Los disgustos de acordar con el PJ

El Congreso asistirá hoy a una jornada alborotada. Se discutirá la nueva fórmula para actualizar las jubilaciones. Para el Gobierno, es la clave de bóveda de toda la reforma fiscal. Y la plataforma de un eventual éxito electoral dentro de dos años. Conscientes de esa relevancia, los gobernadores peronistas esperaron esta encrucijada para renegociar los acuerdos que habían alcanzado con el Poder Ejecutivo. Esos mandatarios subieron el precio de su colaboración apalancados en el discurso radicalizado del kirchnerismo. Para los feligreses de la ex presidenta, la modificación previsional ratifica que Mauricio Macri es el ajustador serial que ellos habían postulado mucho antes de que empezara a gobernar.

Esa inflexibilidad condiciona a otros actores. Como las dos CTA dispusieron para hoy un paro con movilización, la CGT lanzó con urgencia una medida de fuerza. En este caso, la indignación vino con demora. Ningún gremialista la había manifestado en las negociaciones laborales con Mario Quintana y Jorge Triaca. La lentitud es tan notoria que, en lo que constituye una innovación internacional, la huelga se realizará cuando la ley ya esté votada. Si no, la central se mantendrá en estado de alerta. “Protestar sin impedir”, sería el eslogan. Es la ancestral capacidad de los hijos de Vandor para hacer oficialismo y oposición al mismo tiempo.

Todo el trámite legislativo desnuda la naturaleza del enfoque gradualista. Es una opción de política económica. Pero mucho antes que eso, es la imposición de un formato de poder. Si quiere atraer inversiones, Macri debe introducir más competitividad en la economía. Para eso debe bajar costos. En especial, dos: el costo fiscal y el costo laboral. El primero obliga a enfrentar a los gobernadores, ya que los principales impuestos se coparticipan. El segundo exige enfrentar a los gremialistas. Gobernadores y gremialistas son, en su enorme mayoría, peronistas. Y aquí está el inconveniente: los cambios que se pretenden no pueden realizarse sin la colaboración del peronismo, ya que Cambiemos está en minoría en ambas cámaras. Quiere decir que Macri debe aprobar sus reformas con el voto de las víctimas de esas reformas.

Esta ley de hierro está vigente desde hace varios días. La confianza en que el peronismo parlamentario se limitaría a protocolizar los pactos de gobernadores y sindicatos con la Casa Rosada resultó ilusoria. El PJ esperó que la discusión llegara al Parlamento, que es donde Macri más depende de él, para volver a discutir las leyes acordadas. Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne se pusieron al frente de una gran mesa de saldos, donde los gobernadores regatearon las últimas ventajas. Algunos, como el oficialista Gerardo Morales, ya habían conseguido que la reasignación presupuestaria que dispuso el Presidente incluyera un crédito de 331 millones de dólares para la planta de energía solar de Caucharí, en Jujuy. La medida dará lugar a controversia. No se conocen proyectos similares que merezcan ese estímulo. Es evidente que ese emprendimiento energético, en el que intervienen capitales chinos, es el preferido de Macri.

El tucumano Juan Manzur, último en llegar, se llevó la eliminación del impuesto para las bebidas azucaradas. Apenas se conoció el cambio, José Alperovich, antecesor y preceptor de Manzur, emitió un tuit en el que se atribuyó la conquista. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Antes de ceder, Frigerio tuvo que consultar a Macri. La lucha contra la obesidad, ligada al consumo de gaseosas, parece ser una cruzada presidencial. Algún ministro y un par de secretarios comenzaron a hacer dieta.

Ayer por la mañana, en la Casa de Gobierno, realizaron los últimos recuentos. Con la colaboración de Diego Bossio y de los gobernadores

Juan Schiaretti (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones), y Juan Urtubey (Salta), Emilio Monzó calculó que ya estaban los votos para sesionar. Esta vez el más difícil de convencer fue Urtubey. Hace una semana, Cambiemos le votó en contra su pacto fiscal en la provincia.

