Diciembre se recorre a paso lento

Oficiales de Gendarmería tenían anteayer por la tarde datos inquietantes de inteligencia. Era un pronóstico que no se terminó de cumplir: entre las 16 y las 18 de ese jueves de furia, una segunda oleada de manifestantes que incluía desde barrabravas hasta dirigentes sindicales y militantes de izquierda se sumaría a quienes ya reclamaban contra la ley previsional y se enfrentaban con las fuerzas de seguridad en las puertas del Congreso. No ocurrió: la sesión legislativa se levantó antes. Pero el temor a un recrudecimiento de la violencia explica la magnitud del operativo que, por la tarde, ya con el debate frustrado, Elisa Carrió le cuestionó a Patricia Bullrich. “No se necesita tanto gendarme, la ministra tiene que parar. Se pueden poner sin uniforme”, dijo ante las cámaras de televisión. El de la diputada era más bien un análisis pictórico. Ese es siempre el cuadro que necesita el kirchnerismo para corroborar lo que viene pregonando desde que hacía campaña por Daniel Scioli: que Macri es la encarnación de un ajuste sólo posible mediante la represión.

La jornada terminó con heridos. Los gendarmes, que estaban apostados en cinco sectores del microcentro y se enfrentaron con dirigentes de agrupaciones como Quebracho, detuvieron a varios manifestantes, incluidos integrantes de la hinchada de Chacarita. Carrió, que había pedido en nombre de Cambiemos el levantamiento de la sesión, volvió a intervenir públicamente al anochecer, cuando se opuso desde su cuenta de Twitter a lo que entonces, impedido el debate parlamentario, estaba analizando el Gobierno: promulgar la reforma previsional a través de un decreto de necesidad y urgencia. “Carrió y la Coalición Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”, publicó a las 20.03.

No es la primera vez que la diputada desafía a Macri con una objeción así. Ya lo había hecho por lo menos tres veces: en diciembre de 2015, cuando presentó un proyecto de ley para evitar la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz como nuevos jueces de la Corte Suprema; en agosto de 2016, cuando se opuso a los aumentos en gas porque habían sido aplicados sin audiencia pública y, dos meses después, cuando votó contra una ley de reforma del Ministerio Público que tenía como propósito desplazar a la entonces procuradora, Alejandra Gils Carbó. Esos objetivos de Macri se cumplieron, pero en los tres casos a menor velocidad de la que pretendían los más ansiosos de Cambiemos.

El gradualismo deberá ahora ser también institucional. Por primera vez en muchos años, el camino trazado por Carrió coincide con el de empresarios que, con cierta desilusión, ven dilatarse en el tiempo el paquete de proyectos que entienden sólo como primer paso para la reducción del costo argentino: las reformas laboral, tributaria y previsional. Este sorpresivo desvelo en un sector que no siempre ha tenido resguardo por las formas republicanas obedece más que nada a cálculos de posibles consecuencias: imaginan que un decreto no sólo haría volver a la calle a los violentos sino que, probablemente, recibiría una andanada de reparos judiciales. Empresarios de algunas ramas de la industria automotriz, como la de fabricación de neumáticos, terminaron de sacar esa conclusión ayer, al ver que el levantamiento del paro de la CGT no había alcanzado para apaciguar a los gremios de izquierda, que decidieron de todos modos no ir a trabajar. Como si la inercia de los incidentes del jueves los hubiera dejado ya movilizados para el día siguiente. En Gendarmería evaluaron un escenario similar. Efectivos de esa fuerza aguardaban ayer en el edificio Centinela por turnos, con cascos y chalecos, en posición de “apresto”: listos para salir.

Es cierto que, más allá de la medida de ajuste en sí misma, parte del rechazo que provocó el proyecto de ley previsional en varios sectores había empezado en las propias filas de Cambiemos. Carrió nunca terminó de estar convencida del todo, y eso se traslució en conversaciones que legisladores de otras fuerzas tuvieron con miembros de la Coalición Cívica. Algunos constitucionalistas, como Daniel Sabsay y Félix Loñ, o abogados como Ricardo Monner Sans, plantearon desde el inicio dudas sobre la solidez del proyecto.

Será el destino de Macri: pasos seguros y homologados. La misma razón que lo llevó a derrotar dos veces al kirchnerismo –un rechazo de la sociedad a prácticas altaneras, ineficientes y corruptas– lo obliga ahora a representar la contracara. Sus colaboradores lo llaman “cambio cultural”. Es un mandato que se vuelve más evidente por contraste: en cuestiones de atajos institucionales, el peronismo suele moverse más convencido y casi sin fisuras.

Ese electorado que volvió a respaldarlo en octubre, entre quienes está casi el 100% de los empresarios, estará siempre menos dispuesto a perdonarle deslices a Cambiemos que al PJ. Tal vez porque le exigen más a Macri, pero también porque, después de años de limitarse a acatar órdenes que bajaban desde lo más alto del poder, los dueños del capital han empezado a habituarse a la negociación: el nuevo paradigma ya no condena el lobbying. “Hace unos minutos me confirmaron que no habrá aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas. Este fue uno de los pedidos que hice a los ministros nacionales”, se jactó esta semana en Twitter José Alperovich, senador por Tucumán, que acababa de reunirse con directivos de Coca-Cola, Femsa y Pepsico. Hasta miembros de la Iglesia, cuyo Episcopado es crítico hacia el modo en que el Gobierno manejó la ley previsional, se atrevieron en estos días a alguna sugerencia tributaria. “¿Cómo puede ser que en mi barrio un litro de cerveza cueste menos que un litro de leche?”, llegó a decirle el padre José “Pepe” Di Paola, párroco de villa La Cárcova, al diputado Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Pese a la amabilidad con que se trataron hace un mes, en Nueva York, Macri y el brasileño Carlos Brito, CEO de AB InBev (dueño de Quilmes), la Casa Rosada decidió finalmente incluir en la reforma un aumento de los impuestos internos de la cerveza.

Macri está condicionado por su propia promesa. El proyecto de una nueva Argentina requiere equilibrios difíciles de alcanzar. Bajar el costo laboral, el gasto, la inflación y los impuestos para que un país no dispuesto a hacer el ajuste atraiga inversiones y cree empleo. No endeudarse más de lo aconsejable y sostener, sin tampoco emitir moneda, a más de 7 millones de jubilados que hace diez años eran la mitad. Y, mientras debate estos asuntos, sin excederse, poner orden entre quienes buscan saldarlos por las malas.