investigan a intendentes y gremios kirchneristas por los actos de violencia
El macrismo aportó datos a la Justicia de varios de los protagonistas de los disturbios en la Plaza del Congreso; el Partido Obrero también está en la mira
Los violentos incidentes del lunes pasado en la Plaza del Congreso, durante el tratamiento de la reforma jubilatoria, comenzarán a tener consecuencias judiciales en pocos días. A partir de información suministrada por los gobiernos de la Nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, la Justicia investiga a militantes kirchneristas vinculados a intendentes del conurbano y a gremios. También están bajo la lupa miembros del Partido Obrero (PO).
La investigación ya reunió datos e imágenes de varios de los sospechosos y, según confiaron a la nacion fuentes judiciales y del oficialismo, la causa que instruye el juez Sergio Torres por los delitos de sedición, resistencia a la autoridad e intimidación pública podría tener avances esta semana.
Algunos de los investigados tienen nexos con los intendentes kirchneristas de Ensenada, Mario Secco; de Moreno, Walter Festa, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi. En el caso de los gremios, el más comprometido es la UOM de Quilmes, que conduce Francisco “Barba” Gutiérrez. También se evalúa el rol de grupos de barras bravas.
Luego de la violencia descontrolada del lunes último en el Congreso, el gobierno de Mauricio Macri y los de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires identificaron a decenas de activistas que se enfrentaron en forma violenta con la policía y cuyas imágenes y nombres aportaron a la Justicia. Están vinculados con intendentes y sindicatos kirchneristas, la UOM de Quilmes, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.
Según confiaron a fuentes la nacion judiciales y de las fuerzas de seguridad de la Nación, del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta y del bonaerense de María Eugenia Vidal, la causa que investiga el juez federal Sergio Torres podría tener avances significativos la semana próxima. Está caratulada con los delitos de sedición, resistencia a la autoridad e intimidación pública.
La figura de sedición tiene penas de uno a seis años de prisión (artículos 229 y 230 del Código Penal).
Pero más allá de individualizar a los delincuentes, se investigará un supuesto plan organizado para impedir, mediante la violencia política, que sesionara el Congreso, que debatía la ley de reforma previsional. Se investigará a los jefes de esos partidos políticos u organizaciones.
Para ello se requisaron colectivos, con sus patentes, que transportaban armas blancas, morteros, bengalas, bombas molotov, gomeras, bulones, facas, elementos punzantes y miguelitos. “Venían a una guerra contra la policía”, dicen en el Gobierno.
Los disturbios causaron 160 heridos, entre ellos 88 policías, 68 detenidos, liberados a las 24 horas, y destrozos que costarán $ 26 millones a la Ciudad. La fiscal María Magnano, recibe informes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del secretario porteño del área, Marcelo D’Alessandro, y del ministro bonarense, Cristian Ritondo. También se investiga la participación de barras bravas, pero no hay precisiones.
El Gobierno sospecha que el financiamiento de las movilizaciones fue de intendentes bonarenses kirchneristas, como Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Mario Secco, de Ensenada, y Walter Festa, de Moreno.
También las fuerzas aportaron a la causa de Torres la identificación de un supuesto agresor del periodista Julio Bazán, del canal de noticias TN: es Ignacio Cano; en una imagen de la cuenta de Twitter @ignaciokno9 se lee: “Lo hubiera matado. Yo le abrí la cabeza ese día”. Se investigó y es militante kirchnerista. Se aportan fotos de Twitter donde asoma detrás del periodista en actitud agresiva. Macri se solidarizó anteayer con Bazán y dijo que “no puede alguien que hace un atentado de homicidio ser liberado a las 24 horas”, al tiempo que pidió leyes más duras para impedir las liberaciones inmediatas.
La policía bonaerense aportó al juzgado la foto y el nombre de otro posible agresor, Maximiliano Nicolás Pauluk, con domicilio en Ensenada, trabajador de Telefónica de Argentina, afiliado y delegado del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones (Soeesit La Plata). En una cuenta de la red Instagram a nombre de maxpauluk se descubrió una foto de un cartucho de posta de goma utilizado por la policía con el Congreso de fondo, subida cuatro días atrás.
Otra conexión de la violencia con el kirchnerismo sería la de Lucas Gastón Arraya; sindicado en la causa como hijo de la actual pareja del ex intendente kirchnerista de Lanús Darío Díaz Perez. Fue detenido por resistencia a la autoridad e intimidación pública y luego liberado.
Las policías bonaerense y porteña aportaron a la causa de Torres el dato de que Nadia Secco, hija de Mario Secco, intendente de Ensenada ingresó con politraumatismos en el Hospital Horacio Cestino, de esa localidad. Se investiga si participó de los incidentes con imágenes. Con ella, ingresaron otros heridos que se analizan: Sebastián Zapata, Fabián Romero, Alejandro Taberna, Daniel Nievas y Marcelo Maqnin.
La pesquisa roza a Mariano Stansiola, afiliado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional Quilmes, de cuyo jefe, Francisco “Barba” Gutiérrez, sospecha el Gobierno. Se investiga si actuó en coordinación con intendentes y diputados kirchneritas para hacer caer la sesión en Diputados. Se vio a Stansiola tirando piedras y luego, extrañamente, socorriendo a un policía herido.
“En la primera fila de la foto son todos de la UOM del «Barba» Gutiérrez; su plan era voltear al Gobierno”, dicen en la Casa Rosada. La UOM de La Matanza dijo en un comunicado que Stansiola “es injustamente acusado”, pero las fuerzas de seguridad lo siguen investigando.
Las fuerzas federales también buscan al prófugo Sebastián Romero, del Partido Socialista de los Trabajadores Unidos (PSTU) y del Frente de Izquierda, que atacó a la policía con un mortero casero. El gobierno porteño aportó a la causa una foto de este en una conferencia partidaria junto a Nicolás Del Caño, que lidera el Partido de los Trabajadores Socialistas, y a Néstor Pitrola; jefe del Partido Obrero y del Polo Obrero.
También se incluyeron en el expediente judicial fotos y cuentas de redes sociales del policía bonaerense del comando de la patrulla de Escobar, Damián Ferrero, que tiraba piedras y fue desafectado de la fuerza. En esas redes se manifiesta como militante kirchnerista. “En estos años se usaron las instituciones de seguridad como bolsa de trabajo de militantes”, dicen en Balcarce 50.
La conexión con el Partido Obrero (PO) es inquietante. El juzgado de Torres tiene fotos de un activista identificado como el “Karateca” César Javier Arakaki, que golpeó con un palo en cada mano a un policía de la Ciudad caído en primera fila. Se lo sindicó como militante del PO de Caballito y profesor de Sipalki-do en un gimnasio de ese barrio y supuesto experto en manejo de cuchillos.
En las redes sociales aparece fotografiado junto a Celia Burgueño, también del PO, a la que se identificó como la que rompía un banco de la plaza del Congreso con una maza. En su portal Prensa Obrera, bajó el título “Basta de injurias a Celia Burgueño”, el PO negó que fuera ella la que destrozaba banco, pero los informes en la causa detectaron fotos y videos comprometedores. Se investiga un supuesto posteo en Facebook que amenaza a Macri: “Hay que matar al Presidente, a todos los funcionarios y a todas las fuerzas represivas! Las balas que ustedes tiran les van a volver, forros”.