La discusión tributaria demostró que el incentivo más poderoso de los gobernadores es la irreprochable defensa de los productores locales, que, además, son los que pagan las campañas. El oficialismo acertó, entonces, en su estrategia negociadora. Adornó las rebajas de impuestos o eliminación de aportes con medidas que afectaban las economías regionales. La discusión se concentró en estas últimas. El núcleo del paquete fiscal quedó intacto.

Una curiosidad de esta discusión: el gobierno de los CEo sólo respondió al

lobby de los mandatarios provinciales. Las empresas no fueron atendidas. No hay peor astilla que la del mismo palo.

El cambio de la fórmula jubilatoria es la más importante de las pretensiones oficiales. Con él se financiará el resarcimiento a las provincias por la eliminación del Fondo del Conurbano. De allí saldrán también los 65.000 millones de pesos que recibirá María Eugenia Vidal. Esa suma cobija, en parte, el sueño de Macri con la reelección. Estas peculiaridades explican que, si hoy no se aprobara la nueva ecuación, debería anularse toda la reforma tributaria.

A las tormentas que siempre desatan las reformas previsionales en el mundo se agrega la ferocidad del kirchnerismo. Ahora se potencia en el pedido de prisión preventiva para su jefa, que tiene la ventaja de no estar referido a presuntos latrocinios. Además, incorporó en la Cámara baja a dos agitadores legendarios: Leopoldo Moreau y su yerno, Agustín Rossi. Sin embargo, el brazo kirchnerista más potente es el sindical. Las dos CTA arrastraron a la CGT a realizar una protesta. Eso sí: cuando la ley ya esté aprobada. El triunvirato de Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña adoptó, a desgano, la posición conflictiva de los Moyano. También tarde. Porque ayer la familia se ausentó. Hugo logró controlar a Pablo. Por lo menos hasta que se solucione la crisis de oCA.

El otro factor de convulsión fue el conato de disidencia de Elisa Carrió. Cuando la diputada sugirió que podría no votar el cambio jubilatorio, no se puso en crisis su vínculo con Macri. Se puso en crisis el vínculo de Macri con el peronismo. El primero en exaltarse fue Miguel Pichetto, que ya había aprobado la “ley desagradable”. Tiene lógica. El Gobierno no le puede pedir al PJ dialoguista que sea más oficialista que los legisladores de Cambiemos. Carrió aclaró que sólo aceptaría la reforma si el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, lograba convencerla.

Saravia emitió un dictamen y la diputada lo aceptó: hay un derecho adquirido a un haber jubilatorio actualizado, no a una forma de actualización. Según la jurisprudencia de la Corte, explicó, ese ajuste debe asegurar que las pensiones no tengan una divergencia superior al 15% con el salario activo. La Jefatura de Gabinete habría realizado consultas oficiosas en el máximo tribunal para asegurarse que allí comparten estos criterios.

El debate interno con Carrió puso en evidencia algunos errores de procedimiento. Para dialogar con la oposición es mejor tener asegurado el voto propio. Y los dictámenes jurídicos conviene pedirlos antes, no después de iniciar la negociación. Usos y costumbres del deleznable círculo rojo.

Anoche, Macri estaba inquieto con la sesión de hoy. Tal vez no se deba sólo a la densidad de lo que se discute. El calendario volvió a burlarse de su ansiedad. Él había apostado a que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se anunciaría durante la reunión de la oMC, en Buenos Aires. Es lo que se había programado en Davos, en enero. Las negociaciones progresaron como nunca en 22 años. El Mercosur, por primera vez, hizo una propuesta que incluye el 90% de los productos sometidos a intercambio.

Pero los europeos no definieron su oferta. Dijeron que debían consultar con los ministros de Comercio de los países de la Unión. Se calcula que habría un anuncio antes de marzo.

La otra demora ocurrió en la oCDE, una elite de países con estándares económicos e institucionales confiables para la inversión. Contra lo que algunos esperaban, en la reunión de hoy no se aceptará la candidatura de la Argentina ni la de Rumania. “Falta media milla”, dijo un diplomático desde París. Se refería a la aprobación de los Estados Unidos. El principal abogado del país es la España de Rajoy. La novedad, de primera magnitud, podría producirse el 18 de enero.

Demoras del ritual internacional. El otro gradualismo.