Más de una década después, el caso Antonini se encamina a su cierre El juez Yadarola dejó a Claudio Uberti a un paso de ser sobreseído por falta de pruebas; la fiscalía tiene tiempo hasta el martes para presentar un recurso de queja
Diez años, cuatro meses y medio después de que estallara un escándalo hemisférico, el “caso Antonini” enfila hacia su muerte. Una vez más. El juez en lo penal económico Pablo Yadarola rechazó el pedido de la fiscalía y, pese a todo, dejó al ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti a un paso de su sobreseimiento.
Yadarola consideró que la fiscalía no logró acumular las suficientes evidencias durante todos estos años para procesar a Uberti, sospechado de ser el verdadero dueño de la valija con casi US$ 800.000 que llegó de Venezuela el 4 de agosto de 2007 y fue adjudicada al venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson.
La investigación argentina ingresó, así, en un callejón cada día más estrecho, ya que la fiscalía completó todas las medidas de prueba posibles en la Argentina, mientras que Venezuela jamás colaboró con la pesquisa local ni Estados Unidos respondió los exhortos enviados durante el kirchnerismo.
A cargo del fiscal Pablo Turano desde el retiro de María Luz Rivas Diez, la fiscalía dispone ahora hasta el martes para presentar un recurso de queja ante la Cámara del fuero, ya que Yadarola también le rechazó su primer recurso de apelación.
¿Por qué? Porque el fiscal Turano había apelado la resolución de Yadarola, que no hizo más que reafirmar la falta de mérito que había beneficiado a Uberti en julio de 2008, a pesar del largo recorrido del expediente, que llegó hasta la Corte Suprema. Pero el juez le rechazó aquel primer intento por llegar a la Cámara.
“En estas condiciones señaladas, este magistrado no desconoce la gravedad del hecho, materia de juzgamiento ni su trascendencia pública –indicó Yadarola–, pero no puede perderse de vista, de manera alguna, que los juicios criminales sólo resultan constitucionalmente válidos y pueden llevarse adelante mediante la valoración razonable y fundada de elementos de prueba, alejados de toda impresión personal del juzgado”.
Transcurrida una década desde que el vuelo anunciado como Presidencia Argentina arribó a Aeroparque, proveniente de Caracas, qué fue de la vida de cada uno de los protagonistas es una evidencia de cuál podría haber sido su rol en el caso.
Por entonces número uno del Órgano de Contralor de Concesiones Viales (Occovi), donde lo apodaron “el señor de los peajes”, tras su inmediato despido de la función pública, Uberti apareció contadas veces en la prensa. Primero porque pasó a cobrar un salario de una de las empresas de Lázaro Báez; luego, por su rol en la recaudación de campañas; después, por la acusación de un ex empleado sobre su patrimonio, y la última, en febrero de este año, cuando la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento por un caso de corrupción junto al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Un derrotero similar recorrió el otro funcionario argentino que voló en aquel Lear Jet de Royal Class, Exequiel Espinosa, por entonces presidente de Enarsa. Hoy se encuentra procesado en la investigación sobre presuntos sobreprecios en las importaciones de gas natural licuado (GNL), causa por la que Julio De Vido y Roberto Baratta se encuentran detenidos.
Por su parte, tras marcharse de la Argentina, Antonini Wilson se quedó en Florida, donde casi de inmediato contactó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) lo que derivó, en diciembre de 2007, en los arrestos de tres ciudadanos venezolanos y un uruguayo por actuar como agentes del régimen chavista en Estados Unidos que buscaban comprar su silencio. Tres se declararon culpables; el cuarto fue condenado por una Corte Federal. ¿Fue delito?
En Venezuela, en tanto, Diego y Daniel Uzcátegui continúan con sus vidas. El primero retornó a la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, donde volvió a trabajar como director de la presidencia, mientras que su hijo –quien voló con Uberti y Antonini en aquel vuelo– busca conservar su bajo perfil.
Sin embargo, y a pesar de las cerca de 16.000 fojas que acumuló el expediente penal argentino mientras pasó por las manos de tres jueces instructores –además de varios subrogantes de feria–, el último de ellos consideró que ni siquiera está claro que Uberti haya cometido un delito o participado de algún modo en su comisión.
“Si bien provisoriamente nos encontramos ante un hecho presuntamente ilícito –se atajó Yadarola–, los pormenores en que aquel se habría llevado adelante y la dilucidación de sus intervinientes, a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha de su presunta comisión, se encuentran en plena etapa de investigación, a la espera de la recolección de mayores probanzas para su total esclarecimiento”.
En este contexto, ahora será el fiscal Turano quien definirá si presenta el recurso “de queja” ante la Cámara e intenta darle nueva vida al “valija-gate”, o si arrumba la pesquisa hasta su muerte natural por prescripción.