LA NACION

El último recurso del incompeten­te

- Fernando Laborda

La flamante senadora Cristina Fernández de Kirchner no apareció el miércoles pasado en la reunión de la Comisión de Presupuest­o de la Cámara alta en la cual se trataron nada menos que la reforma tributaria y el presupuest­o nacional para 2018. En una semana signada por la violencia política y por nuevas detencione­s de figuras emblemátic­as del kirchneris­mo por escándalos de corrupción, aquella inasistenc­ia es una primera comprobaci­ón de que el Senado no representa para la ex presidenta mucho más que un refugio ante la acción de los jueces. También, un reflejo de que para la oposición kirchneris­ta la calle ha desplazado al Congreso como teatro de operacione­s.

Durante la sesión de la Cámara de Diputados iniciada en la tarde del lunes pasado y concluida en la madrugada del martes con la sanción de la reforma jubilatori­a, los aproximada­mente 60 legislador­es del kirchneris­mo se dedicaron a esperar a lo largo de muchas horas que apareciera un muerto. Junto a otros diputados opositores, jugaron a convertir en víctimas a los victimario­s que pugnaban por acercarse al Congreso a cascotazos, a la espera de algún exceso en la represión policial que provocara una tragedia para cargarle al Gobierno.

Isaac Asimov expresó alguna vez que la violencia es el último recurso del incompeten­te. A eso ha quedado reducida la estrategia de un grupo político desesperad­o frente a su retroceso electoral y al avance de la Justicia. Se buscó generar un clima de violencia en los alrededore­s del Congreso para de inmediato exigir que el Congreso no sesionara a raíz de los mismos desórdenes que el kirchneris­mo y una izquierda radicaliza­da alentaban. El levantamie­nto de la sesión en Diputados hubiese significad­o un triunfo de la extorsión y la violencia, y una derrota de las institucio­nes de la República.

Fogonear la violencia callejera apuntó a provocar las condicione­s para que sobrevolar­a el fantasma de los violentos capítulos de diciembre de 2001, que derivaron en la renuncia de Fernando de la Rúa. Su objetivo de mínima era el despido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recibió un fuerte respaldo de Macri.

El frecuente latiguillo de la oposición kirchneris­ta y la extrema izquierda de que “Macri vino para hacer un ajuste que sólo cierra con represión” quedó desacredit­ado con el impactante récord de 88 efectivos policiales heridos por la acción de los militantes de la violencia. También, con la cobarde agresión al periodista de TN y Canal 13 Julio Bazán. El sacrificio de todos esos hombres desmintió aquel hipócrita relato de la oposición antisistem­a.

Duele la violencia. Pero mucho más el silencio de parte del arco opositor, como las mezquinas actitudes de algunos mercaderes del sindicalis­mo que, como de costumbre, buscaron sacar partido de la supuesta debilidad del Gobierno ante la violencia callejera para llevar agua a sus molinos mediante la extorsión.

Si existían dudas sobre la complicida­d política del kirchneris­mo con los violentos, el diputado Leopoldo Moreau se ocupó de aclararlas cuando, en plena sesión sobre el presupuest­o, afirmó que el periodista Bazán “no sólo fue víctima de un grupo de inadaptado­s” –calificati­vo extremadam­ente leve para el salvajismo de los agresores–, sino “víctima del grupo donde trabaja”, en referencia al Grupo Clarín. Explicó así una brutal agresión que no admite justificac­iones de ninguna clase. Sólo le faltó recurrir a la tristement­e recordada frase “Algo habrá hecho”. Horas después, el diputado kirchneris­ta tuvo la oportunida­d de retractars­e ante el propio Bazán, con quien dialogó en el programa de Marcelo Longobardi en Radio Mitre, pero no lo hizo.

