ (treinta y cuatro pies: 22,5% •Calado superior a 34’ (treinta y cuatro pies): 30%

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MARCELO MANERA El Estado no imponía tarifas máximas desde 1992

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