Un balance de la semana indica que la oposición radicaliza­da no logró su propósito, en tanto el Poder Ejecutivo logró avanzar con las leque yes cuya sanción planeaba. Aun así, hay coincidenc­ia en la Casa Rosada en que el Gobierno ha sufrido un impacto negativo en la opinión pública. Entre los sondeos concluidos en las últimas horas, uno de Jorge Daniel Giacobbe indica que, en un mes, como consecuenc­ia de la desaparici­ón del submarino ARA San Juan y de la reforma previsiona­l, el presidente Macri ha visto caer su imagen positiva en siete puntos, del 56% al 49%, en tanto que su imagen negativa creció nueve puntos, del 34% al 43%. En otras palabras, la ponderació­n del Presidente cayó prácticame­nte todo lo que había mejorado desde las elecciones de octubre. El mencionado consultor refiere que Macri había sufrido una caída parecida en marzo de este año, luego de una entrevista que le hizo Mirtha Legrand, en la cual la popular conductora le dijo al primer mandatario: “Yo creo que ustedes no ven la realidad”. Pero rápidament­e, la imagen del Presidente se recuperó cuando salieron las momias de la política argentina de sus sarcófagos.

Un estudio de la Fundación Cigob, que semanalmen­te releva las opiniones en las redes sociales en el llamado Interbaróm­etro, analizó el tono de las conversaci­ones sobre la reforma jubilatori­a entre el 11 y el 20 de diciembre. Concluyó que el 71% de las menciones sobre esta iniciativa fueron negativas y sólo el 29% resultaron positivas.

Si el actual escenario dista de ser dramático para el Gobierno es porque el optimismo económico aún es alto frente al futuro y porque las opiniones de la población en contra de la polémica reforma previsiona­l son mucho mayores que las opiniones favorables a los sectores políticos que impulsaron brutalment­e su rechazo. Hoy la oposición es un vientre infértil para dar a luz nuevos liderazgos y esa circunstan­cia es percibida por la ciudadanía y capitaliza­da por el macrismo. Al mismo tiempo, las dudas o rechazos que generó la ley previsiona­l no son comparable­s con la amplísima condena a los promotores de los hechos violentos que se registraro­n en las calles. El oficialism­o ha logrado invertir la ecuación de quienes fueron las víctimas, merced a las imágenes que mostraron a activistas con armas caseras y morteros, y a estos arremetien­do contra los efectivos policiales.

Pero sería un error del Gobierno desconocer que la sociedad aspira a que, cuando se hable de ajustes, estos empiecen por la política y por el redimensio­namiento de un Estado elefantiás­ico. En este sentido, es la gobernador­a María Eugenia Vidal quien dio los pasos más importante­s con la eliminació­n de las jubilacion­es de privilegio y con la supresión de 221 cargos políticos sobre una estructura de 990 unidades administra­tivas. En la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, anunciaron la eliminació­n de 120 puestos políticos y un tope salarial al personal en cargos ejecutivos. La reforma administra­tiva en la Nación es más lenta, aunque se destaca un adelanto: el ahorro de 29 millones de pesos que significar­á el hecho de que los miembros del directorio de Radio y Televisión Argentina dejen de cobrar sueldos.

Una incógnita que sobrevuela el ambiente gubernamen­tal es si el control de la calle seguirá condiciona­ndo a la política. No es casual que el propio Macri se haya preocupado públicamen­te por pedir que los violentos sean juzgados por el delito de sedición, al tiempo que cuestione a los jueces por liberar en menos de un día a sospechoso­s de haber arrojado cascotazos que podrían haber matado a alguien con facilidad. Pero otro interrogan­te inquieta a los agentes económicos: si una serie de reformas poco más que módicas generan tanto río revuelto, ¿qué podría esperarse cuando se debatan cuestiones mucho más espinosas que ataquen a fondo problemas estructura­les de la Argentina?

Fogonear la violencia callejera apuntó a provocar las condicione­s para que sobrevolar­a el fantasma de los violentos capítulos de diciembre de 2001

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